Hay que garantizar pensiones mínimas dignas a los jubilados
EL PROCESO de empobrecimiento de los jubilados con las pensiones más bajas es una realidad que tiende a agudizarse. Que la mitad de los pensionistas de Castilla y León cobren por debajo del salario mínimo interprofesional de 707 euros mensuales es una realidad que forma parte de una tendencia de deterioro de los ingresos de las personas mayores durante la crisis. Yeso que muchos de éstos han sido parte del sustento de numerosas familias que en estos años de recesión se han convertido en auténticos excluidos del Estado del Bienestar.
Las marchas por unas pensiones dignas, convocadas por los sindicatos, pretenden llamar la atención por el presente y el futuro de los pensionistas.
La devaluación salarial de los últimos años ha contribuido a deteriorar las pensiones y a elevar el déficit de la Seguridad Social. Ese deterioro ha ido acompañado de una pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas, más agudizado en las pensiones más bajas, que son las más implantadas en Castilla y León.
Se puede decir que hoy conviven dos velocidades en el ámbito de las pensiones, además de la existencia de una creciente brecha entre comunidades autónomas donde el mayor peso industrial y de parte del sector servicios de algunas amplían la horquilla existente.
Se trata de desequilibrio más y en aumento en un segmento de la población cada vez mayor debido al repunte de la esperanza de vida.
Administraciones, grupos políticos y sindicatos deben ponerse a trabajar con visión de futuro. No sólo es necesario recomponer la unidad que llegó con el Pacto de Toledo, sino que, como criterio de equidad y solidaridad, es preciso recuperar fórmulas que garanticen el poder adquisitivo de los jubilados; de los actuales y de los futuros.
Con independencia de quienes decidan con libertad disponer de planes de pensiones privadas, es imprescindible garantizar pensiones públicas dignas para el colectivo con menos ingresos. Si la recuperación de la economía es un hecho, es preciso recuperar los salarios y también los ingresos de los jubilados.
Los mayores no deben considerarse una carga. La sostenibilidad de las pensiones es un asunto de todos y se trata de un derecho constitucional a proteger y garantizar. Es preciso valorar si muchos de los ingresos que se imputan ahora a la Seguridad Social para certificar su déficit no deberían salir fuera de esas cuentas.
En definitiva, el conjunto del país y más en una comunidad como Castilla y León deben considerar el estado de las pensiones como una prioridad. Seguramente será necesario acometer nuevas vías de ingresos, pero siempre sobre el principio de garantizar ingresos dignos a quienes han cotizado e incluso a quienes no pudieron hacerlo por causas ajenas.