Ayudas sin control

DEMOLEDOR. Sólo así puede calificarse el informe del grupo de delincuencia económica de la brigada de la policía judicial de Valladolid, en el que se desvela el entramado de cuentas creado en Asaja Valladolid durante la presidencia de Lino Rodríguez.

Una maquinaria financiera con la que se camuflaron los casi siete millones de euros que el sindicato agrario recibió de diferentes administraciones para unos cursos que, a decir de la policía judicial, nunca se llegaron a realizar.

Bueno, además de demoledor también resulta clarividente sobre una forma de actuar que evidencia la caradura de algunos para llevárselo puesto y el descontrol de todos, para evitar que eso sucediera.

¿Cómo es posible que nadie se preocupara de cómo y para qué se empleaban millones de euros de fondos públicos? ¿Cómo puede ser que nadie controlora a Lino Rodríguez y que este sujeto pudiera hacer de su capa un sayo?

Millones y millones de subvenciones, que se movían de una sociedad a otra y que servían para pagar gastos personales, viajes y compras por doquier, incluso en el extranjero, con visas oro y business.

La justicia tiene que actuar y tiene que hacerlo ya y con rapidez para sentar en el banquillo a todos aquellos sobre los que existan las evidencias suficientes de haberse lucrado con el dinero de todos. Pero las administraciones, aquellas que tenían la obligación de controlar a sujetos como Lino Rodríguez, a quienes entregaban suculentas subvenciones, dinero público que salía del bolsillo de todos, que ahora la investigación viene a evidenciar que lo utilizó en su beneficio propio y para su lucro personal, no pueden mirar para otro lado como si nada de esto fuera con ellas.

Si finalmente los jueces demuestran lo que vienen a recoger los informes policiales se evidenciará que hubo un tiempo de opulencia, en el que las administraciones repartían y repartían ayudas públicas sin el más mínimo control, que algunos caraduras emplearon para su beneficio propio y no para el de la sociedad y los asociados, agricultores y ganaderos en este caso, a los que representaban.

El problema está en saber si todo aquello se ha corregido, si ahora desde las administraciones sí que vigilan lo que dan, a quién se lo dan y para qué se lo dan. Les apuesto a que no. Al tiempo.