Sánchez quiere presentar los Presupuestos en marzo con la mirada puesta en ERC

María Jesús Montero subió a la tribuna del Congreso a defender unos Presupuestos que sabía que estaban muertos por la estocada fatal de ERC, en una intervención que la convirtió en ministra estrella a pesar de que apenas había tenido tiempo de prepararla. Pedro Sánchez, que en principio iba a asumir el debate, le anunció solo dos días antes que le delegaba la responsabilidad. La ministra de Hacienda le dijo a Pablo Casado aquello de "el milagro económico del PP está en la cárcel" y se llevó a casa una victoria moral, pero las cuentas públicas fracasaron debido al rechazo de los republicanos y de la antigua Convergència. Era febrero del 2019. Casi un año después, el presidente vuelve a la casilla de salida, esta vez con la mirada puesta directamente en los republicanos, a quienes necesita de nuevo. Su intención es presentar el proyecto de ley ante el Congreso en marzo, para que pueda ser aprobado en junio, antes de que los diputados se vayan de vacaciones. Eso implica que coincidirá con el trámite parlamentario de la rebaja del delito de sedición y con reuniones de la mesa de diálogo entre el Gobierno y Generalitat. Sánchez trata de pisar el acelerador, consciente de que cuanto más cerca estén las elecciones catalanas más lejos estará el apoyo de ERC.

La aprobación de los Presupuestos es la prueba de fuego de la legislatura. De salvarlos, Sánchez se garantiza un horizonte de dos años, o incluso tres, lo que le permitiría poder aplicar algunas de las medidas más simbólicas de un Gobierno empeñado en subrayar su carácter progresista. El jefe del Ejecutivo aspira a superar el examen clave revalidando los apoyos que obtuvo en la investidura para poder aplicar unas cuentas que estarán inspiradas en el proyecto del 2019 pero que tienen que ajustarse al nuevo contexto económico. En eso están los departamentos, mientras el Ministerio de Economía negocia con Bruselas hasta dónde debe llegar el rigor con el déficit.

El futuro de Torra

Sánchez parece haber aprendido a ser especialmente cauteloso con ERC y a asumir que, más que la tesis del 'gen loco' de los republicanos, que abona su presunto carácter imprevisible, en realidad buena parte de las decisiones del partido independentista las determina su contexto. Y esas circunstancias pasan por un calendario que, una vez más, está en el aire. El futuro de Quim Torra com presidente catalán es de difícil predicción hasta que el Tribunal Supremo dicte una sentencia firme y, en buena medida, su continuidad o no en el cargo es la que determinaría la precipitación de elecciones en Cataluña.

Los de Oriol Junqueras muestran su predisposición a aprobar los Presupuestos, que no se negociaron en las conversaciones de la investidura, pero hasta el 'sí' hay un camino lleno de escollos. La evolución de la mesa de negociación entre gobiernos y la tramitación de la reforma del Código Penal para rebajar el delito de sedición irán en paralelo a las discusiones sobre las cuentas públicas. Más allá del voluntarismo, nadie garantiza que si un asunto se tuerce no acabe contaminando a los otros.

El calendario

En todo caso, la intención del Gobierno es que el anteproyecto de ley llegue al Congreso en marzo. En un ritmo de tramitación razonable, la votación tardaría por lo menos tres meses en poderse llevar a cabo, lo que situaría el debate casi con los diputados haciendo las maletas para irse de vacaciones: el último pleno previsto en la Cámara baja (a falta de que se apruebe oficialmente este calendario) termina el 25 de junio.

Lo que ha quedado completamente descartado es el plan que Sánchez anunció en la campaña electoral de noviembre, cuando se comprometió a llevar el techo de gasto (primer paso para la tramitación de Presupuestos) al Congreso este mes de enero y a tener aprobado el proyecto en primavera. Pero aquí, como en la coalición con Podemos y en su actitud hacia el independentismo, una cosa es Sánchez candidato y otra, muy distinta, Sánchez presidente con plenas facultades.