Diario de Valladolid

Se abre la veda de los seguros agrarios

La Junta convocará en los próximos días ayudas a la contratación de pólizas con un montante de 10,6 millones, 2,5 más que en 2020, mientras Agroseguro cifra en 43,9 millones las indemnizaciones abonadas el pasado año en Castilla y León

Viñedos dañados e inundados en una explotación de la Denominación de Origen Ribera del Duero, después de una tromba de agua y pedrisco.  Rubén Cacho. / ICAL

Viñedos dañados e inundados en una explotación de la Denominación de Origen Ribera del Duero, después de una tromba de agua y pedrisco. Rubén Cacho. / ICAL

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Santiago G. del Campo
Valladolid

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Agricultores y ganaderos permanecen atentos a las novedades de la nueva campaña de suscripción de seguros agrarios. En los próximos días la Junta convocará ayudas a la contratación de pólizas con un presupuesto un 30% superior al ejercicio 2020, lo que se traduce en 2,5 millones más que el pasado ejercicio, hasta los 10,6 millones de euros.

Son ayudas que se añadirán a las que aporta el Ministerio de Agricultura a través de Enesa, que el pasado año aportó al campo de Castilla y León 31,76 millones de euros en subvenciones. Junto a los 8,59 que sufragó la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural sumaron 105,28 millones, un 38,3% del montante de las primas en la Comunidad, que se incrementa hasta el 42% en relación a los cultivos de herbáceos extensivos.

Las próximas fechas clave respecto a los periodos de suscripción de coberturas frente a daños por pedrisco, tras cerrarse hoy mismo las del lúpulo en León, son las de frutales como la manzana y la pera del Bierzo, y las de la remolacha azucarera, antes del 31 de mayo, las del cereal de invierno, leguminosas y oleaginosas, antes del 15 de junio y las del cereal de primavera y maíz, que deben suscribirse antes del 31 de julio.

El anuncio de la convocatoria de ayudas, efectuado por el consejero del área en funciones, Juan Carlos Suárez-Quiñones, llega en paralelo a la evaluación de la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados (Agroseguro) respecto al ejercicio anterior. La entidad realizó una jornada la pasada semana en la que dio a conocer los principales datos el último año cerrado, entre los que destaca el de las indemnizaciones abonadas: 43,9 millones de euros. La Comunidad registró pocos siniestros si se le compara con las indemnizaciones abonadas en 2019 (102,9 millones), 2018 (70,21), y más aún si se compara con el ejercicio 2017, cuando la sequía y las heladas provocaron siniestros por valor de 207,97 millones de euros en indemnizaciones.

De esos 43,9 millones indemnizados por las aseguradoras el pasado año en Castilla y León, por siniestros que afectaron a 250.500 hectáreas, el montante principal correspondió a las compensaciones en herbáceos extensivos (16,7 millones), a los que siguieron los pecuarios (accidentes y enfermedades, por 10,5 millones), los incluidos en el concepto ‘retirada y destrucción’ (generalmente la retirada de animales muertos en las explotaciones, por 10,3), las hortalizas (2,0), uva de vino (1,5) y frutales (1,4). 

Respecto a la naturaleza de los siniestros, el que más daños causó fue el pedrisco, con indemnizaciones por 14,8 millones, lo que contrasta con los registrados en el primer cuatrimestre de este año, cuando entre enero y abril se han registrado sobre todo daños por heladas, dentro de un presupuesto en compensaciones que por ahora suma 16,5 millones de euros. 

Otro dato del balance presentado por el director territorial de Agroseguro en Castilla y León, José Ignacio García Barasoain, se refiere al número de pólizas que suscribió o prorrogó en el pasado ejercicio, un total de 85.915 de seguro agrario durante, lo que supuso un crecimiento del 20,8%. Las hectáreas de superficie asegurada en la Comunidad alcanzaron la cifra de 2.125.800, lo que supuso un incremento del 9,8% respecto al año anterior, y en 10,1 millones de toneladas la producción agrícola asegurada en la comunidad, un 30,8% más que en 2019.

García Barasoain también explicó, en declaraciones que recogió Ical durante una jornada convocada por la entidad al efecto, que los animales asegurados crecieron un 10% hasta los 28,3 millones y que el capital asegurado aumentó un 22,3% y el recibo de prima un 11,8%, hasta los 2.319 millones y los 105,2 millones de euros respectivamente.

Por líneas de seguro, los herbáceos extensivos volvieron a situarse en cabeza, con 8,3 millones de toneladas aseguradas, que supusieron un 34% más que en 2019, seguido de los industriales no textiles como la remolacha o el lúpulo, con más de un millón de toneladas aseguradas y un 7% más que el año anterior; las hortalizas, de las que se aseguraron 321.923 toneladas, un 26% superior a 2019; y los cultivos forrajeros, que aumentaron un 97% hasta las 283.221 toneladas aseguradas debido a que Castilla y León es la única comunidad donde se da cobertura al riesgo de sequía en este producto.

Los animales asegurados ascendieron a 12,7 millones por accidentes y enfermedades, con un crecimiento del 11%, y a 15,5 por retirada y destrucción de los animales muertos en la explotación, un 8% más de pólizas suscritas que en 2019.

El recibo de prima se situó en 105,28 millones de euros, de los que 8,59 fueron aportados por la Junta de Castilla y León y 31,76 millones correspondieron a Enesa, alcanzando una subvención media del 38,3% en la Comunidad. Inflexión

El responsable de Agroseguro considera la importante sequía del año 2017, que por sí sola requirió indemnizaciones por 143 millones en Castilla y León, como punto de inflexión en el que «el agricultor se concienció de que no podía estar sin seguro», máxime cuando la organización de peritaje e indemnización «fue ágil para gestionar» estas cuestiones, a lo que se sumó que la Junta «empezó a implementar, de nuevo, las subvenciones a las pólizas del agricultor y el ganadero».

En 2021, al cierre del mes de abril, las indemnizaciones abonadas se estiman en 16,5 millones de euros. Las heladas, que como se ha dicho supusieron el mayor montante, afectaron principalmente a la zona de la Denominación de Origen Ribera del Duero en Valladolid, sobre todo las cercanas a localidades como Medina del Campo o La Seca, mientras que, por el contrario, las DO Toro y Cigales se vieron «muy poco afectadas».

Todas estas cifras «avalan el necesario trabajo de Agroseguro», aseguró el director territorial de la entidad, que además puso en valor la implementación de tasaciones mediante teleperitación, en plena pandemia, tanto para la contratación de los seguros como para el propio peritaje de los daños causados en las explotaciones.  

Realiza el peritaje en Castilla y León una plantilla de entre 90 y 100 peritos agrícolas a los que se suman los veterinarios y los 350 peritos externos con los que cuenta Agroseguro en todo el territorio nacional «para garantizar la peritación en cualquier momento y en cualquier cultivo».

Por su parte, el presidente nacional de Agroseguro, Ignacio Machetti, presente en la jornada, recordó que el sistema español de seguros agrarios es «una referencia internacional» al establecer 43 líneas de seguro que «cubren la práctica totalidad de las producciones agrícolas y ganaderas del país frente a la práctica totalidad de los riesgos que les afectan».

Por esa causa, a nivel nacional, Agroseguro cerró el pasado año 2020 con casi 416.000 pólizas contratadas de las que, en torno al 20%, pertenecen a Castilla y León, y con una cifra de primas totales cercana a los 800 millones de euros, «un récord histórico», de las que algo menos del 15% se repartieron en la Comunidad castellana y leonesa».

«Hemos experimentado un crecimiento en el seguro agrario de entre el 4 y el 6%», destacó Machetti, para quien los agricultores y ganaderos «continúan confiando en el seguro agrario como un gasto necesario para su explotación». Los actores implicados, por su parte, colaboran a su «constante evolución», marcada por un contexto de cambio climático en el que el calentamiento global «hará que las sequías sean cada vez más severas y que las precipitaciones sean menos pero más intensas y violentas».

En este marco, la Administración autonómica convocará en los próximos días las ayudas para la contratación de seguros agrarios, que en esta nueva edición incrementará su montante en esos 2,5 millones mencionados, hasta alcanzar los 10,6. El objetivo, según señaló el consejero del área en funciones en el mismo escenario, es «fidelizar» la contratación de estas pólizas por los agricultores y ganaderos de la Comunidad autónoma. También recordó que, con ese aumento presupuestario, la Junta ha incrementado «en más de un 30% el objetivo marcado al inicio de la legislatura por el Gobierno autonómico» en materia de aseguramiento agrario. Modificaciones

La nueva convocatoria incorporará además dos modificaciones demandadas por el sector para dar mayor cobertura a los asegurados. Por un lado, se bajará la subvención mínima a recibir de 70 a 30 euros por póliza, como forma de dar «un mayor apoyo a las pequeñas explotaciones y asegurar también una mayor garantía de renta».  

Por otro lado, se incrementará la subvención de los jóvenes agricultores en diez puntos porcentuales siempre que mantengan la contratación del seguro durante cuatro años, con el fin de cumplir con «el reto del relevo generacional» y hacer así «más atractiva» la actividad agraria para jóvenes y mujeres, como elemento también de «política contra la despoblación».

El consejero recordó que la política de seguros agrarios es «capital para Castilla y León, puesto que las condiciones de la agricultura y la ganadería son vulnerables» debido a un contexto de «extremos meteorológicos como consecuencia del cambio climático, que hacen que los seguros se manifiesten como un instrumento importante para garantizar las rentas y la competitividad de las explotaciones agrarias, con una cobertura fácil y viable para cubrir los riesgos».

Recordó también campañas muy recientes como las de 2017 y 2019, en las que las adversidades climatológicas «mermaron la capacidad de las explotaciones» y pusieron en valor el seguro agrario, que aseguró «no es un negocio, sino una necesidad». Por ello el apoyo de los seguros agrarios se establece como «línea prioritaria y esencial» para la Junta.

No puede ser ajeno al sector una circunstancia tan global como el impacto del Covid, ante cuya crisis se ha adaptado Agroseguro con «el mejor servicio ante la falta de contacto social» con herramientas como las peritaciones online y las teleperitaciones. Por otro lado se ha creado un grupo de trabajo, conformado por Agroseguro, la Junta, representantes de las Opas, Urcacyl, la Delegación del Gobierno y Enesa, para la mejora de los seguros agrarios, con el objetivo de «hacerlos más atractivos e incentivar su suscripción para agricultores y ganaderos que aún no se han incorporado».

Un grupo que, en unos meses de trabajo, ya ha emitido un documento técnico para cubrir los cultivos herbáceos extensivos, la colza o la producción frutícola en enclaves como El Bierzo.

Podrán acceder a las ayudas a la contratación de seguros agrarios las personas físicas y jurídicas, sociedades civiles, comunidades de bienes y explotaciones de titularidad compartida, que siendo titulares de una explotación agraria ubicada en el territorio de Castilla y León, suscriban con las entidades aseguradoras o agentes autorizados, integrados en Agroseguro, dentro del ejercicio, una póliza de cualquiera de las líneas incluidas en los Planes nacionales de seguros agrarios combinados que tengan la condición de actividad subvencionable.  Beneficiarios

Los beneficiarios, además de estar al corriente del pago de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, deberán estar incluidos en la base de datos para el Control Integral de Acceso a Subvenciones (Cias) del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente gestionada por Enesa.

En el ámbito nacional, La contratación de los seguros agrarios cerró el pasado ejercicio con unas primas imputadas de 797 millones de euros y un valor de la producción asegurada de 15.214 millones, un 6,71% más que en 2019, las cifras más altas en los 40 años de historia de Agroseguro. Por otro lado, los cuatro últimos ejercicios se encuentran entre los cinco más severos de la historia en cuanto a las indemnizaciones satisfechas.

El impulso de la digitalización «resultó clave para mantener el nivel de servicio a los agricultores y ganaderos asegurados, tanto en los procesos de contratación como en los de tramitación de siniestros, pese a las dificultades operativas originadas por la pandemia», explicó la entidad tras la reciente celebración de la junta general de accionistas. 

Esas primas imputadas de cerca de 797 millones correspondientes a la suscripción de 415.975 pólizas, un 4,76% más que en 2019. En cuanto a la siniestralidad del año 2020 creció un 0,71% respecto a 2019, hasta situarse en los 633 millones de euros. «Ello sitúa el ratio de siniestralidad del ejercicio sobre las primas de riesgo en el 99,6%, es decir, en una situación muy próxima al estricto equilibrio», observó la misma fuente. 

Desde el punto de vista de las indemnizaciones satisfechas, se trata del cuarto ejercicio consecutivo por encima de los 600 millones. El año 2012, con 767 millones, se mantiene como el de mayor siniestralidad de la historia. Y es que a lo largo del año se fueron encadenando todo tipo de fenómenos climáticos extremos, aunque cabe destacar, sobre todo, la borrasca Gloria, el evento más dañino, que pasó por el arco mediterráneo entre los días 20 y 24 de enero. 

En segundo lugar fueron determinantes las tormentas de pedrisco, que se sucedieron de forma continua desde el mes de marzo hasta finales del otoño.

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