Europa se la juega entre químicas o plagas en el campo

La polémica sobre el uso de productos fitosanitarios en la agricultura vuelve a la palestra estos días con el debate en Bruselas de la propuesta de Reglamento de uso sostenible de los productos fitosanitarios lanzada por la Comisión en julio del año pasado. Con este documento la UE da un paso más en su intento de terminar con la agricultura convencional y generalizar otra ‘ecológica’ que utilice la menor cantidad posible de fertilizantes, y la menor cantidad posible de fitosanitarios. 

La propuesta del nuevo reglamento comenzaba proponiendo la reducción del uso de estos productos un 50% en el horizonte de 2030, y ahora el ponente lanza otro reto mayor: reducir en un 80% el uso de los más peligrosos en el mismo plazo de tiempo.

El asunto, como todos los que se refieren a la agricultura en la Unión Europea, preocupa, y mucho, a los agricultores de Castilla y León, pese a que la Comunidad Autónoma sea la segunda de España que menor porcentaje utiliza de estos productos químicos, tan solo unos 3,4 kilos de sustancia activa por hectárea, frente a otras regiones como Canarias, que usan nada menos que 69 kilos por hectárea.

Los fitosanitarios son productos químicos que contienen una o varias sustancias activas cuyo objetivo es proteger los vegetales y sus productos de organismos nocivos, según detalla el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco). También se consideran productos fitosanitarios a las sustancias que destruyen las plantas, regulan o inhiben la germinación. 

La preocupación es grande porque estos productos contribuyen a aumentar los rendimientos en la agricultura y ayudan a asegurar una buena calidad en los alimentos. Los profesionales del camp o creen, por una parte, que no están todavía claros los efectos que puede tener sobre las cosechas un tratamiento deficiente de algunas de las plagas que hoy se combaten de forma eficaz, tanto plagas de insectos como los hongos más comunes. Cierto es que el uso masivo de estos productos «puede tener efectos desfavorables en la producción vegetal y también puede entrañar riesgos para los seres humanos, animales y el medio ambiente», pero agricultores y Opas señalan que hay que tratarlo todo en su justa medida, y no establecer políticas, como ya están acostumbrados, que primen un mal entendido conservacionismo sobre la producción de alimentos.

Por otra parte, se temen que, como casi siempre, las medidas adoptadas en Bruselas terminen acarreando costes para sus bolsillos. Una sospecha que no anda desencaminada, puesto que ya ha habido propuestas en la UE de cargar con un nuevo impuesto ‘ecológico’ a estos productos químicos.

En la distribución del consumo de producto empleado por tipo y hectárea, según estudios del Miteco , se observa que las comunidades autónomas con un mayor uso de productos fitosanitarios son aquellas que tienen sistemas agrarios más intensivos y más tecnificados. Así, en un pasado ejercicio, las comunidades autónomas con un mayor empleo de productos fitosanitarios fueron Canarias, con 69,1 kilos por hectárea (kg/ha), seguida de la Región de Murcia (33,8 kg/ha), la Comunidad Valenciana (27,3 kg/ha) y La Rioja (23,4 kg/ha). Mientras, las comunidades autónomas con una agricultura menos intensiva registraron unos consumos más estables y de menor magnitud, como es el caso de Castilla - La Mancha (2,3 kg/ha), Castilla y León (3,4 kg/ha) y Aragón (4,3 kg/ha). 

La asociación de fabricantes de productos fitosanitarios, denominada Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas (Aepla) ha calificado la propuesta de nuevo Reglamento de la UE como «complejo, poco realista y con impacto directo en la agricultura europea».

PRODUCTORES

Las posturas entre Agricultura y la Comisión de Medio Ambiente en la UE, que también está implicada en el debate en el Parlamento Europeo, son opuestas. Según el calendario previsto, el expediente se debate ahora en la Comisión de Agricultura de la Eurocámara, pasará por la de Medio Ambiente en septiembre y en octubre por el Pleno del Parlamento Europeo. Sin embargo, algunos analistas señalan la dificultad de que dicha propuesta se apruebe antes de las elecciones al Parlamento Europeo, previstas para mayo o junio de 2024.

Asociaciones de agricultores, como la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas vivas (Fepex) han señalado que la propuesta de Reglamento sobre el uso sostenible de fitosanitarios supone «una reducción drástica de las herramientas básicas que tienen los productores para hacer frente a plagas, y enfermedades de las plantas, que se suma a la que ya se vienen produciendo desde 2009, como consecuencia de la Directiva 2009/128 por la que se establece el marco de la actuación comunitaria para conseguir un uso sostenible de los plaguicidas».

Consecuencia de esta normativa, ya se ha reducido el número de materias activas disponibles porque no hay alternativas eficaces para la mayoría de ellas, con lo que ya se están produciendo cambios de planteamientos productivos y hay una previsión de reducción de determinados cultivos. Por ello, los productores consideran imprescindible posponer la entrada en vigor del futuro Reglamento y que sus planteamientos tengan en cuenta la realidad productiva de las explotaciones hortofrutícolas.

Durante los últimos días también han analizado el debate del reglamento desde la plataforma Tierra de Cajamar. El analista Manuel Lainez, de Lainez Biotrends , asegura en la plataforma que, desde que en 2020 se adoptara el Pacto Verde, los agricultores «son cada día más conscientes de que el lugar en el que se debate su futuro es Bruselas. Y también, que en ese juego de decisión compartida entre la Comisión, el Parlamento Europeo y el Consejo, todos tienen un papel relevante». 

Según Lainez, la Comisión lanza sus propuestas, alineadas sobre la base de la Estrategia de la Granja a la Mesa. El Parlamento Europeo propone enmiendas. Y el Consejo, liderado por la presidencia de turno, aporta las suyas. Al final hay que buscar una posición intermedia. Y en ese equilibrio los lobbies y la investigación juegan un papel importante . 

«El primer documento proponía la reducción del 50% en el empleo de productos químicos, así como la aplicación del control integrado de plagas como una alternativa. También recogía la prohibición del uso de pesticidas en áreas sensibles. El expediente se trabaja en el seno de dos comisiones del Parlamento Europeo: la de Medio Ambiente y la de Agricultura. Ambas emiten sus opiniones y propuestas», detalla el analista. 

Sin embargo, «el ponente de la Comisión de Medio Ambiente exponía hace unos días sus recomendaciones: elevar el objetivo de reducción del uso de pesticidas más peligrosos al 80% para 2030; y cambiar el período de referencia de las metas a 2018-2020, en lugar de 2015-2017». Para las aéreas sensibles «planteaban la utilización de los productos autorizados en agricultura ecológica».

IMPUESTO

Por último, detalla Lainez, consideran oportuno «imponer un impuesto a los productos químicos, para dotar un fondo estatal que facilite la aplicación del Reglamento». Es decir, se trata de endurecer la propuesta inicial. «Mientras tanto, la Comisión de Agricultura ha dedicado las últimas sesiones a escuchar la opinión de expertos. En una de las sesiones del mes de mayo han participado los representantes de un proyecto europeo de investigación e innovación denominado Ipmworks . Su objetivo era la creación de una red de agricultores pioneros en demostrar la rentabilidad económica de las estrategias de control integrado de plagas, con bajo uso de pesticidas». 

La opinión trasladada por representante de este proyecto es que, aun siendo necesario el uso de productos químicos, el control integrado de plagas es una alternativa posible, aunque más cara. No obstante, su trabajo no se ha extendido a todos los cultivos, entornos geográficos y países. El Parlamento tendrá que debatir su posición definitiva, considerando las propuestas de las dos comisiones, continúa el analista de la plataforma Tierra. En las negociaciones política s «es necesario ceder para llegar a un acuerdo, lo que me lleva a pensar que su propuesta definitiva irá más allá de lo que inicialmente propuso la Comisión». 

«Estoy seguro de que los lobbies asentados en Bruselas están haciendo su trabajo, y ahí encontraremos grupos medioambientalistas, agricultores y empresas de control de plagas», apunta Lainez. «Los primeros se acercarán con más facilidad a la Comisión de Medio Ambiente; los segundos a la de Agricultura. Está claro que los agricultores, cuando voten dentro de un año en las elecciones al Parlamento Europeo , deben ser conscientes de la trascendencia de su decisión». Mientras tanto, «España asume la presidencia del Consejo Europeo a partir del próximo 1 de julio». 

Por su parte las Organizaciones Profesionales Agrarias (Opas) han alertado de que un menor uso de fitosanitarios puede redundar en una contracción importante de las cosechas, y por tanto una disminución de la productividad y un perjuico para los agricultores. Así, la Unión de Campesinos de Castilla y León, a través de su estatal, Unión de Uniones, criticó el planteamiento de reducir el uso de fitosanitarios un 80% para 2030, así como unos estándares más estrictos para las explotaciones ganaderas en la directiva de emisiones industriales. La Opa censuró «la obcecación en acometer el Pacto Verde, del que se derivan estas medidas, pese a que perjudicaría a los agricultores y no es determinante frente al cambio climático si se sigue permitiendo la entrada de toda clase de productos en la UE».

RECIPROCIDAD

La organización considera «inevitable» poner en marcha actuaciones encaminadas a paliar el avance del cambio climático, también en la agricultura y la ganadería, pero critica que éstas sean «a costa del trabajo de los productores europeos y se contemplen medidas aisladas estrictamente a nivel de la UE sin tener en cuenta el contexto mundial».

La organización recuerda que el Pacto Verde europeo se presentó en diciembre de 2019. «Mantener la misma hoja de ruta como si en estos últimos años nada hubiera sucedido en el mundo –o incluso ir más allá tal y como representa la propuesta debatida en la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo– es una irresponsabilidad y atenta contra el propio modelo productivo que queremos conservar», consideran desde UCCL.

La organización recuerda que las producciones agrarias y ganaderas europeas «son de las más eficientes climáticamente a nivel mundial y las más exigentes desde todos los puntos de vista». Por tanto, en el previsible contexto de crecimiento del consumo mundial de alimentos «no tendría sentido limitar la producción o dejar de producir determinados alimentos en la UE, ya que simplemente se trasladaría la huella medioambiental y de otras prácticas no sostenibles a otros países menos eficientes productivamente, poniendo en peligro la soberanía alimentaria de la UE que, por otro lado, tanto se quiere defender».

«No vale decir que vamos a reducir el uso de pesticidas para combatir el cambio climático y a la vez importar alimentos que están a miles de kilómetros de distancia que han usado esos mismos pesticidas y con dudosa garantía de los derechos laborales», comentan desde la organización. UCCL señala también que al querer desmantelar unilateralmente las herramientas para proteger la sanidad de los cultivos o ganaderías, con la eliminación de materias activas o de productos veterinarios, se está poniendo en riesgo la capacidad exportadora agroalimentaria en la UE. «Ya se han dado casos de bloquear en frontera la entrada de productos europeos en algunos países terceros, por el riesgo que plagas que no han podido ser convenientemente tratadas por no disponer de productos adecuados».

Para la organización, el impacto de la pandemia, de la guerra en Ucrania y ahora la aguda sequía deben llevar a reflexionar a los mandatarios nacionales y europeos de que «es necesaria una moratoria en los objetivos marcados por el Pacto Verde y sus estrategias, entre ellas la de la Granja a la Mesa o la de Biodiversidad, con el fin de no socavar la seguridad alimentaria y la viabilidad de las explotaciones agrícolas de la UE».