ENTREVISTA | DONACIANO DUJO
«Las restricciones a agricultores y ganaderos convierten el monte en un polvorín»
Presidente de Asaja Castilla y León
El presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo. - PABLO REQUEJO
Afronta su sexto mandato en la presidencia de Asaja Castilla y León tras su reelección el pasado 17 de septiembre. No hizo falta ni votar. Los 200 compromisarios le confirmaron en el cargo por aclamación. «Creo que soy ahora mejor presidente de Asaja que al principio, igual que soy mejor agricultor y ganadero que cuando empecé a serlo con 17 años», asegura, antes de ‘sacar músculo’ para defender que la organización agraria es la mayoritaria hoy en Castilla y León, pues representa «a uno de cada dos agricultores».
Pregunta.– Esta PAC viene mal, ¿no?
Respuesta.– En efecto, viene mal.
P.– Y por si fuera poco, en agosto se nos quema el campo.
R.– Desgraciadamente. El sector ganadero es el gran perjudicado, porque tenemos una Ley de montes que le condena: cuando se produce un incendio, prohíbe que paste el ganado en los siguientes 5 años. Asaja pide una modificación de esa ley, para que el ganadero lejos de ser el condenado sea la víctima. Si hay alguien que sabe cuándo y cómo tiene que entrar en esa zona quemada es el ganadero, nadie más interesado que él de que eso se regenere lo antes posible. Eso sí, rechazo las afirmaciones de algunos políticos qué dicen que estos grandes incendios son por el cambio climático. Mentira. Hace años el campo estaba limpio. Un río era un cortafuegos natural, una carretera, un camino, una reguera, un arroyo. Ahora el campo de los agricultores, las tierras de labor, están limpias, pero los terrenos de las administraciones están que dan vergüenza. Tienen hierba seca, maleza, ramas. Cuando hay un incendio, lejos de ser un cortafuegos esas infraestructuras, son un polvorín, y eso hace que los incendios cada vez tengan una virulencia mayor. Antes se permitían prácticas agrícolas que ahora no, como la quema controlada de rastrojos. La Administración limpiaba los ríos, o permitía a los ayuntamientos limpiarlos. Hoy la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) no permite ningún tipo de limpieza.
P.– La PAC, ¿otro polvorín?
R.– La próxima PAC no tiene ningún instrumento para mejorar los precios de los agricultores y ganaderos. Ni nos pone en valor, ni nos reconoce, ni nos defiende ante productos de países terceros. Aquí necesitamos una serie de parámetros en producción, en calidad, en bienestar animal... En otros países se hace de todo y se permite luego vender aquí sus productos. La siguiente cuestión es que cobramos menos ahora que cuando entramos en la Unión Europea en el año 92. Este presupuesto con respecto al anterior tiene una reducción de un 2%. En España significan cien millones de euros. Si perdemos cien millones y no ganamos otros cien que deberíamos subir, porque todo sube, son 200. Por último, la UE nos dice: «No le ayudo a usted nada en los precios, le reduzco el precio, pero ahora tiene que ser usted mucho más verde». Ser más verde, si lo diseña alguien que no pisa el terreno, que no conoce Castilla y León, pone normas absurdas, difíciles de cumplir, que tienen un coste importante y que reducen la producción. Y encima esta PAC deja mucho sitio a los Estados miembros para que elaboren un plan estratégico. Un plan estratégico diseñado por el ministro de Agricultura, con las bendiciones de algunos consejeros, –no del de aquí–, para que le voten los titulares de explotaciones. La PAC perjudica al agricultor profesional que somos en España unos 220.000, y favorece la agricultura de sofá, la agricultura a tiempo parcial, qué son 460.000, del total de 680.000 solicitudes de l PAC que se tramitan. El 70% en España es agricultura a tiempo parcial y el 30% profesional. Está buscando el voto, no la rentabilidad y la profesionalidad de los agricultores. En Castilla y León los datos son distintos, si presentamos 68.000 solicitudes, aproximadamente el 70% somos profesionales y el 30% no. Somos la Comunidad más profesional que hay en España. Por eso perjudica sobre todo a Castilla y León. No entendemos que el ministro en el pago base más el pago redistributivo más la intención en pagos acoplados, en ecoesquemas, le quiera poner topes a las hectáreas, puesto que cuando primas más las primeras hectáreas de la explotación, estás favoreciendo a las explotaciones más pequeñas. En el caso de Castilla y León eso coincide con aquellas que no son explotaciones profesionales, que no son empresas agrarias, que no son cotizantes a la Seguridad Social. La figura del agricultor activo está viciada. No puede ser agricultor activo el que tiene el 25% de los ingresos brutos aunque simplemente sean por una subvención. Y cuando dice el que el que cobre menos de 5.000 euros de la PAC, tampoco nos vale, porque entonces entra todo el mundo. Asaja tiene muy claro que no sobra nadie haciendo agricultura, pero sí hay una prioridad, que son los agricultores profesionales. Son los que se juegan su dinero como empresarios, los que producen y conseguimos con ello puestos de trabajo, producto, beneficio y exportación.
P.– ¿Qué piensa hacer Asaja en ese escenario, si se consolida?
R.– Si no hay un apoyo claro a los profesionales de la agricultura, ese mismo día estaremos de manifestación en Madrid para mostrar nuestro rotundo rechazo a la política del ministro y de algunos consejeros.
P.– Asaja recurrirá con las comunidades autónomas la inclusión del lobo como especie protegida.
R.– El Ministerio utilizó armas poco legítimas en una votación para incluir el lobo en ese listado. Poco puede decir, o debe decir, Melilla sobre caza el lobo en Castilla y León. O Canarias, o Baleares. El lobo no está en peligro de extinción. En el 92 había 400 lobos en Castilla y León, los mismos que hay en Francia en estos momentos. Ahora hay 2.000 lobos. Claramente está en expansión. Los ataques en el año 2015 fueron 1.500. Los ataques en el año 2020 fueron 2.600, es decir, 1.100 ataques más en cinco años. No hay que justificar mucho más. Lo que tiene que hacer la ministra es un estudio para los próximos años sobre cómo gestionar y conservar el lobo. Hay que estudiar cuántos lobos hay, dónde están y qué daños provocan, qué territorios podrían acoger esos lobos, qué territorios están superpoblados, adónde va a ir... Y después, de común acuerdo, Ministerio, comunidades autónomas y organizaciones agrarias, decidir su gestión y control para los próximos años.
P.– ¿No sería más sostenible llevar unas pocas manadas a esas comunidades que no tienen lobo y que han votado por incluirlo en el Lespre?
R.– Van a ir ellos solos. No va a haber muchos más ataques al norte del Duero, ya hay todos los lobos que más o menos podría haber. Si no es especie cinegética, esos lobos que sobran se van a desplazar. Irán a otras comunidades. Ya están en Madrid, pasarán a Extremadura, pasarán a Castilla La Mancha, y tendrán un problema todos esos ganaderos, porque su ganadería extensiva no está adaptada a la presencia del lobo. Yo espero que el recurso que van a presentar las comunidades autónomas a la Audiencia Nacional nos dé la razón porque la tenemos. Espero que lo antes posible aplique las medidas cautelares para que esta ley errónea y equivocada no entre en vigor. La ministra es la culpable pero el responsable último y final es el presidente del Gobierno, que tiene conocimiento de sobra de que se ha opuesto al criterio de todo el mundo, como el de su ministro de Agricultura; que se ha opuesto por ejemplo el Partido Socialista de Castilla y León, que se han opuesto comunidades autónomas como Galicia, como Asturias, como Cantabria, como Castilla y León. Que nos hemos opuesto todas las organizaciones agrarias y sin embargo ha permitido que la ministra se salga con la suya.
P.– Las nuevas Normas Urbanísticas Territoriales (NUT), que se tramitan en Valladolid y se extenderán a las demás provincias, son otro escollo a las explotaciones agrarias. ¿Qué postura toma Asaja?
R.– Cuando se habla de la España vaciada, es muchas veces porque las normas que se aplican desde la ciudad perjudican a los pueblos. Hoy muchas de las normas urbanísticas son las mismas en Valladolid que en mi pueblo, y no tienen nada que ver. Si hacemos tabla rasa para todos, al pueblo le estamos perjudicando. Porque allí hay que permitir una actividad que es la agrícola y ganadera, que es el sustento de la economía del mundo rural.
P.– El nuevo Plan Hidrológico de la CHD también tiene mal cariz, ¿no?
R.– Asaja está trabajando conjuntamente con el resto de organizaciones y con la Consejería de Agricultura para intentar, con las alegaciones, cambiar ese plan 22-27. La media que tiene Castilla y León es el 15% de regadío y 85% de secano. En España, es el 23% y el 77% respectivamente. Nos saca España 8 puntos de regadío. Comunidades como Andalucía nos sacan 13 puntos. En Castilla en Castilla y León hay 550.000 hectáreas de regadío, de las que 400 son de pantano y 150 aguas subterráneas. De las de pantano faltan 120.000 hectáreas por modernizar. Asaja urge que se dote el presupuesto necesario para que todas las hectáreas de regadío estén modernizadas. En esta cuestión la Confederación se lava las manos, lo deja en manos de Seiasa y de la Junta. Pedimos también presupuesto para seguir aumentando las hectáreas de regadío. Aquí la CHD manifiesta claramente que en las aguas subterráneas, concretamente de los acuíferos 13 y 17, en vez de invertir y recargarlos, lo que quiere es reducir la concesión por pozo en un 15%. Reduciría de manera importante las hectáreas regables, en vez de aumentarlas. En cuanto, a inversiones en limpieza de cauces, cero. El ancho de policía que tiene el río lo va a aumentar. Incluso también habla la CHD de algunas obras para quitar escolleras, pequeñas presas que hay de corrección de los ríos. Es más, hay algún informe que le quiere poner precio al agua. Hasta ahora los regantes pagan todas las infraestructuras: cuando se hace un pantano, cuando se hacen canales, y los propios gastos de Confederación. Pues ahora la Confederación quiere poner precio al agua, un agua que viene del cielo y que si no lo usan los regantes no tendría otro uso. Asaja manifiesta que la CHD, lejos de mejorar las condiciones de riego, lo que está haciendo es poner todas las trabas posibles y menos presupuesto, para que no avancemos en los regadíos que tanto necesitamos. El regadío genera mucha más riqueza y empleo que el secano, y asienta más población.
P.– Su elección coincide con la del nuevo presidente de Acor y el cambio de su consejo rector. ¿Es una buena noticia ese cambio?
R.– Acor tiene todo el apoyo de Asaja. Además de ser hoy la cooperativa con más hectáreas de remolacha, es de referencia a nivel regional y a nivel de España. Las turbulencias, las incertidumbres en los grupos de decisión son malos, desaniman a los agricultores. Si la nueva ejecutiva está formada por dos candidaturas, ahora tienen que olvidar de dónde vienen y solo recordar lo que son: los responsables de Acor que tienen la obligación y el deber, porque los socios lo han dicho, de dirigir Acor con la mejor de las intenciones, con la mejor profesionalidad. Si esta es su visión que cuenten con Asaja y Asaja hará todo aquello que esté en nuestras manos.
P.– Seguimos con Acor versus British Sugar: ¿Debe Azucarera volver a los 42 euros por tonelada?
R.– Con Acor tenemos un acuerdo hasta el 2027 de garantizar un precio a los cultivadores de 42 euros por tonelada, contando las ayudas. Y si se puede, mejorarlo. British Sugar, Azucarera, en el último año del Acuerdo Marco Interprofesional (AMI) rompió de manera unilateral el acuerdo. Asaja la llevó al arbitraje, ganamos, y Azucarera tuvo que pagar seis millones y medio de euros a todos los cultivadores de España. Estamos abiertos a firmar un AMI con Azucarera. Es nuestra obligación. Pero yo lo digo bien claro: siempre y cuando Azucarera acuerde pagar un precio digno por encima de los costes de producción. Si no, ella nos abandonó y nosotros no vamos a ir a rogarla en ningún sitio. Si ella defiende a los ingleses, nosotros defendemos a los agricultores de aquí.
P.– ¿Cómo puede ser que cobrar por encima de costes siga siendo el caballo de batalla del sector agrario? ¿Qué expectativas hay con la Ley de la Cadena Alimentaria?
R.– El 70% de los ingresos del sector agrícola viene por los precios. El 30% de los ingresos de la PAC. Esos fallos que decíamos de la PAC y los altos costes de producción provoca que los agricultores y ganaderos nos estemos arruinando trabajando. Necesitamos esa Ley de la cadena alimentaria que está en las Cortes Generales del Estado, y que con las alegaciones que hemos hecho y qué hacen los grupos políticos, creemos que lo antes posible vea a la luz. Que empiece a ejecutarse y empiece la Agencia de Información y Control Alimentarios (Aica) a establecer los controles, las inspecciones y las multas a aquellos operadores que no respeten esa ley.
P.– El diálogo entre los agentes del sector parece fundamental, crear plataformas como la reciente Interprofesional de la Patata. ¿Qué tal funciona?
R.– Está dando los primeros pasos, y es positivo que la hayamos conseguido. Tenemos que ser modelo para la Interprofesional que se tiene que crear en España. Pero sigue siendo una vergüenza que hoy se esté comprando patata en el campo a 10 céntimos y se esté vendiendo en el supermercado a un euro. El agricultor pierde dinero, mientras envasadores y distribución se forran. Y eso es lo que no tiene que permitir la Ley de la cadena alimentaria y el defensor de la cadena. Porque en principio, esto es malo para el agricultor, pero acaba siendo malo para todos. En Castilla y León cada vez se siembra menos superficie de patata, cada vez tiene menos ganaderos, cada vez hay menos ovejas porque no hay rentabilidad. Hace pocos años teníamos 21.000 hectáreas de patata y este año solo tenemos 17.000. Al final, como no haya patata, habrá que traerla de Francia que es peor, que está congelada, que es más cara. Lo que harán los franceses si eso llega a ser así será no vender patata natural, sino venderla transformada para ganar más.
P.– El consejero, Jesús Julio Carnero, quiere sentar a todos los agentes para llegar a un acuerdo, aparte de la Ley de la cadena. ¿Eso es posible?
R.– Es posible, es deseable, y son buenas las intenciones del consejero. Pero la experiencia, que para algo vale, nos dice que se avanza muy poco con ellos. Lisa y llanamente, si no hay una ley que obliga, la industria prefiere unirse a la distribución, ganarse entre los dos un buen beneficio y abandonar el sector agrario pagándole miserias. El consejero lleva dos años, viene de la Diputación y eso se nota. Es un hombre que conoce el medio rural, que conoce el campo, que conoce a la gente de pueblo. Y por eso el trato es fácil con él. La interlocución es buena, continua, y de todos los temas. Si nos sienta el consejero, iremos. Se lo diremos a la cara viéndoles allí en una mesa, delante del consejero, a industria y distribución. Pero al poco tiempo se les habrá olvidado y harán como siempre, aprovecharse ellos al ser pocos y muy unidos, de nosotros al ser muchos y muy dispersos.
P.– Hablaba antes de que el monte debe estar limpio. ¿Las energías alternativas, las llamadas ‘limpias’, están mejorando el campo?
R.– Asaja está a favor de cualquier energía limpia y no contaminante, pero de la barbaridad que se está haciendo con la colocación de los parques solares, estamos totalmente en contra. Tiene que haber una ordenación para la instalación de estos parques solares donde no perjudiquen a la agricultura y a la ganadería.
Terrenos hay improductivos, colóquense ahí, no en zonas productivas. Y las líneas de evacuación háganse cerca de las estaciones, o háganse subterráneas para no tener un poste que impida el desarrollo normal de la agricultura, sobre todo de regadío.