Adiós al listón de las mil granjas lácteas

Dos síntomas claros de la reconversión de un sector: explotaciones que echan el cierre, por un lado, y una mayor producción, por otro. Es lo que ocurre en el sector lácteo español, y no se libra de ello Castilla y León. Mientras en el territorio nacional cerraron 779 explotaciones desde diciembre de 2018 a noviembre de 2019 –últimos datos del Fondo Español de Garantía Agraria (Fega)–, en Castilla y León lo hicieron 79. Falta de contabilizar el mes de diciembre. Si se cumple la media que se viene produciendo en el último ejercicio, de siete explotaciones dadas de baja al mes, la contabilidad de 2019 terminará con unas 85 granjas lácteas perdidas en la Comunidad –el 7,3%– y el censo bajará, por primera vez desde que hay registros, de las mil –en noviembre había ya sólo 1.004–.

Sin embargo, en el comparativo del acumulado de enero a noviembre, en cuanto a la producción de leche, Castilla y León ganó 19.000 toneladas respecto a 2019, y ‘arañó’ una décima de cuota del mercado nacional, hasta el 12,9%. Pasó, en ese periodo, de las 833.726 toneladas de leche a 852.826, un 2,3% más. Si la tendencia se mantiene en los datos de diciembre, la Comunidad acabará el año con una producción superior a las 930.000 toneladas.

Consolidó, además, su segundo puesto en el mercado nacional, sólo por detrás –a mucha distancia– de la Comunidad líder en el sector, Galicia, que acapara el 38,6% con 2.552.476 toneladas, dos décimas más que el año anterior. La tercera de la lista, Cataluña, perdió dos décimas, desde el 10,5 al 10,3%, con 680.395 toneladas.

Según las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAs), se produce mucho, pero el producto se paga por debajo de su valor real. Esta pérdida de rentabilidad de las explotaciones lácteas se está cobrando la ruina de un centenar de ganaderos cada año en Castilla y León. Los que sobreviven, lo hacen a costa de incrementar el volumen de sus explotaciones, en muchos casos, iniciando inversiones que no saben si lograrán amortizar.

Según la última valoración del sector realizada por la Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja), la leche de vaca comenzó el año 2019 pagándose a 33,4 céntimos por litro, un poco por debajo del precio del año anterior, con una tendencia a la baja durante el primer semestre hasta alcanzar el mínimo de 32 céntimos por litro en julio, aunque a partir de abril los precios fueron superiores a los de 2018. Desde julio se produjo una subida del precio hasta los 33,3 céntimos, un poco superior al del año anterior por las mismas fechas.

A principios de 2019 entró en vigor la norma por la que se obliga a la leche y productos lácteos producidos en España a indicar el origen de la materia prima, «Una reivindicación histórica de Asaja, que considera este etiquetado como esencial para que el consumidor tenga garantías de comprar producto de proximidad, nacional y con todas las garantías de calidad», señalaron en el sindicato. También a principios de año «se lanzó una campaña a través de las redes sociales para que los consumidores soliciten en sus puntos de venta habituales leche y lácteos ‘origen España’».

«Asaja ha seguido denunciando que, contra toda lógica por ser un país deficitario, el ganadero español percibe por la leche precios por debajo de la media comunitaria y de los principales países productores que exportan a España, especialmente Francia, pero también Holanda y Alemania. Queda claro que lo que no está funcionando en España es la propia industria láctea, que tapa sus carencias e incapacidad para adaptarse al mercado apretando a los ganaderos», añade la entidad.

cártel.

Y es que, según Asaja, «las lácteas funcionan en la práctica como un cártel, pactando precios a la baja, tal y como ha quedado demostrado con la multa de 80 millones de euros que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha impuesto a la industria láctea por prácticas realizadas entre los años 2000 y 2014. Asaja ha facilitado información para presentar una posible reclamación judicial de la cantidad que los ganaderos dejaron de percibir por esta causa».

En el mismo sentido se posicionó la alianza Upa-Coag, organización para la que el adjetivo más a medida para definir el pasado año en vacuno de leche sería ‘continuista’. «Continuista en el incesante cierre de explotaciones, en la falta de un precio justo que permita una rentabilidad al sector, en la falta de medidas verdaderamente eficaces que apoyen al sector en un año de dura sequía y, sobre todo, en la nula puesta en valor de un alimento tan valioso y necesario como es la leche».

Por otro lado cabe destacar, según Upa-Coag, «la presión que se está vertiendo sobre el sector ganadero como supuesto gran culpable de la emisión de CO2, cuando los productores estamos reutilizando nuestros residuos como fertilizantes contribuyendo a un menor uso de abonos químicos».

PRODUCTO RECLAMO

«A pesar de todo, en Castilla y León seguimos produciendo un alimento único pero no adecuadamente valorado. De hecho, a mediados de año nos vimos obligados a denunciar, por enésima vez, el uso de la leche como producto reclamo, en este caso mediante la venta en los lineales de la gran distribución de leche a 0,25 euros el litro», añadió la entidad. «Y por si lo anterior no fuera suficiente, el año 2019 finalizó con la demostración, una vez más, de las conductas ilícitas cometidas por las industrias lácteas contra los ganaderos de vacuno de leche, tal y como recoge la sanción impuesta por la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia por ejecutar una estrategia común para bajar los precios, manipular el mercado y restringir las libertades de los ganaderos».

BAJOS PRECIOS

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (Upa) a nivel nacional, denunció hace pocos días los «insostenibles» precios de la leche, «un 11% por debajo de los de Francia», lo que provoca que as granjas «siguen cerrando», unas granjas que llevan año sumidas «en la más profunda crisis». Los precios «se situaron en los 0,33 euros/litro, un 5,7% menos que la media europea», añadió.

«La tímida subida de precio en los meses de noviembre y diciembre es insuficiente», a juicio de Upa, «y se debe básicamente a la mejora de la materia grasa y de la proteína que impulsan algunas industrias y, en especial, las industrias queseras; así como a la irrupción en el mercado español (en especial en el mercado gallego) de la nueva industria láctea Inleit, que está demandando leche para su nueva planta y que está ofreciendo contratos un poco por encima de la media que pagan las industrias tradicionales».

La crisis de rentabilidad que sufren los ganaderos «se recrudece mes tras mes», y es que «el incremento de los costes de producción actuales y los que se prevén en subida de costes de la alimentación y las fuertes inversiones que tienen que acometer los ganaderos en medio ambiente, reducción de emisiones y la gestión en materia de cambio climático, suponen la ‘tormenta perfecta’ para los ganaderos».

Por todo ello, la Unión de Pequeños Agricultores ha pedido a las industrias del sector que abran «una negociación efectiva con los ganaderos y con las organizaciones de productores» en la que los nuevos contratos «tengan en cuenta todos los factores de incremento de los costes». La organización, que también se ha dirigido a la gran distribución, le ha planteado la necesidad de que la cadena de valor de la leche y de los productos lácteos «refleje la realidad del incremento de costes y sustente su futuro sobre la base de unos precios rentables para los ganaderos».

Por su parte, la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) denunció la pérdida de explotaciones de vacuno de leche, y puso de manifiesto que es una tendencia que se prolonga en el tiempo. «Si se echa la vista atrás, al año 1985, el número de explotaciones de vacuno de leche era de 65.000 frente a las apenas un millar de la actualidad». Por ello, la organización reclama a la Junta de Castilla y León que dé «un paso adelante con una Ley de Cadena Alimentaria, ya que, de lo contrario, se está a merced de la industria alimentaria».

UCCL hizo hincapié en que, tras la segunda resolución emitida en julio donde la CNMC certificó el comportamiento indebido de determinadas industrias lácteas respecto a la formación de precios, «los ganaderos están en su derecho de pedir las indemnizaciones por los importes presuntamente defraudados que la resolución contempla».

INDEMNIZACIONES

Así, comunicó que a los ganaderos afectados pueden reclamar sus indemnizaciones a las industrias lácteas que pactaron precios, por un importe de alrededor del 10% de la facturación a partir del año 2000.

«UCCL ya puso en evidencia en julio, cuando salió la resolución, el comportamiento presuntamente ilícito de dichas industrias lácteas», aseguró la Opa, que insiste «en la importante labor de información a los productores para que sepan que pueden reclamar lo que dejaron de percibir en el periodo de 2000 – 2013».

El importe que podría reclamarse, según los cálculos de la organización, podría ser de «en torno al 10 % del volumen facturado anualmente más los intereses en ese margen de tiempo», y podrían hacerlo «tanto aquellos que están en activo como los que la abandonaron».

«Es importante que también se haga una labor de difusión de los derechos de los ganaderos», afirman desde Unión de Campesinos. «Los procesos de reclamación no son siempre sencillos, pero es importante saber que se puede hacer y contar con el asesoramiento adecuado. Si no, la sensación del ganadero es sólo que la industria se ha lucrado de forma ilícita a su costa y ya está». La organización puso de manifiesto que, en la resolución de 2019, la CNMC demostró que 10 industrias lácteas realizaron conductas anticompetitivas que se tradujeron «en una reducción del precio que pagaban a los ganaderos por la leche cruda de vaca. Con ello, obtuvieron un beneficio ilícito de 685 millones de euros, a costa de los productores, durante los años de duración de la supuesta conducta ilegal».

Pese a que la CNMC sanciona con 80,6 millones de euros a las industrias lácteas por las deficiencias legislativas detectadas, la Unión de Campesinos de Castilla y León alerta que esta multa «no subsana las pérdidas económicas que los ganaderos han tenido durante años». La organización rechaza la conducta de la industria e insiste en «poner sobre la mesa con urgencia la incorporación de la definición de posición de dominio en la Ley de la Cadena Alimentaria que asegure un libre funcionamiento del mercado».