Los regantes de Macías Picavea pagarán los 20 millones del nuevo canal ante la negativa de Seiasa

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Mapa) deja en la estacada a los 687 regantes del canal de Macías Picavea, en la zona norte de la provincia de Valladolid, y no se aviene a reparar la ruinosa infraestructura que construyó hace 18 años, a través de la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa), para que durara 50. Son los propios agricultores los que se ven obligados a pagar el total de la obra, otros 20 millones, si quieren volver a cultivar sus tierras. Llevan ya una campaña sin poder encender los aspersores debido a las continuas averías de la tubería principal.

La asamblea de los comuneros del canal se reunió en la mañana de este lunes para coger el toro por los cuernos y afrontar la propuesta. El resultado ha sido elocuente, pero no unánime: el 69% de los votos a favor y el 31% en contra de acometer las obras pagándolas de su bolsillo. «La cuestión es que una infraestructura del Ministerio que que iba a durar 50 años se ha quedado obsoleta en el año 18 y la van a pagar de nuevo los agricultores», declaró un testigo de la asamblea a este periódico. «Son unas obras que tuvieron financiación de Seiasa y que ahora tendrán que pagar también religiosamente los agricultores,  20 millones de euros más, cuando aún les queda mucho por abonar de la obra anterior».

De la misma opinión es Jesús Galván, uno de los regantes que se opuso a la propuesta: «Pagar la reparación, o una nueva canalización entre todos los regantes es un disparate. Primero habría que investigar para depurar responsabilidades de por qué la tubería está en estas condiciones, y después solicitar indemnizaciones, si son oportunas, buscar toda la ayuda posible y tomar decisiones», declara. «Creo que los comuneros no estamos bien informados del proceso que se está realizando. Hacernos cargo de todos los costes es un abuso».

Y es que, subraya, «se pretende el cambio de la tubería sin antes haber investigado y analizado las causas ciertas de los fallos de la misma, y en todo caso sin antes haber determinado responsabilidades y posibles responsables, ni haber formulado las reclamaciones oportunas a los órganos responsables; sin haber estudiado otras soluciones alternativas más económicas y sin haber solicitado ayuda alguna para la inversión».

Tan en contra está Galván de esta decisión que ha interpuesto un recurso contra la convocatoria de la asamblea. En un escrito a la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero, María Jesús Lafuente, solicita la nulidad de los acuerdos que se hayan alcanzado puesto que, a su juicio, el acto de convocar del presidente de la Comunidad de Regantes del Canal Macías Picavea, Jesús Carro, no respeta los requisitos previstos en los estatutos de la Comunidad, ya que fue notificada con 13 días de antelación en lugar de 15, y no se hizo a través de los medios publicitarios previstos para tratar asuntos «que afecten gravemente» a los intereses de los comuneros.

La junta directiva de la Comunidad de Regantes del Canal Macías Picavea planteó la propuesta a la asamblea, según las fuentes consultadas, tras ponerse en contacto con Seiasa. La entidad estatal se avino a intervenir, pero siempre si la actuación es sufragada por los usuarios. La decisión de la asamblea pasa por firmar un nuevo convenio con esas condiciones.

El Gobierno, a través de Seiasa, desdeña así el reciente acuerdo de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados, que aprobó el pasado 26 de septiembre una iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, defendida por la vallisoletana Mercedes Cantalapiedra, para apoyar a la comunidad de regantes del Canal Macías Picavea. La Proposición No de Ley (PNL) contó con los votos en contra del Grupo Parlamentario Socialista.

La Comunidad de Regantes del Canal de Macías Picavea abarca una extensión de 2.400 hectáreas en el norte de la provincia de Valladolid, con 687 propietarios que deberán desembolsar las obras en función de las hectáreas que posea cada uno. La inversión para la construcción de la infraestructura agraria alcanzó, en su día, los 15 millones de euros, financiados al 70% por las administraciones públicas, entre ellas Seiasa, y al 30% por los regantes, que aún permanecen endeudados por aquella obra.