La difícil adaptación a los cambios en las Cortes

Las elecciones autonómicas formaron un Parlamento con un Partido Popular que se quedó al borde de la mayoría absoluta, con un empate técnico en número de procuradores respecto al conjunto de la oposición. Eso ya supuso un cambio, pero otro fundamental fue la incorporación de nuevos grupos parlamentarios que han generado una pluralidad hasta ahora desconocida en las Cortes de Castilla y León. La presidenta de la institución reconoce en una entrevista con este periódico las dificultades que ha supuesto el cambio por falta de una experiencia previa y una ausencia de normativa para una situación nueva. Ha sido necesaria una adaptación mediante interpretaciones del reglamento, pero también una concienciación respecto al cambio. Silvia Clemente explica cómo a los partidos tradicionales les ha costado asimilar la nueva situación, acostumbrados a dialogar solo entre ellos y obligados ahora a hacerlo con otros. El papel de la presidenta ha sido clave en esta adaptación, en su rol de árbitro, que ella ha intentado, según afirma, ejercer con imparcialidad y profesionalidad. La repetición de citas electorales ha dificultado también el trabajo de los parlamentarios, que han dejado pendientes asuntos sobre los que existía un consenso formal, como es el caso de la reforma del Estatuto de Autonomía. Todos los grupos estaban de acuerdo en abordarlo pero no se ha dado ningún paso firme. Clemente considera que es básico el consenso, pero el primer acuerdo que debe existir es si hay necesidad realmente de emprender la tarea cuando la última reforma es demasiado reciente. Para Silvia Clemente, sí hay un motivo para reformar el Estatuto, las demandas de la sociedad para la regeneración democrática. La presidenta considera que son cuestiones que deben quedar plasmadas en el marco normativo básico de la Comunidad. Tal vez no todos los grupos piensen lo mismo, habrá que esperar a verlo y sobre todo a comprobar si hay un acuerdo de mínimos sobre las novedades a introducir. Lo cierto es que, mientras llegan o no esos acuerdos que necesariamente deben ser amplios en cuanto a número de procuradores implicados, se puede avanzar hacia esa regeneración a través de medidas en forma de leyes. La Junta de Castilla y León ha dado ya pasos con la nueva regulación sobre altos cargos que, entre otras cosas, limita el número de mandatos. También con la protección de los funcionarios que denuncien la corrupción. Queda por ver la acogida que van a tener esas medidas en las Cortes. Posiblemente el debate sobre ellas en el hemiciclo arroje algo de luz sobre las posibilidades del consenso para la reforma del Estatuto de Autonomía.