Diario de Valladolid

EDITORIAL

La sanidad se dedica a la vida, pero no a adoctrinar

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CUALQUIER PARTIDO político tiene derecho a defender sus ideas y convicciones ideológicas, siempre que estas sean acordes al marco de convivencia que rige el Estado de Derecho. El aborto es un derecho, que compete esencialmente a la mujer, que es quien tiene que afrontarlo en su cuerpo y su conciencia. Es un derecho además regulado por ley. Es un derecho en el que han dado pasos adelante las sociedades avanzadas. Y se puede estar en desacuerdo por motivos morales, éticos o religiosos. En eso también rige la liberad que ampara el Estado de Derecho.

En cualquier caso, cualquier debate ideológico de esa índole no debe recalar en las instituciones, que no deben regir sus acciones, protocolos o como les quieran llamar por un motivo ideológico. La Ley está por encima de todo eso. El marco de cualquier debate de este tipo está en los partidos políticos, en los colectivos, en las campañas electorales y hasta en los parlamentos, pero no en los gobiernos. Los gobiernos deben regirse por la ley y la norma. Y no reza en ninguna parte de nuestro ordenamiento jurídico que los servicios públicos que pagan todos los ciudadanos, sean cuales sean sus condiciones ideológicas o militancias, puedan albergar ninguna connotación ideológica en la práctica de su actividad. Y menos que ningún servicio público, el sanitario, que está exclusivamente para velar por la seguridad de la gente.

Es un error de calado que no puede volver a repetirse generar una polémica y una alteración con la aplicación de un nuevo marco de medidas que sólo pueden estar encaminadas a velar por la salud de una mujer durante el embarazo. Es un error ya de concepto denominarlo acción o protocolo «provida» porque se supone que es innato al sistema sanitario la protección y el cuidado de la vida. Pero si con esa denominación se pretende demonizar a quien opte por una interrupción voluntaria del embarazo en el marco de la legislación el asunto no puede resultar por menos que aterrador. Por eso es esencial que el lenguaje, los conceptos y la denominaciones que usen los políticos estén desprovistas de acepciones ideológicas.

Se mejora el marco y los protocolos sanitarios, además de ofrecer más medios en la atención a las embarazadas. No sólo no es criticable, sino que es elogiable. Por eso no se entiende que la Junta haya tardado 24 horas es aclarar un asunto que ha puesto a Castilla y León nuevamente en el ojo del huracán.

La apuesta por la vida es diaria y constante en la Sanidad de Castilla y León. Y no ha venido nadie a inventarla porque eso sería tanto como despreciar a sus profesionales, esos que se dejan el pellejo día a día para cuidarnos.

Si alguien está en desacuerdo con la Ley del Aborto tiene la legítima opción de ir a las elecciones y conseguir una mayoría absoluta con la que intentar cambiarla. Pero no está legitimado para servirse de una consulta de ginecología para implantar sus postulados ideológicos ni adoctrinar a ninguna mujer, y menos a vilipendiarla u ofenderla.

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