El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía deja temporalmente a la jueza Alaya la instrucción de los ERE

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dado un varapalo a la jueza de Sevilla Mercedes Alaya al aceptar el plan de reparto del juzgado de instrucción 6 propuesto por la nueva titular, que retira a aquella las competencias para concluir la investigación de dos de las tres macrocausas que investiga. De esta manera, Alaya continuará en comisión de servicio en el juzgado y solo instruirá el delito societario de Mercasevilla y el caso de los ERE. No obstante, las competencias sobre este caso son temporales, dado que se está a la espera de que la Audiencia Provincial se pronuncie sobre un recurso de la fiscalía acerca de la división de la macrocausa en piezas separadas, por lo que una vez que esto ocurra, Alaya podría quedarse solo con parte de la investigación.

Según informa el TSJA, la sala de Gobierno del alto tribunal andaluz ha aprobado "por unanimidad" el plan de actuación propuesto por María Núñez Bolaños, nueva titular del juzgado de instrucción 6 después de que Alaya obtuviera plaza en la Audiencia Provincial de Sevilla. Núñez se reserva para sí la investigación de los cursos de formación y de las irregularidades en los avales concedidos por la agencia pública Idea, mientras que el otro juez que está en comisión de servicio (a expensas aún de que el Consejo General del Poder Judicial apruebe estas comisiones en el juzgado) se encargará de la gestión diaria del resto de asuntos que lleguen al tribunal.

En el reparto que propuso Núñez, quedaba en el aire la cuestión de los ERE, dado que como la propia jueza sostenía, la Audiencia Provincial aún tiene que pronunciarse sobre un recurso presentado el pasado abril por la fiscalía para reclamar, por cuarta vez, la división del caso de los ERE fraudulentos en unas 200 piezas: una por cada ayuda irregular concedida a empresas en crisis y las empresas donde se detectaron 'intrusos', otra sobre las sobrecomisiones cobradas por los sindicatos y empresas mediadoras en los expedientes y una más, de carácter político, en el que se investiga, según Alaya, el papel del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y su decisión de crear un sistema irregular para dar las ayudas al margen de cualquier fiscalización.

GRIÑÁN Y CHAVES

Una vez que la Audiencia se pronuncie, será la jueza Núñez quien decida la división final y cuáles podría seguir instruyendo Alaya. De momento, esta seguirá adelante con toda la instrucción, y podría condicionar futuros movimientos, sobre todo referidos a la trama más política. Y es que el expresidente José Antonio Griñán renunció la pasada semana a su condición de senador y pidió al Tribunal Supremo que traspase toda documentación de su posible implicación en el caso al juzgado de Sevilla, dado que perdía su condición de aforado. El Supremo tenía previsto pronunciarse en los próximos días sobre si continuaba diligencias o no contra los expresidentes Griñán y Manuel Chaves, por lo que ahora deberá decidir no solo si sigue adelante con las mismas, sino si además el primero debería continuar en el alto tribunal por conectividad de la causa o directamente manda la instrucción de nuevo al juzgado 6.

De igual manera, los exconsejeros andaluces implicados en el caso y que prestaron declaración ante el TSJA al ser miembros de la Diputación permanente, también han perdido este aforamiento, por lo que la fiscalía ya ha pedido al TSJA que remita esa parte de la instrucción al juzgado 6.

La repercusión de los casos de corrupción en Andalucía también tiene su reflejo en la vida parlamentaria. Ayer mismo, tanto IU --anterior socio de Gobierno del PSOE-- como Podemos reclamaron la creación de una comisión de investigación parlamentaria "específica y permanente" que trate las incidencias que se produzcan a lo largo de esta legislatura, relacionadas con transparencia o casos de corrupción que surjan en el ámbito del Gobierno andaluz. Este órgano establecería además resoluciones que pudieran ser buenas para el desarrollo del trabajo del Ejecutivo.