El desconcierto ya es total
EL GOBIERNO de España está muy pendiente de las elecciones catalanas, con el ministro Salvador Illa como ariete electoral pero todavía en su despacho del Ministerio de Sanidad. Así que los comicios catalanes nos influyen más que nunca, porque da la sensación de que las actuaciones de Sanidad en relación a la pandemia quedan condicionadas por las estrategias electorales. Hubiera sido distinto, al menos en apariencia, si Illa hubiera dejado el cargo, pero las cosas son como son.
Además, este factor, condiciona las difíciles relaciones con las Comunidades Autónomas, en las que por cierto tampoco hay unidad de criterio, con algunas de ellas, como Castilla y León, presionando al Ejecutivo de Pedro Sánchez para que tome o permita adoptar restricciones más duras para contener una tercera ola que amenaza con dejar en marejadilla a las anteriores.
La Junta de Castilla y León ha pedido el confinamiento domiciliario, uno «breve e intenso», como dijo la consejera Verónica Casado, al igual que otras regiones españolas y el Gobierno no está por la labor, como tampoco parece que esté muy dispuesto a volver al Congreso de los Diputados para modificar el decreto de estado de alarma, que para eso lo aprobó para seis meses. La impotencia de las Comunidades amenaza con crear un desbarajuste aún mayor.
Castilla y León ha decretado un toque de queda desde las ocho de la tarde a partir de hoy y el Ministerio de Sanidad dice que eso no es legal. ¿Y a qué se atiene el ciudadano? Pues a lo que le dicte su conciencia, porque el desconcierto ya es total. Si uno lee el decreto del estado de alarma publicado en el BOE del 25 de octubre del año pasado, la cosa parece clara, porque el artículo 5 no ofrece dudas: toque de queda desde la 11 de la noche que la autoridad competente delegada, en su ámbito territorial, podrá adelantar a las 22.00 horas o retrasar a las 00.00 horas. Pero la Junta se basa en el artículo 10, que permite la «flexibilización y suspensión de las limitaciones», para poner el toque de queda a las 20 horas, aunque ese artículo 10 cita expresamente otros con contenido modificable, entre los que no está el 5, el del toque de queda.
Tal vez tenga que decidir un juez, pero qué hace mientras el ciudadano o quién va a obligar a cumplir lo que diga la Junta si el Gobierno afirma otra cosa. Aparentemente, la cuestión no es tanto jurídica como de lucha política, pero lo malo es que en esa confrontación, legítima y en este caso impulsada desde Castilla y León con el afán de parar el virus, deja de nuevo en medio a un ciudadano cada vez más perplejo y más desencantado con la política.