El nuevo etiquetado de la leche deja en evidencia el problema de la miel

Satisfacción entre los ganaderos por la entrada en vigor, mañana martes, del Real Decreto 1181/2018 relativo a la indicación del origen de la leche utilizada como ingrediente, tanto en el etiquetado de la leche como de los productos lácteos. El objetivo es que los consumidores «puedan disponer de esa información y hacer una elección más acorde a sus preferencias», señaló el pasado viernes Cooperativas Agro-Alimentarias. Toda la leche y productos lácteos que hayan sido ordeñados, elaborados y envasados en el país tendrán que especificar con claridad ‘Origen: España’.

«El consumidor muestra cada vez una mayor preocupación por la sostenibilidad de nuestro hábitat rural y del medio natural que lo rodea», señaló la misma fuente. «Esperamos que los consumidores apuesten por aquellos productos que generan valor en nuestro territorio y permitan que futuras generaciones de ganaderos y sus cooperativas puedan seguir cuidando nuestro entorno rural».

Aunque la normativa tiene carácter transitorio, establecido en dos años, se espera que pasado este plazo y en base a los resultados obtenidos, «se implante definitivamente e incluso se avance en algunos aspectos para dotar al consumidor de información más clara y precisa».

Los responsables de las Organizaciones Profesionales Agrarias de Castilla y León aplaudieron esta medida y auguran que reportará beneficios, no sólo a los consumidores, sino también a los productores. El presiente de Asaja en Castilla y León, Donaciano Dujo, elogió que todos los productos lácteos pasen a identificarse «claramente», dijo en declaraciones que recogió Ical, aunque recordó que ya se ha pedido que esta obligatoriedad en el etiquetado se haga extensible a todos los productos alimenticios, al entender que es «esencial» identificar su procedencia de los bienes de consumo para que el cliente pueda elegir.

Para el coordinador de UCCL en Castilla y León, Jesús Manuel González Palacín, es «positivo» que se conozca el origen de los productos, algo que constituye «una reivindicación histórica» en la que hay que «avanzar», pero no sólo en el caso de la leche, sino también de todos los productos. «El consumidor tiene derecho a conocer dónde está producido y bajo qué parámetros de calidad, porque no hay las mismas normas en todos los países». A su juicio, se trata de una información que tiene que figurar «clarísima» ya que, de lo contrario, se trata de «un fraude».

En la misma línea se expresó Aurelio Pérez desde la Alianza Upa-Coag. Subrayó la importancia de disponer de un etiquetado «claro», no sólo en el caso de la leche, sino de todos los productos en general. Sin embargo, a su juicio el etiquetado «se queda corto» porque es «generalista y no alcanza los objetivos y planteamientos» del sector al ser «muy simple».

PORCENTAJES

Por su parte, los apicultores intensifican sus reivindicaciones para que se ponga en marcha una normativa similar en el etiquetado de la miel. A principios de enero, la plataforma ‘Etiquetado Claro Ya’, que engloba a 70 asociaciones apícolas, organizaciones medioambientales, empresas del sector y apicultores a título individual, exigió al Gobierno y al Parlamento un etiquetado «claro» de la miel que especifique tanto el país de cosecha como el porcentaje en caso de mezclas de mieles de distintos países, así como el establecimiento de medios para luchar contra el fraude y manipulación de la miel con la introducción de controles «más rigurosos», como la resonancia magnética nuclear.

La plataforma también instó al establecimiento, «con carácter inmediato», de controles de calidad y antidumping «para proteger el tejido empresarial del país y dado que desde la UE se informa que aproximadamente el 20% de la miel importada está adulterada». Por otra parte, solicitó que se denomine a este producto como «miel industrial» o «edulcorante» si la miel ha sido sobrecalentada a más de 45 grados centígrados.

El sector apícola entiende que el Ministerio de Agricultura, «de forma burda, está tratando de acallar miles de voces que piden un derecho del consumidor básico, el derecho a la información sobre el producto que compra».

En ese mismo sentido se manifestó la pasada semana la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (Upa), organización que remitió al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación unas observaciones ante el proyecto de Real Decreto por el que se modifica el R.D. 1049/2003 relativo a la norma de calidad de la miel. Dicha norma tiene por objetivo la implantación de un etiquetado obligatorio más detallado sobre el origen de la miel, indicando en el mismo que las mieles de mezcla se informe sobre los países de origen en que cada una de las mieles haya sido recolectada.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos valoró que dicho proyecto es una iniciativa positiva y demandada por su organización «desde hace muchos años». También el Parlamento Europeo en su resolución del 1 de marzo de 2018, sobre las perspectivas y desafíos para el sector apícola de la Unión apoyó que los Estados miembros establezcan una obligación de indicar el lugar de origen de la miel. E igualmente, en España, varias iniciativas parlamentarias perseguían ese objetivo.

En cualquier caso, UPA aseguró que «es insuficiente la simple mención del origen, aunque se indique en un orden decreciente».