Diario de Valladolid

el dinero oculto del 'expresident'

La Abogacía del Estado puede personarse en la causa contra Jordi Pujol Ferrusola y su exmujer

El juez Ruz admite la petición por ser la Agencia Tributaria posible perjudicada ante los supuestos delitos de fraude fiscal y blanqueo. El magistrado rechaza, en cambio, la solicitud de Manos Limpias de personarse como acusación popular

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EL PERIÓDICO / MADRID
Valladolid

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El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha admitido la personación como perjudicado de la Abogacía del Estado en la causa en la que se investigan las actividades de Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresidente de la Generalitat, y ha rechazado la del sindicato Manos Limpias como acusación popular, informaron fuentes jurídicas.

Así, el representante de los intereses del Estado, que vela por los intereses de la Agencia Tributaira, estará presente en el interrogatorio que llevará a cabo Ruz el próximo lunes, 15 de septiembre, al primogénito del 'expresdient' y su exmujer, Mercè Gironès. Los delitos que se imputan a la pareja son el de fraude fiscal y el de blanqueo de capitales.

En cambio, el juez instructor ha rechazado la personación del abogado de Manos Limpias como acusación popular por haber depositado fuera de plazo la fianza de 20.000 euros que le había impuesto. Según la doctrina del Tribunal Supremo, si la fianza se deposita fuera de plazo, es ncesario que la parte vuelva a presentar la querella para constituirse como acusación.

Ruz investiga los pagos superiores a 200.000 euros que empresas de Pujol Ferrusola y Gironès habrían recibido de sociedades que habrían sido adjudicatarias de contratos públicos en Catalunya.

Billetes de 500 euros

Ruz, que también ha citado a una testigo el martes, abrió este procedimiento a finales del 2013 tras recibir una denuncia de la exnovia de Pujol Ferrusola, María Victoria Álvarez. Esta aseguró el pasado 17 de enero ante el juez que acompañó al hijo mayor del exmandatario catalán a Andorra para trasladar una mochila llena de billetes de 500 euros.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 acordó esta diligencia después de conocer el comunicado difundido el pasado 25 de julio por el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley en el que admitía que su familia posee fondos no declarados en el extranjero desde 1980.

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