Las Opas acogen con cautela la junta de arbitraje de contratos

La Comisión de Gobierno de la Junta dio luz verde el pasado 31 de octubre al Decreto 47/2018, que fue publicado en el Bocyl el pasado lunes, 5 de noviembre. La norma crea la junta de arbitraje y mediación para los contratos agrarios en Castilla y León, con el objetivo de contribuir a solucionar los litigios que puedan surgir entre los agentes de la cadena agroalimentaria vinculados por un contrato agrario. Será un órgano colegiado, integrado en la Administración, que «debe convertirse en el punto de apoyo para que esta pueda desarrollar de la forma más eficaz posible las funciones que la Ley Agraria le atribuye respecto a estos procedimientos alternativos al judicial», detalla el texto.

Las Organizaciones Profesionales Agrarias (Opas) han acogido el decreto, en general, como una buena noticia, ya que se trata de la materialización de una herramienta prevista en la nueva Ley Agraria y que estaba pendiente desde hacía cuatro años.

El coordinador de la alianza Upa-Coag Castilla y León, Aurelio González, remarca que la entidad lleva reclamando ese organismo «desde que se aprobó la Ley Agraria de Castilla y León», aseguró en respuesta a este periódico. «Siempre hemos venido diciendo que faltaba la figura del mediador». De hecho, la junta de arbitraje y mediación, y el ‘defensor de la cadena’ –que presidirá el órgano colegiado– están contemplados en los artículos 171 y 172.

«Ya está bien un retraso de más de cuatro años en la creación del organismo, ahora lo que queremos es que funcione», añadió. «Y también queremos conocer esa figura del defensor de la cadena alimentaria». Se trata de un órgano integrado en la estructura de la Consejería de Agricultura y Ganadería, y «puede estar formado por varias personas».

CONFLICTOS

González hizo hincapié en que existe «mucho conflicto» en los contratos agrarios. «La obligación de los contratos ha supuesto en muchos casos la picaresca, en la que la industria ha establecido unas peores condiciones para los productores para no pillarse los dedos». Así, los agricultores y ganaderos «se estaban viendo obligados en muchos casos a firmar unos contratos bastante restrictivos en cuanto a los precios», aunque reconoce que ahora «esos contratos han ido mejorando y son más adecuados». Lo que Upa-Coag pide ahora es que se desarrollen estos contratos para que se actualicen los precios también en el largo plazo. «Así un agricultor o ganadero tendrá asegurada la rentabilidad para poder vender, y que no ocurran episodios como han sucedido recientemente de ganaderos a los que no se les ha recogido la leche».

Por su parte el presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo, se mostró de acuerdo con la creación de un organismo que está previsto en una Ley Agraria «que se aprobó por consenso de todos los grupos políticos y las organizaciones agrarias, que apoyamos y trabajamos mucho para que se consiguiera». Para la organización «es necesario que haya un defensor de la cadena alimentaria, para que vele por el cumplimiento de las normas entre las partes».

Y como «la historia nos dice que siempre el engañado entre esas partes es el productor», apuntó Dujo, «la parte más beneficiada en esta figura es el sector productor», celebró. Por eso «es una figura que necesitamos, que apoyamos, que tiene que tener un papel muy importante en las relaciones entre las partes y que va a ser muy positiva».

Eso sí, señaló que la puesta en marcha de la junta de arbitraje «hay que publicitarla» y «se tiene que poner en marcha lo más rápidamente posible». Con el tiempo «se tendrá que ir viendo el funcionamiento, y la Consejería podrá mejorarla, pues intentará que sea una figura que dé los resultados que se esperan», un organismo «que satisfaga a los perjudicados y tenga utilidad. Si con el tiempo se ve que necesita más apoyo o competencias, sin duda se le dará».

Más crítico se mostró el coordinador regional de UCCL, Jesús Manuel González Palacín. «En primer lugar, nos hubiese gustado que estas cosas se hubieran comentado en el Consejo Regional Agrario. Hace mucho que no tenemos uno», criticó. «Que nos explicaran la mecánica, las expectativas de este nuevo órgano... Pero en lugar de eso, parece que lo han hecho con nocturnidad y alevosía».

VOLUNTAD

A juicio de Palacín, «la herramienta puede ser buena, pero veremos la voluntad política que hay para ponerlo en marcha, y también vamos a ver cómo funciona cuando haya conflictos».

Según el responsable de la Unión de campesinos UCCL, el problema fundamental en los contratos agrarios es que «agricultores y ganaderos no podemos negociar precios». Se trata de una diferencia de fuerzas en la balanza que provoca que, «al final, para firmar contratos nos tenemos que plegar a lo que diga la industria», lamentó.

Esta nueva figura de la junta de arbitraje «debería poder equilibrar esa negociación», pero para eso «es fundamental que tengamos precios de producción oficiales para marcar un suelo en todos los contratos».

Palacín mostró sorpresa al no haber sido informados de la creación de la junta de arbitraje, pues aunque es algo que se contempla en la Ley Agraria, en esa ley «queda todavía mucho recorrido».

El representante de la Opa señaló que cuando hay «abusos flagrantes como ahora en el ovino», debería lograrse «un gran acuerdo entre la industria y los productores», puesto que «la posición dominante por parte de la industria es total, ya que más del 60% de la leche de ovino la compran cinco grandes industrias».

Pese a las críticas, Palacín consideró positiva la creación de la junta de arbitraje, y también de la figura del defensor de la cadena alimentaria. «Pero vamos a ver el desarrollo y la voluntad política de que sea una herramienta verdaderamente útil para los agricultores», apuntó. «Al final, el objetivo es el mismo; poder negociar precios, pero hoy por hoy es imposible», concluyó.