El TC pone las cosas en su sitio
LA REFORMA LOCAL, la conocida como Ley Montoro, en referencia al ministro de Hacienda que la impulsó, acaba de recibir un varapalo del Tribunal Constitucional, que la acusa de invadir competencias de las comunidades autonómas, en materia de Sanidad y de Servicios Sociales.
En concreto, en todo lo que tiene que ver con los consultorios médicos. El Ejecutivo de Juan Vicente Herrera fue, de los gobiernos autonómicos en manos del PP, el que primero alzó la voz contra una reforma local que entendían invadía competencias, algo en lo que ahora el Constitucional le da la razón.
En la práctica, la Ley Montoro venía a dejar en un limbo financiero los consultorios médicos y los servicios sociales que durante años venían prestando los ayuntamientos. Esta Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración (LRSAL) no sólo recibió la contestación de la Junta, además de la oposición que presentó recurso de inconstitucionalidad, como también hicieron numerosos ayuntamientos y varios ejecutivos autonómicos. Un rechazo al que se sumaron los agentes sociales, con numerosas protestas.
Rechazos que vienen a evidenciar las lagunas que, parece claro, tenía esta reforma local. El hecho de que el Alto Tribunal atienda parte del recurso de inconstitucionalidad, presentado por la Asamblea de Extremadura, para declarar nulas hasta tres disposiciones transitorias y una adicional, que tiene que ver con los servicios de asistencia social, atención primaria de salud y lo relativo a la inspección sanitaria, vienen a demostrar los errores que se cometieron a la hora de formular esta norma.
El primero el hacer la Reforma Local de espaldas a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. El Constitucional, en su resolución, deja claro que estos servicios, los que tienen que ver con la Sanidad y la Política Social, son competencia de las comunidades autónomas, que los consistorios «venían prestando porque así lo decidieron las autonomías o simplemente porque fueron desarrolados de hecho por los ayuntamientos».
Que es tanto como decir que el Estado no puede interferir en la decisión de las competencias de los gobiernos autonómicos. Algo que sucede con la Sanidad y los Servicios Sociales, que tienen transferidos las autonomías.
La sentencia del Tribunal Constitucional contra esa Reforma Local que impulsó el ministro Cristóbal Montoro, además de ser un varapalo judicial, viene a poner las cosas en su sitio en lo que a copetencias sanitarias y de servicios sociales se refiere.