La biomasa demanda una cuota de 700 megavatios hasta 2025
La Asociación de Valorización Energética se opone al límite de 380 impuestos por una Orden recién publicada y critica una inconcreción de tecnologías «que favorecerá a la fotovoltaica»
Instalación de una planta de generación eléctrica de biomasa en la provincia de Soria. | AVEBIOM
Los agentes del sector forestal, y más concretamente los relacionados con la bioenergía, ponen el listón en la instalación de 700 megavatios (MW) nuevos de estaciones eléctricas con biomasa de aquí a 2025. Una cantidad que «cubriría las necesidades del sector, promovería el asentamiento distribuido de centrales de potencias medias cerca del recurso y crearía una gran cantidad de empleo», según explica la Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa (Avebiom), con sede central en Valladolid.
La entidad lamenta la suspensión de la subasta de energía que se iba a realizar en 2020 y también las previsiones de la nueva Orden del pasado 4 de diciembr e, que estipula un calendario de subastas que comienza con la asignación de 140 MW en 2021 y acumula sólo 240 más, hasta un total de 380, con horizonte en 2025. Eso son 320 MW menos de lo que consideran conveniente los agentes de la biomasa.
De hecho, Avebiom presentó alegaciones al borrador de esa Orden con la propuesta de comenzar en 2020 con 200 MW para la biomasa y continuar hasta 2025 añadiendo 100 MW cada año, para alcanzar un total de 700 en centrales de hasta 20 MW de potencia como máximo. Este aumento de potencia y la limitación de tamaño de las centrales «permitirían valorizar en torno a 7 millones de toneladas de biomasa cada año y consolidar una amplia red de suministradores que generaría una gran cantidad de empleo en zonas rurales», explica la entidad.
Sin embargo, la orden recién aprobada elimina la cuota mínima de 80 MW inicialmente destinada para la biomasa en la subasta de 2020 y establece un calendario de subastas para esta tecnología cada dos años, acumulando los objetivos anuales con el argumento de que así «se facilita la viabilidad y participación de proyectos con una dimensión suficiente».
Javier Díaz, presidente de Avebiom, cree que eliminar la subasta de 2020 ha sido una decisión extraña. «Haber subastado la potencia acumulada de los dos primeros años de inmediato, esto es 140 MW, limitando la concentración de la potencia en pocos proyectos, hubiera supuesto un alivio para las empresas con proyectos en zonas de gran densidad de biomasa», aseguró tras conocer el contenido de la Orden. En 2020 se convocarán subastas para un mínimo de 3.000 MW, de los que al menos 2.000 se destinarán a energía eólica y fotovoltaica y los restantes 1.000 sin restricción tecnológica.
«Dejar 1.000 MW sin concretar tecnologías favorecerá la instalación masiva de fotovoltaica, sin duda», asegura Díaz. «Además, permitir la presentación de proyectos de biomasa de gran potencia, como ya ha ocurrido en subastas anteriores, desvirtúa en gran medida las ventajas de la biomasa al concentrar en una sola planta un consumo enorme, del orden de 450.000 toneladas año de biomasa para una central de 50 MW, lo que obliga a suministros de biocombustible desde grandes distancias a la instalación», concluye.
Por otra parte, la puesta en marcha de 700 MW nuevos posibilitaría «un mayor uso de biomasas agrícolas, como las podas de viñedos, frutales, paja y otras agrobiomasas , lo cual encaja a la perfección con los postulados de la economía circular y aflojaría la presión sobre la biomasa forestal que, hoy en día, aporta más del 60% de los biocombustibles sólidos para generar energía eléctrica con biomasa».
La Orden TED/1161/2020, de 4 de diciembre establece, entre otros, cómo debe ser el mecanismo de casación para asegurar la existencia de reservas mínimas de potencia; cómo garantizar la competencia en la subasta y las características que han de satisfacer las ofertas presentadas por los participantes en las subastas.
En las subastas sin tecnología específica se valorarán características técnicas, tamaño, niveles de gestionabilidad, criterios de localización, madurez tecnológica y aquellos otros que garanticen la transición hacia una economía descarbonizada. También se tendrán en cuenta las particularidades de las comunidades de energías renovables para que puedan competir en igualdad con otros participantes.
La retribución concreta de cada instalación se obtendrá a partir de su precio de adjudicación, de los parámetros retributivos de cada tecnología, de las características propias de cada instalación y de su participación en el mercado eléctrico.