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EDITORIAL

Gago: Una decisión judicial en desacuerdo con la realidad

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EL TRIBUNAL SUPERIOR de Justicia de Castilla y León (TSJ), el mismo que la semana pasada enmendó el veredicto del magistrado leonés que juzgo el caso y elevó la condena de Raquel Gago a 12 años de cárcel por el asesinato de Isabel Carrasco, decidió ayer que la policía leonesa siga en libertad pese a la contundente de la pena.

Será, la del TSJ, un decisión ajustada a Derecho. No hay que olvidar que nuestro ordenamiento y sistema jurídico lo aguantan todo, e incluso en ocasiones los más absurdos esperpentos. Tal vez por eso el descrédito que entre los ciudadanos de a pie desde hace tanto tiempo lastra a la Justicia española.

Será ajustada a Derecho. Tanto como haber atendido los recursos de las acusaciones, Fiscalía incluida, y haber ordenado su ingreso en prisión, en vez de dilatar esta decisión hasta que se resuelvan los recursos en casación, que llevarán su andadura y su tiempo. Porque los tiempos y los plazos también desacreditan al modelo judicial y hacen que la Justicia extemporánea a veces se convierta en la mayor de las injusticias.

El caso es que Gago y su polémico abogado, el que desapareció, obligando a suspender un costosísimo juicio, y regresó a él sin más explicaciones que su arrogante silencio, se vuelven a salir con la suya.

Se concitan demasiadas coincidencias en las que, por una u otra causa, la red de amigos de Gago o de alguno de sus parientes, ha favorecido a la todavía policía municipal. No será el caso de la decisión del TSJ. Pero es tal el cúmulo que contribuye a trufar de favoritismo hacia Gago el proceder de autoridades judiciales, policiales y penitenciarias.

Hay que recordar que cuando entregó el arma, 30 horas después del asesinato y cuando Monserrat y Triana ya habían confesado que la pistola usada para matar a Carrasco estaba en posesión de Gago, lo hizo a través de un policía amigo que participaba directamente, que fue a buscarla a su piso y la acompañó a comisaría. No fue detenida. Y de allí salió libre.

Cuando acudió al juzgado, lo hizo en un coche oficial conducido por el jefe de la policía municipal de León y entrando por un acceso especial para sortear a los periodistas. Ni la Infanta Cristina en el Caso Noos ha gozado de ese privilegio.

Y cuando fue puesta en libertad contra todo pronóstico y contra la opinión de la jueza instructora abandonó la cárcel de Mansilla oculta en el interior del coche de un funcionario de prisiones, también amigo, en vez de por la puerta como vemos hacerlo a diario a muchos ilustres presos hacerlo. La cómplice del asesinato de Carrasco, la que ocultó el arma, la fría y calculadora policía que intentó hacerse pasar por una ingenua y lloriqueante engañada, puede seguir disfrutando de su libertad una buena temporada más. Los reglones torcidos de nuestro sistema jurídico le otorgan el privilegio que a otros le niegan. Es ajustado a Derecho, pero no siempre el Derecho se ajusta a la realidad.

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