El campo se ‘reinventa’ con el biogás

De la producción de alimentos a la generación de energía. Es el salto cualitativo y cuantitativo que tiene ante sí la actividad agraria, un nuevo nicho de riqueza, empleo y valor añadido que poco a poco se va implementando en el campo. Ya es conocido el crecimiento de los cultivos destinados a la extracción de biodiésel, que es un canal más para comercializar cultivos como la colza, el girasol o la soja. Pero ahora va ganando fuerza otra fuente de energía mucho más barata para el productor: los residuos.

Así lo ha puesto de manifiesto estos días la Asociación Española del Gas (Sedigas), que ha difundido un estudio en el que pone sobre la mesa que Castilla y León podría albergar 520 plantas de biometano –una fuente de energía que además de renovable, es autóctona–, aprovechando principalmente los residuos agrícolas y ganaderos. Tal despliegue de factorías energéticas se traduciría en un potencial de 38 teravatios-hora al año (TWh/año), lo que significa el 23% del total nacional. «Con esa energía se podría abastecer el 100% de la demanda de gas natural de la región y exportar los excedentes al resto del país», aseguran desde Sedigas.

Es una de las principales conclusiones del informe ‘Estudio de la capacidad de producción de biometano en España’, elaborado por Sedigas en colaboración con PriceWaterhouseCoopers (PwC) y la consultora especializada Biovic, con el objetivo de analizar el potencial nacional de este gas renovable y aportar conocimiento que ayude en la definición de sus planes de desarrollo y en la estrategia nacional de descarbonización, según informan desde Sedigas.

La puesta en marcha de estas plantas « movilizaría inversiones por valor de 10.112 millones de euros , el equivalente a un 18,25% del Producto Interior Bruto (PIB) de la región en 2020. A esta cifra habría que añadir la necesaria para conectar las plantas a las redes de gas ya existentes, que sumaría otros 750 millones de euros», señala la misma fuente. «La apuesta tendría, además, un impacto positivo sobre el empleo en Castilla y León, dado que se traduciría en la creación de 5.156 puestos de trabajo directos y 10.915 indirectos asociados a la operación recurrente de las plantas, así como 7.800 empleos directos y 104.000 indirectos asociados a la construcción de las mismas».

Los residuos agrícolas y ganaderos, junto a los cultivos intermedios, son los que más aportarían al biometano de Castilla y León. La Comunidad, con casi 5,3 millones de hectáreas cultivables, concentra más de la mitad de la superficie cultivable de España, según los datos que expone el informe. «Los cultivos que destacan en la Comunidad son los de remolacha azucarera, trigo blando y girasoles que constituye el 68,6%, 47,5% y 43% respectivamente de todo el territorio nacional. Otros cultivos que tienen un peso importante son el maíz, patata y cebada». Esto explica que los residuos generados por estos cultivos «supongan el 50% del potencial de generación de biometano en la región (19 TWh/año)».  

Otros sustratos con potencial de generación de biometano son la biomasa forestal residual (con capacidad para producir 7 TWh/año), los residuos provenientes del sector agrario, como la paja de cereales, muy presente en la Comunidad (6 TWh/año), las deyecciones de su gran cabaña ganadera, así como los residuos de su desarrollada industria agroalimentaria, que aportarían 4 TWh/año y 0,77 TWh/año, respectivamente.

El informe identifica tres tipos de instalaciones con potencial de implementación en la región: 271 plantas de obtención de biometano a partir de residuos agroalimentarios, ganaderos, agrícolas y lodos de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (Edar); otras 215 que utilicen como sustrato los residuos generados por los cultivos intermedios; y 34 instalaciones a partir de la gasificación de la biomasa forestal residual.

En Burgos y Valladolid se concentraría el mayor potencial de producción de biometano con 1,8 TWh/año en ambas provincias. Esto se debe a que ambas disponen de grandes cantidades de residuos vegetales, cuyo potencial de generación de biometano es mayor que otros residuos. En Salamanca y Segovia, donde se concentran más residuos procedentes de la industria ganadera, el potencial de producción de biometano suma 1,4 y 1,2 TWh/año, respectivamente. Zamora, por otra parte, es la provincia que mayor número de plantas de biometano procedente de cultivos intermedios podría albergar, con hasta 46 instalaciones. 

De las seis instalaciones operativas de producción de biometano en España, Castilla y León cuenta con una, el proyecto ‘Unue’, ubicada en Villalonquéjar (Burgos). Ha sido impulsado por Enagás Renovable junto con Suma Capital y tiene como objetivo producir e inyectar aproximadamente 20 GWh anuales de biometano en la red gasista, lo que supone un impacto medioambiental positivo en la gestión de residuos y, al mismo tiempo, una reducción anual de emisiones de 4.500 toneladas de CO2 equivalentes, continúa detallando el informe de Sedigas.

En palabras de Joan Batalla, presidente de Sedigas, los resultados de este informe «ponen de manifiesto la oportunidad de Castilla y León para liderar la apuesta española por el biometano, una solución verde y eficiente en costes para avanzar en la descarbonización. No hay que olvidar que su desarrollo está íntimamente ligado al mundo rural, ya que los residuos ganaderos y agrícolas son una de las principales materias primas para su producción, por lo que su despliegue aportaría mayor riqueza a la economía regional».  

Aun así, una vez cuantificado el potencial de Castilla y León en la producción de biometano, su despliegue depende de la superación de una serie de barreras. «Desde Sedigas, consideramos que existen dos principales retos a abordar: por una parte, la necesidad de impulsar y facilitar, a través de incentivos, la interconexión de las potenciales plantas a la red gasista ya que, debido a la amplia extensión de la región, la red de gas no abarca una gran parte del territorio», explica Batalla. «Por otra parte, las administraciones deberían priorizar la valoración energética de los residuos agrarios para la producción de energía renovable frente a otro tipo de valorizaciones».

El biometano es un gas renovable de características análogas al gas natural convencional, explican desde la asociación, cuya importancia en la transición energética se ha puesto de relevancia especialmente desde el comienzo de la crisis de precios y de suministro derivada de la invasión rusa de Ucrania. El Plan REPowerEU de la Comisión Europea, concebido para acelerar la desconexión de Rusia, le otorga un papel protagonista en la consecución de los objetivos de independencia energética europeos, ampliando hasta los 35.000 millones de metros cúbicos el objetivo comunitario de producción para 2030 .

ENERGÍA LIMPIA

El principal valor de este gas renovable reside en que sus posibilidades de desarrollo son especialmente palpables en sectores de difícil electrificación por la naturaleza de sus actividades y en que permite el aprovechamiento de multitud de residuos, solucionando el problema de gestión existente en España e impulsando, por tanto, la economía circular. «Asimismo, se evitaría la emisión de 8,3 millones de toneladas de metano que, de otra manera, se liberarían a la atmósfera de forma natural por la descomposición de los residuos reutilizados para generarlo», añaden desde la Asociación Española del Gas, entidad que representa desde 1970 a las empresas del sector gasista español.

Si se atiende a los datos de España en su conjunto, el país cuenta con un potencial de producción de biometano de 163 TWh/año , una cifra que permitiría cubrir en torno al 45% de la demanda nacional de gas natural y cuyo desarrollo podría haber supuesto un ahorro de unos 4.000 millones de euros a los consumidores en su factura energética en 2022, por la reducción de las compras a países terceros. 

La materialización del potencial español de producción de biometano supondría, asimismo, un importante impulso al desarrollo socioeconómico local, ya que conllevaría la puesta en marcha de 2.326 plantas especializadas a lo largo de todo el territorio, con una inversión asociada estimada de 40.500 millones de euros –el equivalente al 3,6% del PIB– y la generación de cerca de 62.000 empleos, entre directos e indirectos, asociados a su operación y mantenimiento.

Totalmente de acuerdo con el informe se han mostrado los colegios de ingenieros industriales de Castilla y León, que reclaman a las administraciones que apuesten por la instalación de plantas de biometano inyectable a la red de gas natural y remarcan que Castilla yLeón es, con diferencia, la autonomía con más potencial. Por ello, y a la luz de los informes de Sedigas, el colectivo insta al Gobierno de la nación, a la Junta y a las corporaciones locales a facilitar, en función de sus competencias, la construcción de plantas de gas metano «con incentivos económicos y fiscales, simplificando trámites y reduciendo la burocracia».

«Un impulso decidido a favor de esta energía renovable es una apuesta por el futuro, por la descarbonización, por la economía circular, por la independencia energética, por la creación de empleo y la generación de riqueza, especialmente en el medio rural», afirmaron los representantes de los colegios de ingenieros industriales de Castilla y León, en declaraciones que recogió Ical, en el transcurso de una reunión para analizar la situación de la Comunidad en relación con el compromiso internacional de reducción de los gases contaminantes.

CUATRO NUEVAS PLANTAS

Este mismo año entrarán en funcionamiento cuatro plantas más de biometano en Castilla y León, «lo que pone de manifiesto la capacidad de crecimiento que ya tiene esta fuente de generación», apuntan los colegios de ingenieros. En concreto, está prevista la entrada en funcionamiento de una factoría en Villacastín (Segovia) , otra en Ólvega (Soria) y dos más en Cabezón de Pisuerga y Olmedo (Valladolid). También está proyectada otra en Carbonero El Mayor (Segovia).

«En todo caso, el verdadero desarrollo de esta actividad se produciría con un marco normativo homogéneo y más favorable en toda España, porque la situación actual nos sitúa muy lejos todavía de otros países de la UE», lamentan los ingenieros industriales.

Entretanto, la normativa para gestionar los residuos de las instalaciones agrarias y ganaderas sigue quitando el sueño a agricultores y ganaderos. Por poner un ejemplo, Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), a través de su estatal, Unión de Uniones, ha solicitado a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente que no se cargue a las explotaciones con más burocracia en referencia a la ley de residuos. En concreto se refirió a la presentación de la memoria resumen anual sobre productos peligrosos que contempla la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados, con la que ahora están obligados también a presentar esa memoria los productores y, entre ellos, las explotaciones ganaderas.

Se trata fundamentalmente de envases vacíos de biocidas y aerosoles y diversos residuos zoosanitarios que, en la inmensa mayoría de las granjas se generan muy por debajo de las 10 toneladas al año que se establecen para considerar un productor de residuos como pequeño productor de residuos peligrosos.

Con la Ley de Residuos estos ganaderos tendrían que empezar a presentar también la memoria resumen anual de dichos productos, cuando, además, la información que contendría dicha declaración ya es remitida a la Administración por otras vías como documentación de control de la gestión de los mismos. Esta memoria tendría que presentarse, además, antes del 31 de marzo de cada año.

Unión de Uniones considera que, por la Ley de Procedimiento Administrativo, no cabe solicitar a los agricultores y ganaderos una documentación de la que ya dispone la Administración, por lo que ha pedido al Secretario de Estado que emita una nota interpretativa sobre el artículo 65 de la Ley de Residuos donde se aclare que los ganaderos no están obligados a presentar la memoria resumen anual. «No es razonable seguir cargando a los ganaderos con más burocracia» señalan desde la organización «y si no nos hacen caso, tendremos que acudir nuevamente a promover enmiendas a la Ley, como ya ha pasado con el asunto de las quemas».

Normas para el tratamiento de residuos que ahora se extienden también de modo particular a las emisiones. A ese respecto, la Alianza UPA-Coag solicitó recientemente a la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León que reactive la aplicación Excel creada por la Administración autonómica para el cálculo de las emisiones generadas por las explotaciones, a causa de las complicaciones causadas por la nueva herramienta.

HERRAMIENTAS

La Consejería sustituyó esa herramienta, basada en Excel, más sencilla y ya conocida por los ganaderos, por un enlace a la aplicación ‘Ecogan’, creada por el Ministerio de Agricultura. «Esta medida ha supuesto un paso atrás en la tramitación digital debido a los inconvenientes que presenta la nueva herramienta : solo vale para el sector porcino y su manejo es mucho más complejo», lamentan desde la Opa. 

Por eso la Alianza ha salido a la palestra para poner en valor el buen funcionamiento y sencillez de la herramienta anterior de la Consejería, y ante la obligatoriedad de realizar los cálculos de emisiones y la posibilidad normativa de utilizar para estos cálculos cualquier herramienta, considera la puesta a disposición de dicha herramienta para técnicos y ganaderos «la mejor alternativa posible para poder llevar a cabo el cálculo de las emisiones de las explotaciones en nuestra Comunidad».

Es solo un ejemplo del tratamiento de residuos en las granjas, ya que ni de envases de biocidas, ni de residuos zoosanitarios, ni de emisiones se obtiene el biogás. Pero sin duda, la generalización de la extracción de biogás a partir de residuos agrícolas y ganaderos cambiaría los modos de producción y podría impulsar un marco más ágil de gestión.

A las posibilidades del biogás hay que añadir, si se habla de energía procedente del campo, los enormes recursos forestales de la Comunidad Autónoma, la que acumula mayor masa forestal de España. Castilla y León es líder nacional en la fabricación de pellets, pues aporta el 20% de la producción nacional con siete plantas que pueden alcanzar las 160.000 toneladas al año, a las que se suman otros tres centros de elaboración de briquetas (bloques sólidos de madera). Más de la mitad de la producción autonómica procede de Burgos, la primera provincia de España, con 90.000 toneladas al año.

La Junta de Castilla y León destaca que la Comunidad es un referente nacional en la generación de energía a partir de biomasa global, al tratarse de la primera Comunidad Autónoma en recursos y la mayor comunidad en superficie agrícola y forestal (el 51% del territorio autonómico es forestal). Además de ser líder nacional en pellets, este gran potencial sitúa a la región en los primeros puestos en producción de biomasa biotérmica , con más de 600 instalaciones y la séptima posición en generación eléctrica.