Los agricultores demandan un plan de choque por la remolacha

La crisis de la remolacha sigue siendo el problema más acuciante para las Organizaciones Profesionales Agrarias (Opas).Por eso, las tres firmantes del Acuerdo Marco Interprofesional (AMI), Asaja, Upa-Coag y la Confederación Nacional de Cultivadores de Remolacha (CNCR), exigieron el pasado viernes, de forma conjunta y urgente, la convocatoria de la Mesa Nacional, con el objetivo de llegar a una negociación consensuada de la contratación 2019 / 2020. De no convocarse la reunión las Opas pedirán el inicio del procedimiento de arbitraje por la ruptura unilateral de Azucarera del AMI en vigor, que incumple lo pactado para la última campaña de vigencia de este acuerdo.

Lo harán ante la decisión unilateral de Azucarera de rebajar en 6,5 euros el precio de la tonelada de remolacha (un 20% menos del precio actual), comunicada por esta industria el pasado 4 de diciembre. «El sector productor no acepta, en ningún caso, la estrategia de Azucarera, que pretende romper un marco interprofesional que ha sido clave para el desarrollo del cultivo en los últimos 40 años», manifestaron las Opas.

Además, pusieron de manifiesto que aún no se están llevando a cabo las negociaciones para establecer un nuevo marco regulatorio interprofesional que pudiera extenderse hasta el año 2024 o 2025, «lo que prueba que dentro de las prioridades de Azucarera no se encuentra la apuesta por el futuro del cultivo», concluyeron.

Por su parte, la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), pidió al Ministerio de Agricultura y Ganadería que traslade a la Unión Europea la necesidad de que ponga en marcha «medidas de crisis como en otros sectores». Por eso insistió en que considere al sector del azúcar como un sector en crisis y active el protocolo de medidas correctoras, para proteger de alguna manera a los remolacheros.

DESÁNIMO

Los representantes de las Opas manifestaron el desánimo de los agricultores durante una comparecencia pública, con motivo de la presentación de la feria bienal ‘Agraria’ de Valladolid. Así el presidente de Asaja, Donaciano Dujo, señaló la «incertidumbre, preocupación y desánimo» del sector, con una decisión que está llevando a muchos agricultores a no sembrar remolacha o, en el mejor de los casos, no hacerlo para Azucarera. Valoró que Acor sí cumpla la AMI, y avanzó que podrá absorber hasta 15.000 hectáreas más. «Hay recorrido y hay posibilidad», añadió, aunque insistió en que Azucarera «tiene que cumplir como han venido haciendo los profesionales independientemente de los resultados».

El coordinador de UCCL en Castilla y León, Jesús Manuel González Palacín, pidió un plan consensuado con la Junta y las azucareras para un cultivo que cuenta con muchos apoyos públicos. «Nos preocupa la remolacha, hay que tener un plan a medio plazo», aseguró. Como la remolacha es un cultivo, a su juicio, «inviable» al precio planteado por Azucarera, Palacín reclamó a la multinacional que reflexione, en especial porque cuando la situación fue contraria a la actual y se ganaron 300 millones de euros «poco se acordaron de los remolacheros», para repartir las ganancias, criticó.

Por último, desde la Alianza UPA-Coag, Manuel Jiménez calificó de «inaceptable» el hecho de que Azucarera se haya «saltado» de forma unilateral el Acuerdo Marco Interprofesional, cuando se trata de un cultivo «social» que además de su contribución a la industria agroalimentaria «ayuda a fijar población» en Castilla y León. «Si no cumple el AMI, vamos a defender los derechos de los remolacheros», aseveró.

LA JUSTICIA RESPALDA AL SECTOR CON 130 SENTENCIAS FAVORABLES Y EL ANUNCIO DE 300 MÁS

Las duras condiciones del mercado, tan adverso en esta campaña para los remolacheros, contrasta con el respaldo a los agricultores por parte de los tribunales en la reclamación del pago de las cantidades debidas por parte de la Junta. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León dictó hace dos semanas 130 sentencias en las que da la razón a los productores de remolacha azucarera y condena a la Junta a tramitar las ayudas convocadas para la campaña agrícola 2011-2012. Es una reivindicación que llevan haciendo los agricultores desde hace siete años. La Sala comunicó que tiene en trámite más de 300 recursos de agricultores con idéntica reclamación.

El Tribunal estima así los recursos interpuestos individualmente por los agricultores contra las distintas resoluciones de la Administración Autonómica y obliga a la Junta a tramitar los expedientes de solicitud de subvenciones presentados por los remolacheros al amparo de una orden (la AYG 71) dictada en 2011, y vigente después de que el TSJ, en 2014, anulara una segunda orden de la Junta (la AYG 776) dictada en 2012 para dejar sin efecto la convocatoria de ayudas del año anterior.

En su resolución, los magistrados de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso se reafirman en los argumentos expuestos en la sentencia de 2014, que hizo que la orden aprobada y luego anulada por la Junta volviera a cobrar vigencia. Recuerdan además que la Administración Autonómica «está obligada a tramitar todas las solicitudes con independencia de que las ayudas se concedan o no a los productores que las hayan pedido en función de las circunstancias individuales». La Sala expone que la modificación en 2012 del Plan Integral Agrario para el Desarrollo Rural de Castilla y León 2007-2013 no puede «en ningún caso servir para revocar una convocatoria ya efectuada, que ha generado auténticos derechos en los partícipes en la misma, y que como tal deberá proseguir hasta dictar los actos en aplicación de la misma».