Riada de alegaciones contra el Plan Hidrológico

El proyecto del nuevo Plan Hidrológico que tramita la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) no gusta los agentes de la agricultura y la ganadería. Muestra de ello es la gran contestación que ha cosechado el documento preliminar, titulado ‘Esquema provisional de temas importantes’ (EpTI). Terminado el periodo de exposición pública, el pasado 30 de octubre, ha recibido nada menos que 819 escritos de alegaciones.

La CHD comunicó el pasado jueves que estudiará «todas las alegaciones para incorporar aquellas que se consideren adecuadas para la mejora del documento» y que el EpTI definitivo se someterá «al informe preceptivo del Consejo del Agua de la demarcación hidrográfica, de acuerdo con el Reglamento de Planificación Hidrológica».

El organismo de cuenca valora el alto número de alegaciones, sin embargo, no como una amplia oposición sino como «un alto grado de participación» en el proceso de consulta pública. De los 819 escritos registrados, 770 «reiteran alguno de los 49 identificados como distintos», asegura la Confederación.

El objetivo del proceso de consulta, «abierto y consensuado en torno a los principales problemas de la demarcación», explica la entidad, «es hacer compatible el cumplimiento de los objetivos ambientales y la satisfacción de las demandas para los diferentes usos del agua».

Satisfacción que, a la vista de algunos de los documentos, está lejos de cumplirse. El que aúna más agentes del sector es el trabajo liderado por el Colegio de Ingenieros Agrícolas Castilla-Duero –con el apoyo de su homólogo de León–, y la Diputación de Valladolid, un documento que ha contado con la participación de 20 colectivos agrícolas y sociales, que se oponen frontalmente a la reforma del Plan Hidrológico de la Cuenca del Duero promovida por el Ministerio para la Transición Ecológica.

El presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Graduados en Ingeniería de la rama Agrícola Castilla-Duero, Gumersindo Sanabria, y el diputado de Asesoramiento a Municipios de esa Corporación provincial, Fernando Esteban, presentaron el documento resultante de los contactos entre la Diputación de Valladolid, el Colegio, las organizaciones agrarias, la Cámara Agraria Provincial; las comunidades de regantes, las mancomunidades, la Unión de Cooperativas (Urcacyl), medios de comunicación especializados y otros profesionales del sector. Entre los firmantes están Asaja, UCCL, Coag y la Asociación de Aguas Subterráneas de Castilla y León.

El Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas Castilla–Duero, el más grande de Castilla y León y que integra a las provincias de Burgos, Palencia, Salamanca, Valladolid y Zamora –al que se une en estas alegaciones el Colegio de León–, es tajante en su introducción a las alegaciones: «El borrador del tercer ciclo de planificación para los años 2021-2027 mantiene propuestas que venían recogidas en el anterior plan hidrológico. Dichas propuestas y objetivos no han sido llevadas a cabo por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero durante el periodo 2015-2021», critica.

Y es que los objetivos propuestos «no han sido debidamente estudiados». Por ello, además de no haberse cometido, «serán imposibles de poner en práctica, ya que no son viables» pues «falta presupuesto» o, simplemente, «no se ajustan a la realidad del mundo rural en el que se pretenden implantar».

A juicio del Colegio, en la propuesta de la CHD «no se aborda en ningún momento la problemática que tiene el mundo rural». Además, «no se estudian adecuadamente las actividades socioeconómicas, agrarias, ganaderas, agroindustriales, silvícolas, y sobre todo las humanas que se desarrollan en el mismo» y «no se da una solución al reto demográfico y despoblación de los mismos».

El documento tumba la propuesta de Plan Hidrológico porque, a juicio del Colegio de Agrícolas, «se pretende criminalizar a los actores que viven en él y se intenta hacer culpable ante la sociedad a los agricultores y ganaderos, así como en general a las personas que viven y desarrollan su actividad ligada dentro del mundo rural; acusándoles de manera directa e indirecta del mal estado cuantitativo de las aguas y de la mala calidad de suelos y aguas de la cuenca del Duero».

Igualmente contundente en la introducción es otra de las afirmaciones de los técnicos agrícolas: «Vemos cómo todas las medidas y objetivos propuestos en dicho Plan van encaminadas al despoblamiento del mundo agrario y consecuentemente una vez eliminada la carga social se eliminará la carga ambiental que efectúan dichas personas con su actividad agraria, ganadera e industrial sobre el medio ambiental».

Por ello, los técnicos del sector se encuentran «presenciando estupefactos cómo las líneas maestras del nuevo Plan Hidrológico, así como los objetivos que se recogen por parte del Ministerio al que pertenece la CHD, van encaminados a que el Reto Demográfico sea el mínimo posible; al impedimento del desarrollo de sus actividades, y consecuentemente a la destrucción de su tejido productivo, así como a la desaparición de la actual forma de vida en el mundo y medio rural».

Por ello, el Colegio propone efectuar un resumen «real y veraz» de la situación, para plantear unos objetivos reales, no como las medidas contenidas ahora en el Plan, que «van en contra de la población rural y en contra de las actividades agrícolas y ganaderas de se desarrollan en el campo», zanja la entidad. Por ello hay que «realizar una valoración exacta de los recursos reales de la masa de agua superficial y subterránea».

Un Plan, en fin, que «carece de medidas ambiciosas de investigación de nuevas fuentes y recursos de agua, y básicamente es un plan represor en su obstinada forma de ver el consumo y limitar la gestión del agua», ya que «todas las medidas van encaminas a recaudar y a sancionar por el consumo de la misma». Contaminación difusa

En cuanto a las alegaciones concretas al primer punto del EpTI, el escrito considera que a la hora de definir el problema de la contaminación difusa «se siguen mencionando los resultados del balance de nitrógeno de la agricultura  con una metodología que no puede medir la eficiencia del uso del fertilizante». Las acciones que se diseñen «deben buscar la optimización del uso de los fertilizantes y los residuos bajo la premisa del mantenimiento de la actividad y su rentabilidad agraria». 

En cuanto a la naturaleza y origen del problema, cuando el EpTI indica «otras fuentes de contaminación difusa», no se localizan estas presiones como sí lo están las teóricamente derivadas de la actividad agraria. «Si queremos atajar el problema deberemos diferenciar las procedencias», remarcan.

Por ello se proponen medidas como separar el origen del nitrógeno en las redes de control, investigar posibles fuentes puntuales de contaminación u otras fuentes no agrarias, y optimizar la ubicación de terrenos colindantes con el Dominio Público Hidráulico (DPH) en los procesos de concentración parcelaria.

Por otra parte, la propuesta de Incluir en el Plan de Desarrollo Rural de la Comunidad Autónoma el impulso de sistemas de dosificación variable de fertilizantes, como sistemas de autoguiado de máquinas y corte de tramos, el documento propone el incremento económico de las actuales líneas de ayuda ministeriales que ya incluyen este tipo de máquinas, y mayor facilidad en la tramitación de las mismas.

No obstante, el documento advierte que son necesarias «unas dosis adecuadas de fertilizantes y la tecnología necesaria» para ello, para lo que es fundamental «avanzar en la modernización de las explotaciones en cuanto al regadío y la fertirrigación». Uso de las aguas

Las alegaciones al apartado de uso sostenible de las aguas advierten que las medidas más importantes contenidas en la planificación hidrológica anterior «no se han ejecutado» e inciden en la importancia que tiene el uso de recursos subterráneos «para el mantenimiento de la actividad socioeconómica de la actividad agraria».

Así, la satisfacción de las demandas ha de hacerse «de tal manera que no suponga una merma en los aprovechamientos con concesión de agua actuales», ya que esto supondría «una pérdida de la capacidad de mantenimiento de la actividad y de la población en estas zonas del medio rural». 

Cualquier alternativa «debe tener como objetivo prioritario este mantenimiento de la actividad productiva actual», e incorporar la «perspectiva del reto demográfico». Para ello, el Colegio y todas las entidades firmantes proponen llegar a un conocimiento exacto de la situación actual de los valores del recurso disponible, regularizar la situación concesional. y reducir las extracciones de aguas subterráneas mediante la sustitución de bombeos en aquellas zonas donde sea posible la utilización de los recursos superficiales.

También se propone la constitución de comunidades de regantes de aguas subterráneas, poniendo sobre el terreno medidas de planificación que permitan la sostenibilidad, «con su correspondiente financiación pública para llevarlas a cabo».

El trabajo contiene un amplio apartado dedicada a a la valoración del agua disponible y de las extracciones, una valoración que «en ningún caso debe hacer un análisis excesivamente alarmista». Así, subraya que en aquellas masas de agua donde se venía trabajando de forma más intensa, y donde ha habido por norma general más restricciones, (como Tordesillas, Los Arenales, Medina del Campo y Tierra del Vino), «los índices de explotación se han mantenido estables y la tendencia de los niveles piezométricos es creciente en los últimos diez años». 

El documento demanda que se hagan estudios hidrogeológicos en los que «de forma pública y accesible a todos los interesados» se analice «la situación real de las aportaciones al acuífero y su tasa de renovación», información que «sigue siendo escasa». Un proceso fundamental ya que «en determinados términos municipales se declara un índice de explotación que la experiencia nos muestra como erróneo», advierten los técnicos.

Por ello, el Colegio señala a las comunidades de regantes como «el instrumento que mejor permite llevar a cabo este procedimiento» y pide que «se las dote de los medios y apoyos necesarios para proceder a su ejecución». Un apoyo que «deberá aportar la CHD».

La situación concesional es otro de los caballos de batalla de agricultores y ganaderos. «Expresamos la necesidad de facilitar al usuario la regularización de los diferentes derechos inscritos mediante procesos jurídicamente seguros y eficaces pero con una tramitación sencilla y breve», demandan los firmantes de las alegaciones. «Junto con un registro actualizado y corregido con datos reales, permitirá disponer de una información actualizada y fiable».

Eso sí, «en ningún caso esta regularización debe amparar los ‘peajes’ que se proponen» en el EpTI, ya que «supondrían una penalización a aquel usuario que pretende la adaptación del aprovechamiento a la legalidad vigente».

También proponen, en las concesiones vigentes con anterioridad a la actual Ley de Aguas, la regularización de oficio, sin necesidad de mediación judicial con carácter general, de todos aquellos aprovechamientos que demuestren que están en funcionamiento desde el momento en que recibieron la autorización. El documento recoge otras propuestas para zonas no autorizadas o con restricciones.

En cuanto a la sustitución de bombeos, el documento plantea la sustitución de recursos subterráneos por superficiales en aquellas zonas donde sea posible sin afectar al buen estado de estas masas, con algunas actuaciones concretas como la regulación del Eresma; la ejecución de la ampliación de la recarga ya prevista del Carracillo (Segovia), y otra; la sustitución de zonas de aguas subterráneas con recursos del Tormes (Salamanca, Ávila y Medina del Campo) garantizada con el recrecimiento de la presa de Santa Teresa, y la posibilidad de balsas laterales en la zona de Tordesillas (Valladolid). Estas sustituciones «en ningún caso pueden suponer la reducción de las extracciones y de la superficie regada en estos momentos».

Para finalizar el apartado más amplio de las alegaciones, el documento dedica varias propuestas en cuanto a la constitución de comunidades de regantes (Cuas), para las que rechaza en todo momento el establecimiento de ‘peajes’ en forma de reducción en el volumen autorizado, ni prohibiciones en la modificación de captaciones o ampliaciones de superficie regable. También rechaza de plano aplicar «canon de utilización» del DPH, puesto que ello «sólo conlleva a la pérdida de rentabilidad y el abandono de las explotaciones agrícolas y ganaderas». Contaminación urbana

En el punto 3 de las alegaciones, sobre la contaminación urbana e industrial, se advierte que «una carga de ‘645.479 habitantes equivalentes (14% de la cuenca), con vertidos autorizados - no adecuados’ no es una cantidad en consonancia para el siglo y el año en el que vivimos». Los agentes del sector creen que existen «fórmulas de depuración eficaces para llegar a anular este tipo de vertidos».

Por eso proponen que a las industrias que se encuentren en esos supuestos se les propongan soluciones. «Y los municipios que también se encuentren dentro de ese 14 % encontrar las fórmulas con las Diputaciones Provinciales». Alteraciones

En el punto ‘alteraciones hidromorfológicas’, dedicado al mantenimiento del buen estado de las masas de agua, el sector propone «conocer el estado real» de esas masas. «Se deben hacer estudios objetivos hidrogeológicos y los mismos se deben publicar de forma accesible a todos los interesados». A juicio de los técnicos, «las previsiones de la Confederación son alarmistas, cerrando con el nuevo Plan Hidrológico la posibilidad en todo momento conceder nuevos aprovechamientos en aguas superficiales y en masas subterráneas en mal estado cuantitativo».

«Se deben seguir pudiendo solicitar y conceder por parte de la CHD, en todas las masas de agua, independientemente de su estado cuantitativo, nuevas captaciones con pozos, sondeos o manantiales, así como la legalización de los existentes para usos privativos», añaden. Caudales ecológicos

He aquí otro de los principales puntos en discusión. El documento de alegaciones está en desacuerdo con lo previsto en el EpTI sobre estos caudales que sirven para «mantener como mínimo la vida piscícola que de manera natural habitaría o pudiera habitar en el río, así como su vegetación de ribera».

«En la redacción del plan anterior, después de muchas discusiones, se llegó al acuerdo en unos valores aceptables. Por lo tanto, no es lógico volver a tocar estos caudales», aseguran. «La aplicación de caudales máximos en 19 ríos regulados, reflejados en el documento, es inviable y contrario al uso del regadío y el cumplimiento de las demandas agrarias que dependen de la regulación de los embalses de cabecera. Este hecho está en contraposición del Reto Demográfico».

Los agentes del sector están en contra de subir los caudales ecológicos mínimos de invierno y primavera en ninguna masa de agua, en tanto en cuanto no se aumente la capacidad de regulación. «Desde el comienzo de los tiempos siempre ha habido estiajes, y a pesar de ellos la vida en los ríos ha permanecido», señalan, a la vez que ponen de manifiesto que la capacidad de regulación de la cuenca del Duero «es del 31%, muy por debajo de las de las cuencas del Ebro (50%), Tajo (90%), Guadalquivir (115%) y Guadiana (218%). Sostenibilidad

Tanto el Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas como la veintena de entidades firmantes del documento apuntan como solución a la sostenibilidad del regadío el incremento de la capacidad de regulación. También lo ve así el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Castilla y León y Cantabria, que en su documento de alegaciones particular reclama a la CHD que eleve la capacidad de regulación un 12% para garantizar el abastecimiento a las zonas regables (además de un proceso de modernización del regadío que permita una ahorro de agua de entre el 25 y el 30%).

Volviendo al documento coordinado por los Agrícolas y la Diputación vallisoletana, este plantea «soluciones alternativas», mediante el incremento de la capacidad de embalse.En concreto, se propone el recrecido de los embalses de Castrovido, Compuerto, Riaño, Porma, Villameca, Aguilar, Cuerda del pozo y las Cogotas, «y más dado que el coste de estimación es de 261,22 millones de euros, haciendo que los objetivos de planificación hidrológica fueran mejores».

Además, plantean incorporar a los presupuestos en el horizonte 2021-2027 la construcción de los embalses de La Rial, Morla, Chana y Los Morales, en el sistema Órbigo; Fuentearriba, Las Cuezas 1 y Las Cuezas 2 en el Carrión; Ciguiñuela, Azud de Carbonero y Lastras de Cuéllar en el Cega; Margañán y Gamo en el Tormes; Boedo y Las Cuevas en el Pisuerga, y Majada de las Lenguas en el Alto Duero, así como la regulación de los ríos Cea y Valderaduey en el Sistema Esla-Valderaduey, y el recrecido de los embalses de Barrios de Luna (Órbigo), Porma (Esla-Valderaduey), Requejada (Pisuerga) y Santa Teresa (Tormes). Cambio climático

La adaptación al cambio climático es otro de los puntos contenidos en el EpTI con cuyo contenido están en desacuerdo. Los agentes del sector no ven otra vía para la «robustez y resiliencia» del sistema que la capacidad de regulación y embalse, «dado que, al parecer, las aportaciones se reducirán en un 11%» apuntan. Subrayan la validez de esta medida con la mención, como ejemplos, a estudios realizados por la Universidad de Burgos para Fertiduero y el Itacyl. «Con este mayor almacenamiento se podría conseguir que la cuenca dejara de ser anual y pasara a bianual, con lo cual habría más posibilidades de luchar contra el cambio climático», apuntan. Optimización

El documento apoya, sobre la optimización de la gestión de infraestructuras, la implementación de los planes de emergencia de las presas que superan los 70 años, así como la modernización de sus sistemas de explotación. «Las Juntas de Explotación deben denunciar y demandar la seguridad de sus embalses ante todo, y su eficacia en el cumplimiento de su objetivo». En lo referente a derechos de aguas superficiales «deben ser aplicados por igual a todos los usuarios del sistema». Financiación

A juicio de los firmantes de las alegaciones, el Estado debe garantizar que la política de precios del agua «proporcione incentivos adecuados para que los usuarios utilicen de forma eficiente los recursos hídricos y contribuyan al logro de los objetivos ambientales». El EpTI propone «gravámenes muy ambiguos», por lo que proponen «la implantación de un canon concesional, para que los usuario contribuyan a los gastos que se originan al ponerlo a su disposición». Por último, solicitan una mejor gestión de los recursos recaudados por la CHD. Ordenación y control

El campo pide más agilidad en las tramitaciones administrativas y la mejora de los procedimientos asociados a las tramitaciones de expedientes como concesiones, autorizaciones o modificaciones de características. Así, se debe buscar «la simplicidad, claridad y reducción de plazos, buscando la eficacia para cualquier tramitación». Se debe «potenciar la creación de las ‘juntas centrales de usuarios’, como ayuda y refuerzo a las plantillas de vigilancia y control administrativa del uso del DPH y del Registro de Aguas de la cuenca». Coordinación

En materia de coordinación interadministrativa y participación pública, los ingenieros técnicos agrícolas y las entidades firmantes entienden que «la participación activa es el sistema más adecuado de entendimiento entre partes». Y es que «sólo cuando existe un desequilibrio provocado es cuando se producen los enfrentamientos, es por ello que abogamos por este principio en justa medida y equilibrio con todos los actores implicados, incluidas las organizaciones profesionales agrarias que representan al sector agrario». Innundaciones

La gestión del riesgo de inundaciones es otro de los aspectos a corregir, en concreto en el párrafo del EpTI que establece que ‘no se ocupen llanuras de inundación por actividades sensibles de carácter permanente, ni se autorice la construcción de viviendas en zonas de riesgo; que se amplíen los espacios fluviales de crecida, retranqueando o eliminando motas y diques y creando cauces de alivio...’. El documento advierte que en algunos casos «pueden verse afectadas gravemente diferentes zonas, y entre ellas, explotaciones de regadío plenamente consolidadas». Por ello «salvo casos excepcionales», se opone a «cualquier pérdida o regulación de cualquier derecho ya adquirido por establecimiento consolidado».

Por último, el documento demanda que para cualquier actuación se tenga en cuenta a quienes viven en el territorio, que son «quienes mejor conocen en profundidad sus necesidades y las del territorio». También pide que las explicaciones «pseudo-científicas» sobre las amenazas del cambio climático «deben utilizarse con el objetivo de fomentar la actividad agrícola, buscando el incremento de la población del medio rural y evitando así la desertización del campo».