El campo, en guardia ante la anunciada Ley de Agricultura Familiar

Las armas las carga el diablo y últimamente las leyes, también, al menos en lo que se refiere a agricultura y ganadería. Por eso el campo se ha puesto en guardia tras el anuncio del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de la puesta en marcha de los trabajos para elaborar la nueva Ley de Agricultura Familiar, una de las ‘promesas estrella’ de Pedro Sánchez en su discurso de investidura. Las Organizaciones Profesionales Agrarias (Opas) de Castilla y León no le quitan ojo a los avances, y es que no se fían de que el texto resultante vaya a beneficiar de verdad a las explotaciones familiares, aunque sí ven necesario la puesta en marcha de una norma específica.

La norma regulará, entre otros muchos aspectos, las explotaciones de titularidad compartida, una modalidad en la que es líder Castilla y León. Se trata de una figura jurídica de la explotación agraria a la que pueden acogerse parejas que comparten el trabajo y gestión de la explotación. Una figura que permite que la administración, representación y responsabilidad de la explotación sea de las dos personas titulares, fomentando la igualdad entre ambas.

Con datos actualizados al primer día de este mes de marzo, en España hay dadas de alta 1.274 explotaciones de titularidad compartida, de las que 595 son de Castilla y León, el 46,7% del total. Es, con mucho, la comunidad líder en este tipo de explotaciones, seguida a mucha distancia de Castilla-La Mancha, con 253 (el 19,86%). En tercer lugar está Extremadura, con 125 (9,8%) y en quinto Andalucía, con 58 (4,6%).Las regiones menos dadas a las titularidades compartidas son Madrid y Baleares, que no registran ninguna, Murcia, que cuenta con solo una, y Cantabria, Cataluña y Canarias, con un solo dígito (4, 5 y 9 respectivamente).

Pero, aparte de este tipo de titularidades, la norma regulará ayudas complementarias a la incorporación de jóvenes al campo y abordará un amplio abanico de aspectos cuyo único marco vigente es una ley que data de 1995. El objetivo, es que a finales de 2024 se pueda disponer de un anteproyecto de ley que se sometería a tramitación parlamentaria durante 2025.

Las Opas están de acuerdo con que se regule y reconozca la agricultura familiar, pero advierten de que el Ejecutivo central debe tener muy en cuenta la voz de los profesionales del campo, que sufren desde hace décadas las normativas redactadas en los despachos –léase la PAC en Bruselas–, que nada tienen que ver con las necesidades y reivindicaciones de agricultores y ganaderos.

Asaja Castilla y León asegura que el modelo de explotación familiar es el que defiende, un modelo «en el que se fundamenta la agricultura y la ganadería de la Comunidad Autónoma –como prueba el hecho de que la totalidad de las incorporaciones que en los últimos años llegan al campo son de chicos y chicas que toman el relevo de la explotación familiar–».

De hecho, «en los mismos Estatutos de Asaja de Castilla y León, se destaca como fines y funciones esenciales, ‘La promoción social de la familia agraria a través de la mejora de su renta y la adecuación y mejora de su calidad de vida’ y ‘La defensa de la explotación familiar agraria’», explica la Opa.

Asaja fundamenta el apoyo institucional a la agricultura y ganadería familiar «en los valores que aporta este modelo productivo: es más cercana a los consumidores; está más vinculada con el territorio y con el desarrollo del medio rural, y más comprometida con el medio ambiente; da mayor protagonismo a la mujer agricultora; garantiza la diversidad de producciones agrícolas y ganaderas; sustenta la actividad en las zonas de montaña y desfavorecidas, donde no existe otro modelo productivo; mantiene vivas las tradiciones, los usos y costumbres de generaciones anteriores de agricultores, que combinan con los desarrollos tecnológicos modernos; y es garante de la producción de alimentos de calidad».

Sin embargo, la Opa ve que constantemente las instituciones europeas están atentando contra la agricultura familiar y contra la actividad del campo en general. Ahora, «las promesas, tras las protestas de los agricultores y ganaderos, han vuelto a quedar en papel mojado con la aprobación en el Parlamento Europeo aprueba la Directiva de Emisiones Industriales», lamenta la organización. «En las últimas semanas, hemos sido testigos de la situación de hartazgo de los agricultores a través de sus protestas en toda la UE. Sin embargo el pasado 12 de marzo los eurodiputados volvían a traicionar las promesas de flexibilización normativa y cambio de decisiones que afectarán profundamente a nuestro sector», añade.

Restricciones

El mismo balance hace UPA Castilla y León, que considera la nueva norma un ataque para la agricultura en general y muy especialmente para el modelo familiar. La Opa «denuncia que esta normativa generará problemas en miles de granjas en Castilla y León de los sectores porcino y avícola». Y es que la Directiva, de aprobarse tal y como sale de la Eurocámara, «supondría restricciones, dificultades de adaptación y sobrecostes para miles de granjas». Desde UPA hacen un llamamiento para que el Consejo de Ministros de Medio Ambiente, que se reúne el próximo 25 de marzo sea «sensible a la situación del sector» y se logre mejorar la propuesta, ya que la agricultura y la ganadería «nunca debieron formar parte de una directiva enfocada al sector industrial», ya que «nuestras granjas no son industrias», denuncia UPA.

UPA Castilla y León exige a las administraciones públicas españolas (Gobierno central y Junta de Castilla y León) que «pongan en marcha todas las actuaciones que sean necesarias para parar esta Directiva en Bruselas, ‘porque es una decisión más que pone contra las cuerdas a los profesionales del sector que siguen movilizándose en las calles por actuaciones tan incongruentes e injustificables como ésta’.

Por su parte, Coag se pronunció específicamente sobre el marco de agricultura familiar pocos días después del anuncio de la nueva Ley en el discurso de investidura del presidente del Gobierno. La Opa elaboró un documento con las 100 medidas que consideraba necesarias para la nueva legislatura 2023-2027, que ya ha trasladado al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

En el documento se traslada la necesidad de proteger y reforzar modelo social y profesional de agricultura. «La definición de un modelo de agricultura y ganadería socialmente necesarias pretende proteger a las personas que mantienen las explotaciones más vulnerables, imprescindibles para garantizar nuestra alimentación y soberanía alimentaria en un contexto de crisis climática y energética. Protegerlas frente a una agricultura y ganadería basada en modelos uberizados, insertas en largas cadenas de comercio global, financiadas con grandes capitales y/o fondos de inversión, que acaparan recursos naturales limitados o que, en muchas ocasiones, a pesar de expulsar a las personas, se disfrazan de agricultura familiar o sostenible», subrayó el secretario general de Coag, Miguel Padilla.

Padilla llamó al Gobierno a posicionarse ante una cuestión crucial: «¿La producción, la tierra y el agua en manos de fondos de inversión especulativos o de pequeños y medianos agricultores y ganaderos profesionales que generan vida en nuestros pueblos y vertebran el medio rural de forma sostenible?».

Especulación

Por eso «en esta legislatura y la Ley de Agricultura Familiar debe poner las bases y medidas para frenar la reconversión y provocar una gran incorporación de jóvenes a la agricultura. Para ello es imprescindible limitar la entrada de esos fondos de inversión y la especulación con la producción, la tierra y el agua», añade el secretario general de Coag. Además, para lograr esa incorporación de jóvenes y esa rentabilidad, se unen a las demandas específicas de la agricultura familiar todas las de la agricultura en general: precios justos, cumplimiento de la ley de la cadena, cláusulas espejo en las importaciones de terceros países, más y mejor reparto de las ayudas de la PAC, etcétera.

Por su parte Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), manifestó que la futura Ley de Agricultura Familiar, «debe favorecer de forma única y exclusiva a los agricultores y ganaderos profesionales españoles y no a las familias dueñas de grandes empresas agrarias o a los fondos de inversión que han irrumpido y que cada vez mandan más en el sector».

La organización considera que se trata de una ley «necesaria e imprescindible» para proteger la agricultura familiar, pero mantiene su «escepticismo y cautela» hasta ver cómo se concreta la norma. «Puede ser una medida histórica que apoyamos si de verdad se desea apostar por ese modelo familiar que tiene un alto valor social, económico, territorial y medioambiental», asegura UCCL.

La Opa recuerda que está en vigor la única referencia legal similar del sector como es la Ley 19/1995 de Modernización de Explotaciones Agrarias que marca como explotaciones prioritarias aquellas a cargo de agricultores y ganaderos profesionales y con una pequeña o mediana dimensión económica. «Sin embargo, es difícil recordar una sola vez en la que el Gobierno haya sacado una ayuda estatal con mayores beneficios para este tipo de explotaciones», critican, subrayando que la organización lo ha pedido insistentemente, por ejemplo, para el plan Renove de maquinaria agrícola «sin que haya habido una respuesta positiva al respecto». Por eso «esperamos que esta nueva Ley de Agricultura Familiar no cometa esos mismos errores y sirva para que los agricultores y ganaderos españoles profesionales puedan obtener la protección deseada y seguir con su actividad en el futuro», afirman desde la organización agraria.

UCCL anunció, además, que presentará a lo largo de este año sus observaciones y enmiendas a este proyecto legislativo y hará su trabajo en las Cortes, para intentar que la Ley favorezca a las explotaciones de agricultores y ganaderos profesionales en las políticas agrarias. «Eso de familiar es realmente muy confuso y no se puede meter en el mismo saco a los grupos familiares con grandes empresas en el sector y a los fondos de inversión con los pequeños y medianos agricultores y ganaderos», concluyó.

Tramitación

Los trabajos para elaborar la nueva Ley de Agricultura Familiar comenzaron el pasado mes de diciembre y sigue un calendario en el que se organizarán distintos encuentros durante todo el año 2024 de cara a definir su contenido. La única referencia legal vigente del sector es la ley de 1995, y en este tiempo «cuestiones tan importantes como la definición de las explotaciones, sus titulares, la dedicación de los profesionales se han introducido en los sucesivos reglamentos de la Política Agraria Común, y que ha llegado el momento de incluir todo eso en una norma de rango legal», informa el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Mapa).

Entre los aspectos que abordará la norma están la mencionada titularidad compartida o las ayudas suplementarias que se puedan dar para fomentar la incorporación de jóvenes, y el objetivo, ha detallado, es que a finales de 2024 se pueda disponer de un anteproyecto de ley que se sometería a tramitación parlamentaria durante 2025.

En la agenda de contactos con las Opas, Cooperativas Agroalimentarias, consejeros de Agricultura de las comunidades autónomas y otras entidades e instituciones, el Mapa informa también de la estrategia nacional de alimentación, «uno de los ejes de la nueva legislatura». El Ministerio subraya que España es uno de los principales productores agroalimentarios del mundo y que es necesario adaptarse a las nuevas circunstancias derivadas de la situación geopolítica y de las condiciones de producción, como la sequía y el cambio climático. «Es muy importante que seamos capaces de producir alimentos en cantidad y calidad y a precios razonables, teniendo en cuenta los nuevos parámetros», señala.

Con vistas a este objetivo, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación destaca que la formación «va a ser uno de los capítulos prioritarios de su nuevo mandato, porque es muy necesaria para la agricultura que viene».

En su discurso de investidura, Pedro Sánchez anunció la aprobación de la Ley de Agricultura Familiar «que va a favorecer este tipo de agricultura, que va a generar valor añadido social y vinculación con el territorio. Y vamos a desplegar una Estrategia Nacional de Alimentación para España que permita desarrollar toda la cadena de suministro alimentario, fomentar el empleo rural y mejorar la calidad de la alimentación», aseguró.

También se comprometió a «seguir impulsando las ganancias de eficiencia y de circularidad de nuestra sociedad, con la ambición de que, al final, el tejido productivo acabe siendo un sistema simbiótico en el que nada se desperdicia».