La Ribera del Duero, dividida por el crecimiento del viñedo de la DO

Tiene la Ribera del Duero empuje suficiente para seguir creciendo en número de hectáreas o, por el contrario, debe limitar las plantaciones? Es el debate que las asociaciones agrarias vuelven a abrir en la Denominación de Origen. En su opinión, la necesidad obliga a tomar medidas. «Solo hay que ver la tendencia de un consumo de vino que está bajando en España y en Europa. En Ribera dicen que ha habido un crecimiento del 2%, pero es comparado con el año anterior, cuando se produjo un descenso del 10%, por lo que seguimos en un retroceso del 8%», argumenta desde UCCL, el viticultor Daniel Maestre, sorprendido porque, mientras «en Ribera se empeñan en seguir creciendo en hectáreas, en zonas como Rioja o Francia lo que piensan es en arrancar viñedo». «Solo en Francia quieren quitar 100.000 hectáreas», insiste, con la mirada puesta también en otras zonas que están siguiendo este rumbo, como Cigales, Rueda o Arlanza.

Desde la Asociación de bodegas de la Ribera del Duero (Asebor), el planteamiento es muy distinto, al considerar que, por el momento, hay recorrido en el mercado nacional e internacional y que un cierre perjudicaría tanto a la marca Ribera del Duero como a los pequeños viticultores y a las bodegas, «la mayoría de pequeño o mediano tamaño» y «casi todas viticultoras».

Hay que recordar que, a la hora de plantar, hay tres vías legales: las nuevas plantaciones que concede el Ministerio de Agricultura, atendiendo normalmente la petición de cada Consejo Regulador y Comunidad Autónoma, donde tienen preferencia los jóvenes viticultores; las autorizaciones por replantación, que son las que vienen del arranque de otras zonas vinícolas y es por donde más llegan; y la conversión de derechos antiguos, que apenas representa una mínima parte.

Por el momento, según ha acordado el Pleno del Consejo Regulador Ribera del Duero, la Denominación de Origen solicitará al Ministerio un crecimiento de 100 hectáreas para el año 2025, 100 menos que el año anterior, pero se mantendrá la apertura de derechos por arranque.

Las asociaciones agrarias UCCL, Asaja, Coag, UPA, la Asociación de Viticultores y la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León (Urcacyl), por su parte, piden que se prohíba cualquier plantación durante al menos un año y por un periodo de tres como máximo. «Hemos pedido una reunión con la Consejera de Agricultura para exponer nuestra preocupación ante la decisión tomada por el Consejo Regulador, que limita las nuevas plantaciones, pero deja deliberadamente abierta la vía de entrada de superficie, no restringiendo las replantaciones procedentes de zonas geográficas no amparadas por la Denominación», señalan, conscientes de que «de cada 6 hectáreas que se plantan en Ribera, 5 llegan de fuera».

Sin embargo, desde Asebor, como principal fuerza del pleno en el Consejo Regulador, defienden que hay todavía capacidad de crecimiento para 2025. Fue, además, insisten, una decisión consensuada por las bodegas que votaron en la asamblea de noviembre de 2023. «En la próxima asamblea, que celebraremos en unas semanas, se analizarán de nuevo todos los datos técnicos y se votará, como siempre hacemos, por consenso, para 2026», asegura el presidente de la asociación de bodegas Asebor, Iker Ugarte.

Calidad

Tampoco se ponen de acuerdo a la hora de valorar si el crecimiento puede afectar a la calidad. Para las asociaciones agrarias, el incremento del viñedo supondrá una bajada del precio de la uva, porque habrá más producción, y llegará el momento en que, para el viticultor, dejará de ser rentable. «Los costes no están dejando de subir, pero el precio de la uva es el mismo de los últimos años. Si el precio baja, se reducirán los trabajos que hacemos en el campo y, si sigue bajando, se terminarán abandonando las viñas», apremia, desde la Unión de Campesinos (UCCL-Burgos), Eduardo Izquierdo.

Un argumento que desmonta la asociación bodeguera. «La cantidad no tiene que ver con la calidad. Para ello está el pliego de condiciones que todos los viticultores deben respetar, porque son de obligado cumplimiento, como que la uva tiene que llegar en buen estado y respetando siempre la limitación de kilos por hectárea».

Las asociaciones agrarias consideran que la apertura «descontrolada» solo beneficia a «poquísimas grandes bodegas, que les interesa que haya mucha uva para que baje el precio y puedan vender a granel», pero desde Asebor recuerdan que «la mayoría de bodegas tiene viñedo». El debate, desde luego, está abierto y vivo.