El Tribunal de Cuentas dice este martes a Puigdemont cuánto dinero desvió para el 1-O

El Tribunal de Cuentas comunicará este martes a los representantes legales del 'expresident' catalán Carles Puigdemont, al que fuera su número dos en el Govern, Oriol Junqueras, y a otras 18 personas, entre ellos exconsejeros y altos cargos de la Generalitat cuál es la cantidad que presuntamente desviaron para pagar los gastos del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

La comunicación del órgano fiscalizador se produce una vez que ha concluido la instrucción de este asunto. En el trámite de este martes informará a sus representantes legales, ya que ninguno de los investigados tiene el deber de comparecer, de la cuantía a la que cada uno de ellos deberá afrontar como responsables del uso ilícito de fondos públicos.

REINTEGRO DEL DINERO

Además previsiblemente el Tribunal de Cuentas fijará una fianza conjunta y solidaria para que los presuntos responsables respondan a una posible condena y garantizar así el reintegro del dinero utilizado para este fin a las arcas públicas. Si no consignan dicha cantidad en el plazo que el Tribunal de Cuentas señale se procederá a embargar sus bienes de forma preventiva.

Este procedimiento es el mismo que se siguió en su día contra el 'expresident' de la Generalitat Artur Mas, a quien se consideró máximo responsable de los gastos de la consulta soberanista del 9 de noviembre del 2014, que se cifró en casi cinco millones de euros y que tuvo que responder de forma solidaria con las fianzas del resto de implicados.

LA INMUNIDAD DE PUIGDEMONT

Este sistema se aplicará a Puigdemont, quien, además no podrá escudarse en la inmunidad que tiene adquirida como eurodiputado porque esta figura no funciona en la jurisdicción civil.

Entre los investigados, además del 'expresident' y de Junqueras -condenado a 13 años de prisión por el delito de sedición por el procés independentista-, se encuentran los 'exconsellers' Dolors Bassa, Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull (también condenados por sedición y en prisión); Meritxell Borràs, Carles Mundó, Santi Vila (condenados por desobediencia por la misma causa); y Toni Comín, Clara Ponsatí, Lluis Puig y Meritxell Serret (huidos).

También se ha citado este martes a los representantes legales de la exconsejera cesada en el verano del 2017 Neus Munté y a los exaltos cargos de la Generalitat Antoni Molons, Joaquim Nin y Amadeu Altafaj, Josep María Jové -uno de los negociadores que impuso ERC para acordar con el PSOE la investidura de Pedro Sánchez- y Josep Gineta (procesados por el juzgado de Barcelona que investiga la organización del referéndum).

DOS MILLONES DE EUROS

La denuncia del Ministerio Público en el Tribunal de Cuentas no fija una cifra concreta del dinero que presuntamente se habría malversado el 1-O y que se debe reclamar. Sí cita facturas relacionadas con los locales de votación (900.906,70 euros), gastos publicitarios que se acercan al millón de euros en distintos apartados, un gasto de 979.666,96 euros en papeletas y 38.431,20 euros en cartelería.

También destaca que la "acción de la presidencia catalana" en el exterior absorbió 2,3 millones de euros, a lo que añaden diferentes gastos en viajes de observadores que superarían los 100.000 euros en diferentes conceptos.

Por su parte, los otros dos demandantes, SCC y Abogados Catalanes por la Constitución considera que el Gobierno de Carles Puigdemont destinó 1.971.601,20 euros procedentes de fondos públicos de la Generalitat.

INTERROGADOS SI LO PIDEN LAS ACUSACIONES

Será después cuando comience el procedimiento jurisdiccional en este órgano contable, que es diferente al penal. Concluirá cuando la Sala de Justicia de este órgano celebre la vista para juzgar a Puigdemont, sus 'exconsellers' y altos cargos.

En este caso, los interrogatorios de los investigados se llevarían a cabo por las acusaciones si así lo piden, ya que no corre a cargo del Tribunal de Cuentas. Es decir, la declaración en dicha vista tendría lugar si alguno de los demandantes lo estima oportuno y traslada su petición al tribunal que enjuicie estos hechos.