Aún estamos a tiempo

ES INDUDABLE que Castilla y León, a pesar de ser la Comunidad Autónoma más extensa España, es la que pierde población a un ritmo más rápido. Las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) ponen de manifiesto que su población ha descendido ininterrumpidamente año tras año, hasta llegar a perder 16.637 habitantes en el último año, cebándose no sólo en el ámbito rural, sino también en núcleos de población con servicios e industria que se ven incapaces de fijar a la población. Si atendemos a la demografía, los bajos datos de natalidad, la creciente mortalidad por el envejecimiento de la población y el saldo migratorio negativo ponen a la región en el peor de los escenarios.

Dicho de otra forma: nuestra Comunidad se desangra y si no cambian las tendencias actualmente vigentes, esta caída demográfica se va a mantener a un ritmo similar en los próximos años.

Castilla y León necesita, por tanto, un impulso empresarial, racionalizando, con voluntad política, el sistema impositivo o la contención del gasto público para complementar las reformas estructurales ya llevadas a cabo en el mercado de trabajo. Lógicamente, todo ello nutrido de un fluido sistema financiero que apueste por proyectos empresariales.

La Región tiene recursos y todo un gran potencial, pero hay que avanzar de forma más intensa hacia la consecución de un sector industrial fuerte y competitivo, que ayude a frenar esta sangría, y apostar de forma decidida para todas las empresas puedan ser partícipes de la industria 4.0. en la medida de sus necesidades.

Esto es, Castilla y León debe ser un territorio más proclive a la inversión empresarial, capaz de atraerla y retenerla, con el fin de que se dote de nuevas actividades y se integren nuevos modelos de producción sostenibles e innovadores, portadores de talento, de desarrollo científico y tecnológico.

No podemos permitirnos el permanente éxodo de población joven en general, especialmente titulados y trabajadores cualificados, que empobrece la Comunidad. Además, es una realidad que la pérdida de profesionales de la agricultura y de la ganadería no cesa, puesto que el 50% de la población activa del campo tiene más de 50 años y los de menor edad no ven futuro en él.

Estamos a tiempo de recuperar el medio rural, con un nuevo modelo agrícola, impulsando políticas de promoción empresarial, con especial atención a la creación y desarrollo de industrias agroalimentarias, y trabajando para conseguir que el valor de los productos añadidos se quede en la Región. No podemos olvidar el importante papel de la industria agroalimentaria en la región, cuya reorientación a la calidad y la exportación (como ocurre en los Países Bajos) aportaría valor añadido a la producción que se reflejaría en aumento de empleo, valor de marca y balanza comercial positiva.

Igual de importante es promocionar el empleo de los jóvenes y las mujeres del ámbito rural, fomentando su formación y la innovación, y, en el capítulo de digitalización, fomentar el uso de las nuevas tecnologías, con un correcto acceso a internet. Sin duda, las políticas de desarrollo regional deben contemplar la transformación digital de las empresas rurales como un aspecto esencial para su modernización y adaptación a los mercados.

Castilla y León debe aprovechar, además, sus recursos naturales y endógenos –minerales, metales, productos micológicos y forestales…– cuyo aprovechamiento ha sido importante, pero que aún se ha de impulsar, al ser estos también motores de actividad empresarial especialmente en las zonas rurales, ejerciendo así un papel fundamental en la fijación de población en estas áreas.

Nuestra Comunidad también es líder en producción energética, aunque aún debe bascular hacia un mix energético donde convivan todo tipo de energías. Por ello, es fundamental, para ayudar a fijar población, que la minería energética, la energía hidráulica, las energías renovables, así como la exploración y aprovechamiento de gas natural no convencional sean potenciadas y, sobre todo, contar con un marco jurídico estable. En el marco del Diálogo Social, se han planteado propuestas en relación al impulso a las energías renovables, mejorando las ayudas para inversión por parte de empresas, agricultores y ganaderos, y promover el autoconsumo compartido. En cuanto al ahorro y eficiencia energética, se promoverán mejoras en las desgravaciones fiscales y se impulsarán redes de calor.

Por otra parte, la industria vinculada al turismo, tanto cultural como gastronómico, es otro de los sectores con mayor potencial de crecimiento y creación de empleo en el medio rural. Tiene un gran potencial de desarrollo de nuevas oportunidades de negocio, como muestra su favorable trayectoria y su capacidad de innovación y adaptación a un mercado cada vez más exigente, donde el despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones y transporte ayude a potenciar este sector.

Todo este elenco de oportunidades y aquellas que por no ser demasiado exhaustiva no he detallado minuciosamente, imprimen una importante e interesante proyección a futuro a Castilla y León, pero que debe ser arropado por un entorno más favorable, como decía, a la inversión empresarial, unido a una mejora en comunicaciones que ayude a florecer nuevos negocios y un abaratamiento del coste del suelo.

Se necesita, además, seguir avanzando en la simplificación administrativa y normativa que afecte a la actividad empresarial, facilitando, y no fiscalizando, la puesta en marcha de nuevos proyectos, ayudando a los emprendedores a cumplir con las normas y aportando soluciones, siempre teniendo en cuenta la realidad de los municipios más pequeños, en los que no tiene sentido exigir los mismos requisitos que en los más grandes.

Y, cómo no, es necesaria una política de vivienda, que debería contemplar actuaciones que incentivaran medidas que lleven a la adecuación de las viviendas existentes en las poblaciones a unas cualidades de confort, eficiencia energética, habitabilidad y con acceso a las nuevas tecnologías, de modo que faciliten el asentamiento de las personas jóvenes en sus lugares de residencia habituales. Medidas, por tanto, que se podrían enmarcar dentro de las actuaciones de rehabilitación existentes, regulando el acceso a las mismas, así como incrementando en buena medida las dotaciones económicas de estos programas.

Hablando de medidas que ayuden a fijar población, me gustaría destacar también el recién firmado acuerdo del Diálogo Social, en materia de empleabilidad de los jóvenes, sobre los que recae la responsabilidad del futuro de nuestra Comunidad. Es esencial trabajar en la atracción y retención del talento joven, para favorecer la permanencia de jóvenes en nuestra Comunidad una vez completada su formación, junto al regreso de los que salieron durante la crisis e incluso de jóvenes procedentes de otros territorios. Por ello, es fundamental, junto a las ayudas económicas específicas al retorno, la creación de un entorno que favorezca el emprendimiento, la creación de empresas y, como no, un mayor esfuerzo para retener a las ya existentes. Este es un pilar fundamental para combatir la tendencia demográfica negativa que, al igual que muchas otras regiones occidentales, padece nuestra Comunidad.

En los últimos meses, hablamos constantemente de un plan contra la despoblación, pero el tiempo pasa rápido y no llega. Todos tenemos que remar en la misma dirección, sin diferenciar colores ni partidos, y trabajar para que la despoblación sea objetivo principal en la estrategia en Europa así como en el reparto de fondos dentro del Estado, centrándonos en aquellos territorios que en peor situación se encuentran.

Aún estamos a tiempo. Llevamos mucho tiempo disertando sobre cómo afrontar el reto de la despoblación y se han hecho cosas, pero no las suficientes. La solución debe ser práctica, y pasa, como he querido reflejar en estas líneas, por generar más riqueza, por industrializar y por contar con más empresas. Y todo, desde una acción coordinada. Como decía, no tenemos que inventar. Castilla y León tiene la materia prima, pero necesita un modelo de desarrollo territorial holístico y a largo plazo.