El ‘tractor’ fiable ante el cambio climático

El presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo, lo tiene claro: «El seguro es una herramienta imprescindible, tan esencial para la explotación agraria como pueda ser el tractor». Lo explicó hace pocos días, en una jornada monográfica a propósito de la nueva campaña de contratación. «Es nuestro paraguas para afrontar riesgos inevitables en el campo, al estar sometidos a un tiempo cada vez más extremo y variable». Es la opinión que secundan cada vez más profesionales del sector, y la evidencia está en los números. Mientras en la campaña 2016-2017 los agricultores de Castilla y León aseguraron el 46,11% de la superficie de cultivos herbáceos, según datos de la Consejería de Agricultura y Ganadería, en la 2017-2018 ese mismo concepto se incrementó hasta el 66,66%, es decir: dos tercios de la superficie.

En cifras absolutas, los profesionales pasaron de asegurar 1.100.422 hectáreas en la primera de esas campañas, a 1.619.375. El incremento entre un ciclo y otro alcanza el 47,16%. Eso sí, la evolución es más lenta si se trata de viñedo, ya que la superficie asegurada se quedó en poco más de un tercio, el 38,10%, con 29.701 hectáreas de las 77.963 asegurables. Comparadas con el año anterior, sin embargo, se produjo un notable aumento del 25,22%.

Las Opas están de acuerdo en la importancia de la contratación de coberturas y reconocen que el seguro agrario español es un modelo para el resto de países de la Unión Europea. Pero tanto Asaja, como Upa-Coag, como UCCL, demandan un incremento de las ayudas por parte de la Administración.

Por ello, Dujo apeló, en la misma ocasión, al Ministerio de Agricultura y Ganadería y a la Consejería del área, para que «mantengan y apoyen el impulso a la contratación». También reconoció el «paso importante» de la Administración regional la pasada campaña, «al aplicar la ayuda directamente sobre el precio de la póliza», y dijo esperar «que siga incrementando el apoyo al seguro hasta recuperar el nivel que existía antes de la crisis».

La última convocatoria de ayudas para suscribir pólizas, cuyo plazo de solicitudes permanecerá abierto hasta el 31 de mayo de 2019, cuenta con 8,1 millones de euros. Incluye mejoras como duplicar el porcentaje de subvención para las explotaciones de frutales, pasando del 10% al 20%, e incrementa al 30% la línea de retirada y destrucción de animales muertos en explotaciones ganaderas para todas las especies. En las dos últimas convocatorias, la Junta de Castilla y León destinó más de 15,3 millones de euros en ayudas para suscribir seguros, y se pagaron en indemnizaciones más de 290 millones de euros por parte de la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados (Agroseguro).

El montante de las ayudas, anunciado la pasada semana por la consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, no satisfizo a las Opas. La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) considera que esos 8,1 millones se encuentran «muy lejos» de los 15,5 que venía destinando en el año 2011 «o los 15 millones que destinó en el 2010».

RETORNO

Por eso, UCCL reclamó a la Consejería que retome el nivel de financiación que venía realizando hace siete años, «para que los profesionales del campo puedan seguir apostando por asegurar sus cosechas ante un escenario climático cada vez más incierto».

La organización agraria consideró «fundamental» que la Administración regional realice cambios importantes en las bases reguladoras. «No se puede financiar en exclusiva las pólizas de seguros agrarios que tengan un importe mínimo de 750 euros, sin tener en cuenta que las explotaciones agrarias de Castilla y León pueden tener diferentes sistemas productivos, y por tanto, realizar la contratación de diferentes pólizas de seguros agrarios, no llegando ninguna de ellas al mínimo de 750 euros, pero en su conjunto superándolas con creces», explicó. Por tanto, pide una reducción del importe mínimo de subvención, actualmente fijada en 75 euros por póliza, que permita no dejar a ningún agricultor a título principal fuera del sistema de apoyo de la Consejería.

La postura de la alianza Upa-Coag también pasa por incrementar el apoyo público a los seguros agrarios, algo que considera «imprescindible para garantizar la supervivencia de la agricultura». La organización agraria considera que la agricultura y la ganadería «son sectores que se enfrentan a grandes riesgos climáticos y epizoóticos», y por ello propone «llegar a una universalización del seguro».

Upa-Coag propone llegar a esa universalización del seguro por medio de un incremento de la partida presupuestaria destinada a ello –hasta los 15,5 millones del periodo 2007-2011–; trabajar en la implantación de líneas de seguros que vayan más allá de daños y que garanticen el mantenimiento de un nivel de renta; trabajar en las líneas con baja implantación y, por último, la creación de una figura de asesoramiento del seguro agrario, que ayude al agricultor en la contratación del seguro y en las peritaciones más problemáticas.

Junto al anuncio de las ayudas a los seguros agrarios –que, aun insuficientes a juicio de las Opas, suponen el triple que en 2015, según la consejera–, Marcos realizó un balance de su evolución en Castilla y León junto al presidente de Agroseguro, Ignacio Machetti. Hace algo más de un año la Consejería y Agroseguro firmaron un convenio que supuso un cambio respecto al modelo anterior, «posibilitando que los beneficiarios reciban, de forma automática, la ayuda proveniente de la Junta de Castilla y León, aplicando el descuento en el momento de la suscripción de la póliza del seguro», aseguró. De esta forma, «se han agilizado los trámites administrativos y el cobro de la subvención inmediata, haciendo más atractiva la contratación de seguros».

En esa convocatoria se introdujeron mejoras como el abono inmediato de la ayuda en el momento de la contratación; la recuperación de la subvención de los seguros para las producciones ganaderas, que no se convocaban desde 2011, y el auxilio del seguro de compensación por pérdidas de pastos en sequía con un 25% de la prima.

En cuanto a los cultivos herbáceos, Soria es la provincia con mayor superficie asegurada, con un 91,8% y, por el contrario, Ávila y León son las que cuentan con los valores más bajos, con el 44% y el 47,2%, respectivamente. Pese a ello, cabe destacar que todas las provincias de Castilla y León registraron un importante incremento en cuanto a superficies aseguradas. En cuanto al viñedo, Valladolid es la provincia con mayor porcentaje asegurado con un 62,8%, mientras que Ávila y Salamanca se sitúan en el lado contrario con un 3,1% y un 0,4%, respectivamente.

Cabe destacar, además, el incremento que ha experimentado la superficie de frutales asegurada en la provincia de León, que ha pasado de 232,7 hectáreas a 587,8, lo que supone un 152,5% más respecto a 2016. Se aseguró el 43,5% de las 1.349 hectáreas registradas como terreno frutícola. Y en cuanto al número de pólizas, subió de 86 a 198.

En los dos últimos años, las indemnizaciones de Agroseguro al campo de Castilla y León han superado los 290 millones de euros: 217 millones de euros en 2017 y 73 millones de euros en lo que llevamos de año.

Así lo explicó Machetti, quien aseguró que el año pasado fue el segundo peor año en las cuatro décadas de seguro agrario en España como consecuencia de la sequía, que tuvo mayor repercusión en Castilla y León, donde supuso el 60% del total de siniestros del año. En la Comunidad, más de la mitad de la superficie asegurada sufrió siniestros, con un coste total de 217 millones de euros, de los que casi 170 correspondieron al cultivo de herbáceos extensivos y 23 millones a la uva de vino.

Este año está siendo también extraordinario, según Machetti, por la inusual frecuencia del pedrisco, que ha sido «extenso e intenso» en algunos momentos del año. En Castilla y León ha provocado importantes daños y ha hecho que, hasta el pasado 15 de noviembre, la siniestralidad registrada haya alcanzado los 73 millones de euros. Sólo en los seguros agrícolas se han recibido casi 28.000 siniestros por importe superior a los 54 millones de euros, con los herbáceos y el viñedo de nuevo como los cultivos más afectados.

PEDRISCO

Este año el pedrisco ha supuesto el 59% del total de la siniestralidad en el sector agrícola en Castilla y León, donde la peor parte se la han llevado las provincias de Burgos (4.143 siniestros), León (2.983) y Palencia (2.768).

Por otra parte, la Junta de Castilla y León ha reforzado su apoyo a través de la mencionada convocatoria de ayudas por importe de 8,1 millones, en la que se simplifica el trámite administrativo gracias al convenio firmado entre la Administración autonómica y Agroseguro.

En esta convocatoria, se duplica, del 10% al 20%, el porcentaje de subvención aplicable a las pólizas que se suscriban de la línea ‘Seguro para explotaciones frutícolas’, para las producciones de albaricoque, ciruela, manzana, manzana de sidra, melocotón y pera; y, por otro lado, a la subvención de la línea ‘Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cereza’, producciones muy sensibles a las circunstancias climatológicas adversas que afectan tanto a la floración de la planta como a la calidad y cantidad de los frutos.

A esta fragilidad se añade el hecho de que estas producciones tienen unos índices bajos de suscripción de seguros, por lo que este aumento en el porcentaje de ayuda busca también fomentar la contratación de pólizas de seguro proporcionando al agricultor un escenario de certidumbre en el que poder desarrollar su actividad.

Con el fin de paliar los efectos negativos del aumento de los costes de producción, la Consejería de Agricultura y Ganadería ha estimado la necesidad de establecer un único porcentaje de subvención a la línea de retirada y destrucción de animales muertos en explotaciones ganaderas. Por ello, se fija el porcentaje de subvención, para todas las especies, en el 30% de la prima comercial, lo que supone un incremento de la subvención del 5% en el caso del ganado de las especies vacuna, ovina y caprina, y del 15% en el caso del ganado de especies equina y aviar.

En el marco de la Comisión Territorial de Seguros Agrarios de Castilla y León, en el que participan además de la Consejería, Enesa, Agroseguro, las organizaciones profesionales agrarias y las cooperativas, se pusieron en marcha cinco grupos de trabajo con el objetivo de plantear mejoras en las líneas de herbáceos, apicultura, lúpulo, viñedo y frutales e incrementar las suscripciones de seguros agrarios.

Esos grupos de trabajo dieron como resultado la introducción de diferentes mejoras, como la revisión de los rendimientos al alza de trigo blando en un centenar de municipios de la provincia de Burgos, principalmente en las comarcas de La Bureba y Arlanza.

Se ha conseguido, además, que la Sociedad Agraria de Transformación Lúpulos de León pueda ser tomadora de seguro y una total transparencia en las condiciones de contratación, al permitir que los agricultores puedan consultar sus datos históricos de contratación (pólizas, siniestros, actas…) en el momento de suscribir una póliza; que en la zona de producción de la Ribera del Duero se haya revisado el precio de aseguramiento en uva tinta; que la remolacha azucarera tenga derecho a la indemnización por no nascencia; o que en el cultivo de judías secas se amplíe el plazo de comunicación de siniestros por no nascencia del 1 de abril al 15 de junio.

Se ha creado, además, un grupo de trabajo específico para las fruticulturas de El Bierzo y para los cultivadores de lúpulo, para que se tenga en cuenta la especial idiosincrasia de estas producciones. También el alpiste se ha incluido como un cultivo asegurable más dentro del grupo de cereales de invierno y se han finalizado los estudios técnicos para incluir los daños por sequía en la alfalfa de secano para incluirlo en la campaña que se inicie el 15 de noviembre de 2019 y se ha introducido la compensación por calidad en la alfalfa forrajera.

LAS ‘CINCO CLAVES’ QUE ACONSEJAN LA CONTRATACIÓN DE COBERTURAS

Las Organizaciones Profesionales Agrarias (Opas) y las cooperativas hacen en estos meses ‘pedagogía’ sobre la conveniencia de suscribir seguros para sus explotaciones, mientras los plazos de contratación y de solicitud de ayudas están abiertos.

Uno de los ejemplos está en Coag Castilla y León, que difunde las ‘cinco claves’, como las ha dado en llamar, para la contratación. Según la Opa, la primera de ellas es la más evidente: la necesidad de «reducir el riesgo» de la explotación, pues «desde que existe la agricultura, han existido distintos factores que han influido en la producción, muchos de ellos imprevisibles».

En segundo lugar, el seguro «no es caro», según Coag, pues su precio responde a los riesgos en la agricultura española. «La variabilidad del clima hace que los riesgos sean altos y que determinadas coberturas puedan tener un precio elevado no quiere decir que sean caros, si tenemos en cuenta los riesgos que cubren».

A juicio de la entidad, el actual sistema de seguros es además «muy adaptable». El seguro creciente «intenta ofrecer al agricultor y ganadero una amplia gama de oportunidades para que sea él el que elija la que mejor se adapte a la explotación».

La cuarta ‘clave’ es que «lo asegurable no es indemnizable», uno de los principios que rigen la política agraria en España. «Bajo este principio, los daños producidos por riesgos asegurables no pueden ser objeto de ayudas de carácter extraordinario». Esto es «especialmente grave» cuando los daños producidos son muy elevados «en comarcas donde el aseguramiento es muy bajo».

Por último, la organización agraria señala que el seguro «mejora con el tiempo». Es decir: todos los años se efectúa un «profundo repaso» de las líneas a subvencionar por parte de instituciones y entidades como Enesa; Ministerio de Economía, Industria y Competitividad; Consorcio de Compensación de Seguros; Comunidades Autónomas, Agroseguro y las propias Organizaciones Agrarias.