El Mapa convoca subvenciones por 1,8 millones a la titularidad compartida

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Mapa) ha abierto el plazo de presentación de solicitudes a las ayudas a la titularidad compartida , con la publicación el pasado martes de un extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Se trata de subvenciones directas a las explotaciones agrarias de titularidad compartida para el ejercicio 2023. 

El paquete de ayudas cuenta con un presupuesto de 1,8 millones de euros, y podrán optar a él las explotaciones agrarias de titularidad compartida que se hallen inscritas en situación de alta, en el registro correspondiente del Ministerio, con un mes de antelación a la fecha de publicación del extracto de la convocatoria en el BOE.

Se trata de ayudas con una especial importancia para Castilla y León, la Comunidad líder en España de este tipo de explotaciones, pues acapara casi el 45% del total en España, con 504 de las 1.124 existentes en el conjunto nacional. La segunda Comunidad de la tabla, Castilla-La Mancha, le sigue a distancia con la mitad de explotaciones, 253. 

Las ayudas se convocan en régimen de concesión directa y no están sujetas a la concurrencia competitiva de los solicitantes, según informó el Mapa el día de la convocatoria. Su cuantía máxima anual alcanza los 1.500 euros por explotación beneficiaria.

Tal y como establecen las bases reguladoras, su finalidad es contribuir al pago de las cuotas de la Seguridad Social a las que los titulares de las explotaciones agrarias de titularidad compartida se encuentran obligados. La documentación requerida se tendrá que presentar en el plazo de 15 días hábiles contados a partir del 19 de abril.

Por provincias, con datos actualizados este mismo mes, León es la que más explotaciones de titularidad compartida alberga en la Comunidad, una de cada tres, con 178, el 35,3% . Le sigue en la lista Burgos, con 67 (13,3%) , y después, de cerca, Salamanca, con 65 (12,9%). Ya a más distancia, completan la tabla Valladolid, con 50 (9,9%); Ávila, con 46 (9,1%); Palencia, con 33 (6,5%); Segovia, con 27 (5,4%); Soria, con 20 (3,9%) y en último lugar Zamora, con 18 titularidades compartidas, el 3,6% del total.

Por su parte, Asaja salió el viernes al paso de la convocatoria para reclamar al Ministerio una revisión de normativa agraria respecto a las titularidades compartidas. La Opa critica que una figura asociativa como es la de titularidades compartidas de las explotaciones agrarias, que ha sido promovida por una Ley e impulsada por todas las políticas agrarias, «sea periódicamente torpedeada por las administraciones», explica en un comunicado. Estas situaciones «no favorecen el avance de esta figura, que es lento, a pesar de ser Castilla y León la Comunidad autónoma que más ha apostado por la titularidad compartida, con 504 parejas, casi la mitad del total nacional». 

desarrollo lento

Después de una década desde la implantación de la figura (la Ley sobre titularidad compartida data de 2011), continúa Asaja, agricultores y agricultoras se han decidido por esta forma de gestionar las explotaciones cuando han visto ventajas derivadas del desarrollo de la propia Ley, como también ventajas que han ido introduciendo con carácter horizontal distintas administraciones con competencias agrarias. No obstante, «el desarrollo normativo ha sido lento, e incluso todavía en la actualidad hay administraciones que no reman en la misma dirección, tal como ha criticado Asaja en numerosas ocasiones» , añade la organización. 

Entre las últimas, está la exclusión de algunas entidades locales de participación de pastos a solicitantes que son figuras asociativas sin personalidad jurídica, como las comunidades de bienes, ciertas sociedades civiles, y las titularidades compartidas de explotaciones agrarias. En este caso, basaban la decisión en la Ley de Contratos del Sector Público, que limita la posibilidad de contratar a personas naturales o jurídicas. 

Otra «situación injusta», denuncia la Opa, se da en el viñedo, al no poderse incluir como bien común de la pareja por las incompatibilidades del Real Decreto sobre potencial vitícola con la figura de la titularidad compartida. En estos casos, detectados en la provincia de Burgos, se complica enormemente la gestión, puesto que pese a la cotitularidad se les obliga a seguir funcionando como si fueran dos explotaciones distintas –con cuadernos de campo, contabilidad y PAC independientes–, entre otras limitaciones que imposibilitan el avance de la explotación. 

Pero no es el único caso, hay más en los que Asaja trabaja para lograr que estas parejas de agricultores y ganaderos no se vean perjudicadas por la abundante normativa que no contempla la especificidad de las titularidades compartidas y plantea problemas y escollos para el desarrollo de estas explotaciones. Son problemas individuales y complejos, «para los que las administraciones no dan respuesta o la retrasan meses o incluso años».

Por ello , Asaja reclama al Ministerio de Agricultura que se atiendan con rapidez estas «incongruencias e injusticias» que afectan a explotaciones en titularidad compartida, y que además su equipo jurídico revise de forma global la normativa agraria para evitar que «estas situaciones de indefensión sigan perjudicando a parejas de agricultores y ganaderos que optan por una figura que precisamente promueve la propia Administración». 

Por último, Asaja hace un llamamiento a todas las administraciones públicas, incluidos ayuntamientos y entidades locales menores, para que se aplique coherencia en todas las políticas que redunden en el sector agrario, para que no se perjudique ningún modelo asociativo  ya que a todos ellos hay que promocionarlos, y en particular para que no se perjudiquen a las titularidades compartidas que tienen como principal objetivo promover la incorporación de la mujer al campo y a la toma de decisiones empresariales.