Más de 58.000 productores reciben 600 millones de euros de anticipos de la PAC

Continúa el pago de anticipos de la PAC a agricultores y ganaderos de Castilla yLeón, con la incertidumbre de cómo se adaptará el funcionamiento de la nueva Política Agraria Común a las necesidades reales de los productores a partir del 1 de enero del año que viene. La Consejería de Agricultura, Ganadería y DesarrolloRural ha desembolsado la pasada semana casi 600 millones de euros para más de 58.000 productores, mientras las Organizaciones Profesionales Agrarias (Opas) continúan sus reivindicaciones sobre el engranaje futuro de la política europea.

Así, la Alianza UPA-Coag ha salido a la palestra para reclamar a la Consejería que se establezcan mecanismos para que no haya «desviaciones importantes» sobre los importes planificados en los eco-regímenes. Por su parte, UCCL critica que se reduzcan las ayudas a los viticultores y «se deriven a las bodegas».

La Administración autonómica ha informado de que a lo largo de todo el mes de octubre se efectuaron pagos de anticipos de ayudas de la solicitud única de la PAC 2022 «de acuerdo con la previsión de pagos anunciada» y cuyo objetivo ha sido transferir al sector en ese mes un importe en concepto de anticipos «cercano a los 600 millones de euros». Concretamente el montante, distribuido en el 70% de ayudas a superficies (502,35 millones, el 84%), el 70% de ayudas asociadas a ganaderos (60,41 millones, el 10,1%) y el 85% de las ayudas Feader (35.25 millones, el 5,9%), solicitadas en el primer semestre de este año, suma 598.014.925,95 euros.

En ese importe está incluido, en el apartado de superficies, el pago básico, el pago por el componente verde, el pago complementario a jóvenes agricultores, el pago a los agricultores del régimen simplificado, las ayudas asociadas al cultivo de remolacha y las ayudas asociadas a los cultivos de proteaginosas y oleaginosas, y por último la ayuda asociada a las legumbres de calidad.

En lo que se refiere a las ayuda asociadas a los sectores ganaderos, se incluyen la ayuda asociada a los productores de vacuno de leche , a los de vacas nodrizas y a los de ovino y caprino.

En la última semana de octubre se autorizó también el pago de un primer anticipo del 85% del importe de las ayudas agroambientales medias de agricultura ecológica, cultivos agroindustriales sostenibles, superficies forrajeras pastables y apoyo a la trashumancia, pastoreo con ovino y caprino y apicultura para mejora de la biodiversidad, así como el anticipo a las explotaciones en zonas de montaña y otras zonas con limitaciones naturales, todas ellas financiadas por el Feader.

En las próximas semanas está previsto también realizar un segundo lote de pagos de anticipos del 70% de las ayudas directas y también pagos de anticipos por el 85% del importe de medidas de desarrollo rural, según desveló la Consejería del área. En primer lugar de la tabla de pagos aparece Salamanca, con un total de 107,78 millones de euros anticipados, de los que 78,4 corresponden a ayudas a superficies. Le sigue Burgos, con 77,6 millones anticipados, de los que 70,55 son de superficie. En tercer lugar aparece Valladolid, con 71,8 millones de los que 65,65 son ayudas asociadas a superficies de cultivo.

Los últimos lugares de la tabla los ocupan Segovia, con 43,1 millones, 63,8 de ellos por superficies; Soria, con 43,98 millones, 39,9 de ellos por superficies, y Ávila, con 55,3 millones, 41,6 de ellos por ayudas asociadas a superficies. En el reparto por provincias, Salamanca recibe el 18,02% de los fondos anticipados, Burgos el 12,98%; Valladolid el 12,01%; León el 11,91%; Palencia el 10,89%; Zamora el 10,38%; Ávila el 9,24%; Soria el 7,35% y Segovia el 7,21%.

PROPUESTAS

En este marco, la Alianza UPA-Coag ha mostrado su preocupación tanto al Ministerio como a la Consejería de Agricultura por el cumplimiento de algunos de los compromisos y exigencias establecidas en la nueva ayuda de los eco-regímenes, que con un presupuesto para 2023 de 1.107.493.482 euros, supone un 23% del total de la nueva PAC, por lo que «aun siendo de carácter voluntario, resultan fundamentales para mantener la rentabilidad de las explotaciones», valoran los coordinadores de la Alianza en Castilla y León.

«Nuestra organización muestra su preocupación por la disponibilidad de fondos y su reparto entre los diferentes eco-regímenes. Reclamamos una vez más al Gobierno regional que inste al Ejecutivo central a que establezca los mecanismos necesarios para que no se produzcan desviaciones importantes con respecto a los importes inicialmente planificados, proponiendo para tal fin que se recoja normativamente la posibilidad de realizar un reajuste en la dotación financiera de los distintos eco-regímenes una vez conocida la superficie subvencionable en cada uno de ellos», añaden. 

Aurelio González, responsable autonómico de UPA y Lorenzo Rivera, responsable de Coag, recuerdan que cada eco-régimen dispone de un presupuesto a repartir entre las hectáreas que cumplan la práctica, bien de forma lineal o bien de forma degresiva, pudiendo cobrar unos importes que van de un máximo a un mínimo con un amplio margen, en el que se sitúa el «importe planificado».

El sistema de trasvase de fondos entre eco-regímenes, la degresividad de las ayudas, y la minoración de las mismas se encuentra recogida en los borradores de la nueva normativa de PAC, pero «tras su análisis y confrontación con la realidad de las prácticas culturales de nuestros campos, a la Alianza UPA-Coag le preocupa la posibilidad de que se produzcan solicitudes mayoritarias de hectáreas en ciertos eco-regímenes, mientras que otros sean menos solicitados, provocando que los beneficiarios de alguno de ellos cobren los importes máximos mientras que otros que inicialmente preveían unos determinados importes, se vean perjudicados por las correcciones a la baja».

La Alianza solicita a la Consejería de Agricultura que realice e ncuestas de intención de siembra y simulaciones , e inste al Ministerio también a hacerlas, «para ajustar los presupuestos asignados a cada uno de los eco-regímenes y tipologías de superficies, y establezcan así los mecanismos necesarios para evitar que se produzca un reparto desproporcionado e injusto entre los suscriptores de los mismos». Con relación a la necesaria flexibilización de requisitos para acogerse a los eco-regímenes, la Alianza UPA-Coag reclama a la Junta de Castilla y León que tal y como están haciendo otras comunidades autónomas, como Madrid o Castilla La Mancha, «se apliquen excepciones de un porcentaje en la rotación, o el permiso de un pase de cultivador en la siembra directa». 

BAREMOS

Igualmente, piden que se reduzcan los baremos de carga ganadera de 0,20 a 0,15 en pastos mediterráneos, con el objeto de minorar el impacto de la sequía y de las nuevas tablas de conversión de ganado a UGM. La Alianza considera también que es necesario flexibilizar el cumplimiento de determinados requisitos para el eco-régimen de pastoreo en extensivo, sobre todo la obligación de registro en Sitran, así como CUE de entrada y salida de animales de cada término municipal, máxime cuando se pasta en parcelas de términos colindantes.

Por su parte, UCCL, ante el sobre presupuestario recogido el pasado 27 de octubre en el BOE, referido a la Intervención Sectorial Vitivinícola en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común, critica el «d esproporcionado apoyo al sector elaborador reduciendo drásticamente el que va los viticultores ».

Unión de Campesinos de Castilla yLeón a través de su estatal, Unión de Uniones subraya que en esta intervención se ha hecho pública la reducción de los fondos que inciden de manera directa en los agricultores en 12 millones de euros, apoyando las medidas referidas a promoción e inversiones y destinadas a las bodegas que se incrementan en 5,59 millones «sin ninguna garantía de que tales apoyos redunden en la mejora de precios y rentabilidad de los viticultores», lamenta la organización agraria, que no comparte la idea que se recoge en la exposición de motivos del Real Decreto sobre la conveniencia de incrementar la inversión en bodegas. En ese sentido, UCCL destaca que, en contraposición, «las medidas específicamente destinadas a la producción de uva de vinificación (reestructuración y reconversión de viñedo y vendimia en verde) se ven minoradas o bien sin dotación presupuestaria alguna».

Asimismo las destinadas a promoción en terceros países, a juicio de UCCL, « no terminan de ajustar sus condiciones de acceso para promover programas de pequeñas y medianas bodegas , ni se condicionan las ayudas a la existencia de contratos plurianuales en la compra de la uva o vino en origen, con precios remuneradores para la uva y el vino que reflejen un compromiso con el territorio».