Disposición en Soria

DISPOSICIÓN en Soria nunca falta, al menos por parte de los sorianos, pero la disposición de fuera hacia los ciudadanos de la provincia castellano y leonesa no ha sido demasiada a lo largo de la historia reciente. Ahora que el antiguo territorio celtíbero necesita ayuda para no caer como la Numancia sitiada por los romanos, que hoy en día pueden estar representados por la despoblación, que es la que asedia y desangra Soria en la actualidad, la palabra disposición se está convirtiendo en protagonista. Porque hubo una disposición, adicional, en la ley de presupuestos generales de 2022. Entonces se incluyó, parece que en el último momento, una promesa vaga de lo que se conoce como fiscalidad diferenciada y que son las ayudas de funcionamiento a las empresas autorizadas por la Unión Europea. Aquella disposición adicional anunciaba el «máximo aprovechamiento» de lo permitido por Bruselas para Soria, Cuenca y Teruel por ser territorios con una densidad de población por debajo de los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado (en Soria son menos de 9). El máximo supone, hay que insistir en ello, el 20% de los costes laborales de una empresa. Coste laboral, no el de las cuotas a la Seguridad Social, que se está generando confusión. Es decir, que la UE permite que si una empresa tiene que pagar entre salarios y cotizaciones sociales 100, el Estado puede aportar una ayuda directa de 20. Quizá aprovechando la buena disposición de los sorianos, el presupuesto de 2022 va muriendo sin avances al respecto y en el proyecto de 2023 no se dice nada de la fiscalidad diferenciada. No hace falta, se justificó, porque ya estaba en 2022 y Pedro Sánchez anunció las medidas para Soria, Cuenca y Teruel. Pero ahora el propio PSOE propone una enmienda para 2023 y quiere añadir una disposición adicional que refleja lo anunciado por Sánchez y el ministro José Luis Escrivá. Descuentos en la cotización de las empresas por contingencias comunes a la Seguridad Social que van del 5% para los contratos indefinidos que hay en la actualidad al 15 en los nuevos, que se convierte en el 20 si son empresas asentadas en municipios de menos de 1.000 habitantes, más una ayuda para los autónomos. Lo conocido; pero está bien que se ponga en papel, aunque siga sin aclararse lo de la retroactividad, que se prometió para 2022 y de la que Escrivá no quiere saber nada. Una nueva disposición, pero que no es total disposición  o de «máximo aprovechamiento» como se dijo, ya que no alcanza al 1% del coste laboral de las empresas con los contratos actuales.