Diario de Valladolid

EDITORIAL

Disparidad autonómica con la presión fiscal

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LA PRESIÓN FISCAL sobre los ciudadanos resulta de lo más dispar entre las comunidades autónomas. No solo en lo que se refiere a los tributos propios que ha impuesto cada autonomía, sino también con la que aplican sobre los cedidos por el Estado. Un informe del Consejo General de Economistas pone de manifiesto esta disparidad y revela que la presión fiscal de Castilla y León es baja en relación con otras comunidades, salvo por el impuesto de sucesiones y donaciones. En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Castilla y León es la segunda Comunidad que menos grava a las rentas medias y altas, y la tercera a las más bajas.

Otro tanto ocurre con el impuesto del Patrimonio, que grava la riqueza neta del contribuyente y que, con carácter general, se aplica a partir de los 700.000 euros. Como ejemplo de las diferencias existentes, un castellano y leonés con un patrimonio de 800.000 euros tendrá que desembolsar 200 euros, frente a los 1.164 euros que deberá abonar un aragonés. En la vecina Comunidad de Madrid, este gavamen está totalmente bonificado.

Si en los dos anteriores, los castellanos y leoneses salen mejor parados que los contribuyentes de otras autonomías, en el impuesto de Sucesiones ocurre justo lo contrario. La Comunidad se alza hasta la quinta posición, solo superada por Andalucía, Extremadura, Aragón y Asturias. De este modo, si un soltero de 30 años recibe 800.000 euros de herencia y 200.000 corresponden a la vivienda, en Castilla y León pagaría 125.643 euros. Esta cuantía es 84 veces superior a lo que tendría que abonar un vecino de Cantabria, comunidad que figura en la penúltima posición solo por delante de Canarias, donde en el mismo ejemplo el dinero a pagar se limitaría a 134 euros.

En el impuesto de Donaciones se da la misma situación, aunque la Comunidad asciende hasta el cuarto puesto. En un caso similar al anterior, pero en lugar de herencia se tratase de una donación por los 800.000 euros en efectivo tendría que pagar 200.122 euros. Un madrileño sólo abonaría 2.000 euros y un canario 200 euros.

Estas diferencias tan abismales derivan en buena medida de la crisis, cuando las autonomías tuvieron que buscar nuevos recursos con los que resarcirse de la pérdida de ingresos por la caída de la actividad económica. En Castilla y León, a partir de 2013, la Junta optó por recuperar los impuestos de Sucesiones y Donaciones que había eliminado cinco años antes. Es de esperar que, a medida que la situación económica mejore, la presión impositiva se reduzca. También sería conveniente una armonización fiscal entre las autonomías. Pero, dado que el nuevo modelo de financiación está en ciernes, habrá que esperar a que vea la luz.

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