Un agosto de agobio familiar
Agosto ha pasado y nos ha dejado datos que tendrán consecuencias en los próximos meses; datos que, por otro lado, acrecientan la temida ‘cuesta de septiembre’. La inflación de la Eurozona ha subido un 3% en el pasado mes, marcando un pico máximo desde el año 2011, cuestión que se debe al aumento del 15,4% del precio de la energía, principalmente, aunque también influyen otras variables como son los alimentos frescos, con una subida interanual del 2,9% o de los servicios, que se han encarecido un 1,1% desde el 0,9% del mes de julio, algo que se está notando en todos los hogares.
Este proceso económico se produce dado el desequilibrio existente entre la producción y la demanda, lo que hace que los precios de los bienes y servicios aumenten de forma continua, provocando, por otro lado, una devaluación del dinero a la hora de disfrutar de ellos. Los estudios confirman que, en el caso de España, la tasa de inflación interanual armonizada se ha incrementado hasta el 3,3% en agosto, superando el 2,9% del mes de julio, aunque la mayor subida la encontramos en Estonia, con un incremento del 5% a diferencia de Malta, que solo ha experimentado un crecimiento del 0,3%.
Sin duda este repunte de la inflación puede considerarse de ‘inesperado’, pues ha roto la previsión del gasto en pensiones, ya que, de mantenerse esta tendencia durante el resto del año, actualizar las pensiones podría acarrear un gasto de 4.700 millones de euros más. También este fenómeno ha empujado al alza salarios y alquileres, por lo que se plantea necesario revisar las condiciones del Salario Mínimo Interprofesional de cara a que las familias puedan seguir consumiendo.
Todo apunta a que la subida del 3% del IPC ya no puede tacharse de coyuntural, por lo que estamos ante un problema de carácter estructural para los próximos meses del año, por ello es importante que, tras el parón de verano, desde el Gobierno se armonicen políticas que permitan continuar en la senda de crecimiento económico, dotando de instrumentos necesarios a consumidores y productores. Ante estos hechos, las previsiones adelantan que las economías familiares se enfrentan a un aumento de los precios, pero también a una desvaloración de su poder adquisitivo sin margen de maniobra para poder reaccionar de una manera compensatoria, algo que reside concretamente en el plano sociolaboral, ya que el ahorro acumulado durante los meses duros de confinamiento de 2020 no es suficiente para amortiguar la caída de la renta real. Bien es cierto que determinadas políticas en materia laboral, como la puesta en marcha de los ERTE, las exenciones a las cotizaciones o las ayudas directas, han evitado que la renta se desplome como en otras crisis.
Además, este aumento exponencial de los precios ha empañado la subida pactada del 1,56% de los salarios, teniendo un efecto directo sobre los bolsillos de los españoles, algo que debe hacer pensar fríamente al Gobierno para tomar decisiones que permitan poner coto a esta inflación, como es la de abordar una nueva reforma de los precios y tarifas de la luz, que ha batido ocho records históricos en un solo mes. Estos datos traen causa de la excesiva dependencia de nuestro país al gas o el carbón, donde su cotización internacional de precios hace tambalear el coste del megavatio en nuestro país.
Cuestión diferente es la que presentan otros países, como Alemania o Francia, respecto del coste de la electricidad, ya que son lugares donde sus propias centrales nucleares producen la mayor parte de la electricidad que consumen o el cabrón es la principal fuente de energía, apostando cada vez más y a su vez por las energías renovables, lo que hace que esa dependencia que en España existe en estos países vecinos de la zona euro sea prácticamente nula o muy limitada.
Las reformas que se acometan en este sentido para afrontar el futuro con optimismo y mantener el carácter coyuntural y temporal de estos datos deben hacerse contando con sindicatos, patronal y todos los agentes implicados para que el ritmo de la economía siga permitiendo que las economías familiares consuman, sin notar de una manera drástica una pérdida real de su poder adquisitivo y de sus ahorros, debido a la carestía de los precios de los productos básicos, los bienes o servicios, como la electricidad, que está provocando un tsunami en el presupuesto familiar.