Valores ante una estanflación
No es la primera vez que decimos que es urgente y perentorio realizar reformas ante las situaciones que estamos padeciendo, pero el Gobierno llega siempre tarde con planes de dudosa credibilidad y utilidad. Y es que esta semana pasada el Banco Central Europeo ha tenido que tomar medidas de emergencia, ante la falta de previsión del Gobierno de España, para que la desconfianza de los inversores se consiguiese mitigar y evitar su alza.
Hoy nuestra deuda pública asciende al 117% del PIB, aunque el Banco de España ya ha vaticinado que se puede elevar hasta el 140% dada la ausencia de reformas estructurales a nivel fiscal, como es el caso de la pretendida reforma de las pensiones: tarde e insuficiente.
¿Y todo esto en qué repercute directamente en el ciudadano? No hay que olvidar que las economías familiares son las encargadas de que el engranaje de la economía funcione y, ante su desconfianza y futuro parco, se les debe dotar de acciones encaminadas a vislumbrar una senda de crecimiento. Los bolsillos de los ahorradores llevan sufriendo durante meses la tan gravosa inflación, que comenzó como algo coyuntural, pero se ha convertido en un verdadero problema estructural al que hacer frente, con precios disparados sobre todo en carburantes y energía.
Pero la presión inflacionista corre el riesgo de llevar a una estanflación: alza de los precios y estancamiento del crecimiento económico, algo de lo que ya ha alertado el Banco Mundial. Para tratar de evitar este fenómeno, desde los reguladores se están realizando medidas drásticas que afectan a inversores y consumidores: desde EEUU a través de la Fed que ha aumentado los tipos de interés en 0,75 puntos, la mayor subida desde hace casi treinta años; hasta el BCE con su pretensión de contener las primas de riesgo, sobre todo del sur europeo, a través de reinversión de los bonos comprados en pandemia.
Y con todo ello, ¿dónde quedan las medidas del Ejecutivo español? Las acciones van encaminadas a ‘poner parches’ y no a arreglar el ‘pinchazo’, cuyos destinarios no notan realmente sus efectos. Y otra vez un ‘tirón de orejas’ por parte del Fondo Monetario Internacional, que ha advertido que la lucha contra la inflación debe dirigirse, especialmente, a los más vulnerables, evitando la confección de medidas generalistas y los topes en los precios. Es a través de la política fiscal el medio para conseguir un equilibrio y progreso que permita mitigar las nefastas consecuencias inflacionarias que se derivan de una tardía toma en consideración de la realidad postpandemia y ahora, lamentablemente, beligerante con la guerra en Ucrania.
España está en el punto de mira del BCE, el FMI o la Airef, que ya han pedido revisar la estrategia fiscal de España, pero ¿qué están haciendo otros países? Intentar que sus acciones tengan como destinatarios reales a los más vulnerables, que es lo que los reguladores y autoridades fiscales están manteniendo. En Alemania se ha aprobado un pago único a las familias vulnerables de 100€ por niño; en Polonia prestaciones en función de los recursos para los hogares más pobres o en Letonia ayudas mensuales para personas mayores y discapacitadas, todas al objeto de amortiguar las subidas de precios generalizadas y el impacto del coste de las energías.
Lamentablemente hemos llegado tarde. Las rebajas en las previsiones de crecimiento anunciaban el escenario que ahora vivimos en donde el riesgo de una estanflación es cada vez más creíble y certero, y con un Gobierno que ha preferido ir tomando decisiones según iban llegando los problemas, en vez de adelantarse a ellos cuando ya se disponía de la información suficiente para ello.
Por lo tanto, es necesario que el sentido común reine en la toma de decisiones y que las políticas que se lleven a cabo tengan como destino la protección y el beneficio de los ciudadanos, verdadero motor de la economía, dejando al margen propagandas políticas y mediáticas que no llevan a ninguna parte, tan sólo a la desesperación y a la incertidumbre en unos momentos en donde la responsabilidad, la solidaridad y la humildad son valores que deben sustentar la acción de todos los actores que intervienen en la gestión de los recursos, tanto públicos como privados, y en donde la eficacia y la eficiencia ‘brillan por su ausencia’.