El aumento de interinos lastra la calidad de la educación
EL CURSO escolar comenzará con 3.300 profesores interinos en la Educación Secundaria Obligatorio (ESO), que representa un 10% más que el año anterior. Este incremento, según la Consejería, se debe, entre otras causas a las más de 250 jubilaciones que no se han tenido en cuenta debido a la congelación y recorte de las tasas de reposición.
El elevado número de interinos que viene sufriendo la educación pública con los recortes de la crisis es un lastre creciente a la calidad, además de un efecto de la precariedad que también salpica al sector público en un servicio esencial.
Que haya nada menos que 3.300 profesores interinos, y con esta tendencia a aumentar al menos un año, más representa un perjuicio claro para una educación que es líder en España y en Europa.
Lejos de autocomplacerse en los informes que sitúan la educación de Castilla y León entre las mejores del mundo, habría ya que ir corrigiendo estos factores impiden mayores avances y generan inseguridad entre el profesorado.
La Consejería viene introduciendo elementos correctores en las ratios de alumnos en zonas rurales que favorecen esas calidad, lo que es digno de elogio para lograr el máximo posible de nivel de calidad educativa con las zonas urbanas.
Ese tesón por la calidad debe marcar la política de recursos humanos. Una vez retirados los frenos a la tasa de reposición es necesario dar agilidad y claridad a la convocatoria de plazas para lo antes posible eliminar ese factor de inestabilidad que representan un elevado y creciente volumen de internos.
La apuesta por la calidad de la educación debe seguir siendo una seña de identidad de Castilla y León y la estabilidad de los profesores es una condición necesaria, pero no suficiente para ello.
Los recortes de la crisis en los servicios esenciales deben pasar a la historia en una coyuntura de recuperación económica. Los presupuestos de 2018 deben reflejar esa apuesta por acabar con las tasas de interinos. El nuevo modelo de financiación también debe incorporar ese necesario aumento de fondos para prestar servicios de calidad similares en una región con tanta dispersión y baja densidad de población y donde los costes educativos son más altos que en la mayoría.
Es impensable asegurar un futuro de calidad educativa con un profesorado inestable. Esa provisionalidad laboral a la que ha conducido los recortes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas es incompatible con un alto y permanente nivel educativo. Acabar con ello debe formar parte de las prioridades para recuperar al menos el nivel en servicios esenciales de antes de la crisis. Su aumento equivale a mantener un lastre que ya no tiene ninguna justificación.