Hasta 6.000 hectáreas de fotovoltaicas sobre los embalses de Castilla y León

Evitar el desperdicio de tierras agrarias por la instalación de plantas de energía fotovoltaica es una ya vieja demanda de las Organizaciones Profesionales Agrarias (Opas), que instan a que estas infraestructuras se alojen en tierras baldías o montes sin aprovechamiento agrícola. Un nuevo real decreto aprobado por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio para Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) puede contribuir a ello, ya que regula la instalación de plantas fotovoltaicas flotantes en embalses en el dominio público hidráulico.

La aplicación de esta normativa en Castilla y León se traducirá en la puesta a disposición de los promotores de energía solar de entre 2.000 y 6.000 hectáreas de superficie, la que resulta de aplicar «entre el 5 y el 15%» del área de cada pantano, tal como indica el texto.

Y es que la Comunidad cuenta con una extensa lista de medio centenar de embalses, que suman una superficie de agua total de 44.169 hectáreas, según datos de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) y el Miteco. Los principales candidatos, dada su gran superficie, podrían ser los de Almendra, en Zamora, el más grande de la Comunidad con 8.650 hectáreas –podría albergar una planta fotovoltaica de entre 433 y 1.298 hectáreas–; el del Ebro, entre Burgos y Cantabria, con 6.253 hectáreas (aunque solo 1.876 de ellas están en suelo de Castilla y León); el de Ricobayo, en Zamora, con 5.855; el de Santa Teresa, en Salamanca, con 2.663; Riaño, en León, con 2.230 y Cuerda del Pozo, en Soria, con 2.176. Existen otros cinco por encima de las mil hectáreas.

Según explicó el Miteco en un comunicado, el Real Decreto regula los requisitos para la concesión de permisos para la instalación de plantas fotovoltaicas flotantes en embalses situados en el dominio público hidráulico, y podrán ocupar entre un 5% y un 15% de la superficie útil total de dichos embalses. Las confederaciones hidrográficas, además, podrán promover concursos públicos para otorgar las autorizaciones y concesiones en embalses de titularidad estatal. Las concesiones tendrán una duración máxima de 25 años.

Este tipo de instalaciones, remarcó el Ministerio, son beneficiosas tanto para la producción energética como para el medio ambiente: producen más electricidad que sus equivalentes en tierra, gracias a los efectos del enfriamiento del agua y la disminución del polvo, y mejoran la protección y el potencial de las masas de agua, reduciendo su evaporación y las floraciones de algas, gracias a la sombra que proporcionan.

El real decreto condiciona la instalación solar a su compatibilidad con el Plan Hidrológico correspondiente, así como con las necesidades de la explotación de cada embalse, los derechos y usos preexistentes, los objetivos ambientales de las masas de agua y el procedimiento de evaluación ambiental. Además, la extensión de estas instalaciones se establecerá en función del estado trófico del embalse de que se trate: cuanto peor sea la calidad de sus aguas, mayor podrá ser su cobertura.

Porcentaje

Así, se limita el porcentaje máximo de superficie total cubierta a un 5% cuando se trate de embalses no eutróficos, y a un 15% en el caso de que sea eutrófico o en riesgo de eutrofización, es decir, cuando haya una productividad biológica alta, aunque estos límites se podrán reducir atendiendo al régimen de explotación o los usos y derechos preexistentes, entre otras causas.

El organismo de cuenca velará para que se aporten los estudios técnicos y programas de seguimiento del estado de las masas de agua receptoras de las instalaciones para evaluar los cambios hidromorfológicos que puedan producirse, así como los cambios químicos y biológicos asociados, especialmente en los casos en que la instalación solar ocupe más del 10% de la superficie del embalse.

No se instalarán plantas fotovoltaicas en lagos, lagunas u otras masas de agua que no se consideren muy modificadas o artificiales, ni en aquellas superficies que, siendo muy modificadas o artificiales, estén afectadas por alguna figura de protección ambiental.

Las instalaciones de fotovoltaica flotante en el dominio público hidráulico se otorgarán mediante concesiones temporales con una duración máxima de 25 años, a través de un procedimiento que podrá iniciarse a instancia de parte o mediante convocatoria de concurso público por parte del organismo de cuenca. Una vez se disponga de los derechos de acceso y conexión a la red eléctrica, y cuando la Administración General del Estado sea competente en materia hidráulica y en materia energética, podrán tramitarse y otorgarse simultáneamente la concesión de dominio público hidráulico y la autorización administrativa previa, de acuerdo con un procedimiento que regulará una orden ministerial.

Los titulares de las instalaciones fotovoltaicas estarán sujetos al canon de utilización de bienes del dominio público hidráulico, y en el caso de embalses de titularidad estatal, al canon concesional y al canon de regulación.