Dolores Delgado y los 2.553 fiscales

Reducir el nombramiento de Dolores Delgado a una operación destinada a desjudicializar el proceso soberanista catalán es, además de un reduccionismo interpretativo de la controvertida decisión de Pedro Sánchez, ignorar que sacar de los tribunales lo que ya está en tramitación o anular los efectos de lo que ya se ha sentenciado, requiere de mecanismos muy complicados y poco practicables en un sistema que, como el nuestro y pese a no pocas dificultades, trata de mantener la separación de poderes.

Dolores Delgado será la próxima fiscal general porque, como han apuntado colegas en el análisis político, se ha desatado una "guerra judicial" suponiendo que es una forma de respuesta del presidente al propósito verbalizado por la oposición de judicializar su hostilidad al nuevo Gobierno. La contestación de Moncloa habría sido designar a una íntima colaboradora, fiscal de carrera, gestora con Carmen Calvo de una de las operaciones políticas más complejas (la exhumación de Franco) y la responsable política de la Abogacía del Estado en los últimos meses de la anterior legislatura, que ha tenido dos grandes hitos: la acusación por sedición en el juicio del 'procés' y las alegaciones ante el Supremo en el incidente de ejecución de la sentencia de Luxemburgo sobre la inmunidad de Oriol Junqueras. En el primer escenario, la Abogacía del Estado acertó; en el segundo, no lo hizo pero Sánchez pudo ofrecer a ERC una prueba de vida del pacto de investidura que suscribió con los republicanos.

El más grave inconveniente para el nombramiento de Dolores Delgado consiste en que, además de exministra de Justicia, pasa a ser sin solución de continuidad fiscal general, haciéndolo inmediatamente después de haber obtenido el acta de diputada por Madrid en la lista del PSOE (quinto puesto), con el lastre antiestético que de ella proyectaron las conversaciones con el comisario Villarejo.

De tal manera que Delgado es vista como un ariete contra la derecha política y judicial, pero no necesariamente, incluso desde un amplio sector de la izquierda, como el mejor instrumento para desjudicializar el proceso soberanista, objetivo que podrían cumplir decenas de juristas de acreditado prestigio que no tendrían que abstenerse como sí debería la exministra de Justicia en asuntos en los que haya intervenido en tal condición.

AUTONOMÍA EN CUESTIÓN

El valor político que padece con este nombramiento más que en otros–de ahí que se haya considerado un "error político" por medios próximos al PSOE– es la autonomía del Ministerio Fiscal, un órgano constitucional, con personalidad jurídica propia, regido por un estatuto legal de 1981, sometido a sucesivas reformas todas orientadas a fortificar el blindaje de su función respecto del Gobierno que nombra al responsable último de un colectivo de funcionarios considerado de sesgo conservador, aunque esta apreciación peque de una indiscriminada generalización.

La próxima fiscal general, además, deberá atenerse a los contrapesos del propio Ministerio Público. Fue Dolores Delgado la que siendo ministra de Justicia amplió la plantilla orgánica de la fiscalía el 12 de abril de 2019, determinando que "el total de efectivos de la carrera fiscal queda constituido por 2.553 fiscales" que se distribuyen en tres categorías: la primera, 26 fiscales de Sala, la segunda, con 1890 y la tercera, con 637. Todo este colectivo funcionarial dispone de dos órganos internos con capacidad de respuesta a las decisiones de la titular del Ministerio Público. De una parte, la Junta de Fiscales de Sala y, de otra, el Consejo Fiscal.

Por lo demás, todos los fiscales disponen de mecanismos de reacción a las órdenes de sus jefes. Este entramado será más complicado de gestionar para Delgado que el informe de un CGPJ con plomo en las alas (su mandato está en prórroga desde diciembre de 2018) y de la Comisión de Justicia del Congreso en la que la oposición se dispone a disparar fuego graneado.

MODULAR SIN PARALIZAR

La nueva fiscal general tendrá de capacidad para modular el ejercicio de la acción penal, pero no de paralizar o ralentizar a voluntad la acción de la justicia porque la activación de los tribunales puede producirse a instancias de otros actores legitimados, mediante denuncia o querella. Y puede ser cuestionada por los mecanismos internos del cuerpo que delimitan sus facultades. De tal manera que su nombramiento debe entenderse inspirado con una mayor amplitud de objetivos que los estrictos de la desjudicialización del 'procés'. Se trataría, en el diagnóstico gubernamental, de que ese colectivo funcionarial de 2.533 fiscales no recebase el atribuido conservadurismo de la magistratura sobre los que una parte de la izquierda y el independentismo manejan apriorismos excesivos.

Es verdad que los nombramientos de fiscales generales han sido polémicos casi de forma sistemática, pero en el de Dolores Delgado concurren circunstancias personales, políticas y de contexto que lo han convertido en un 'casus belli', hasta tal punto que dentro del Gobierno de coalición se ha asumido a costa de "cabalgar contradicciones" por Pablo Iglesias y los suyos, que descalificaron a la designada en unos términos rotundos y reprobadores.

Desde otro punto de vista necesita explicación que el presidente del Gobierno realice este nombramiento al tiempo que reclama a la oposición un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, para lo que es necesaria una mayoría de 210 diputados. Por las características de la designación y por la necesidad de mantener en pie los deteriorados puentes con la oposición –imprescindible para los grandes temas de Estado, incluida Cataluña–, la interpretación de este movimiento ajedrecístico de Pedro Sánchez tiene un déficit de coherencia y de inteligibilidad. Por eso hay responsables de su entorno que se preguntan: "¿Era necesario?".