Las placas fotovoltaicas dicen adiós a la «inseguridad jurídica»

Era cuestión de tiempo. El polémico impuesto al sol ha propiciado un escenario de «inseguridad jurídica» que «España no se puede permitir». Por fortuna, la derogación de dicha normativa permitirá «superar» las «trabas técnico-administrativas» que hasta ahora frenaban las inversiones en instalaciones fotovoltaicas por parte del sector agrario. Puede que la supresión de esta tasa sea la «medida más llamativa» del Real Decreto 15/2018 recientemente aprobado en el Consejo de Ministros. Sin embargo, la simplificación de los trámites también contribuye a que «se ponga un poco de sentido común en el sector».

Así de claro lo tiene Ismael Martín, ingeniero agrónomo, coordinador del máster de Ingeniería y Gestión Agrosostenible de la Universidad de Burgos (UBU) y socio de la empresa Abasol, consultora especializada en el diseño e instalación de sistemas de energía solar en el sector agrario. En su opinión, el país ha estado «literalmente parado» durante «siete años» al no fomentar -más bien todo lo contrario- la implantación de placas fotovoltaicas. Una vez soltado el «lastre» de la «inseguridad jurídica», comienza una nueva etapa que redundará en gran medida sobre sector agroganadero de Castilla y León.

No obstante, la situación de los últimos años no ha sido tan «perniciosa» para la Comunidad. Y es que a diferencia de otras regiones españolas, la mayoría de los agricultores que apostaron por este tipo de energía «contrataban la instalación, pagaban un precio razonable, la instalación producía y les pagaban unos incentivos». Puede que después recortasen dichos incentivos, pero «la instalación seguía siendo rentable». Entretanto, los que «se la compraban a un promotor» se vieron perjudicados por la «especulación». Y claro, «si tú pagas un sobreprecio y luego te recortan los ingresos...». Blanco y en botella.

Por fortuna, el panorama está cambiando. Aunque sea «poco a poco», a Martín no le cabe duda de que la implantación de la energía solar en el campo «llegará», máxime cuando «la relación que tienen los agricultores con el sol hace que estén más próximos a esta tecnología que en otros sectores». Y cita el caso de Alemania, que allá por el año 2000 se propuso instalar 100.000 tejados solares poniendo el foco, «precisamente», sobre el sector agroganadero. ¿Qué ocurrió? Tal y como se esperaba, «lo consiguieron».

«La idea es que aquí pase lo mismo» y «los agricultores lo van a ver», asegura el ingeniero mientras matiza que la implementación de energías verdes en el campo se llevará a cabo, tarde o temprano, «por voluntad propia o porque nos obliguen», ya que la Unión Europea camina en esa dirección. No hay más que ver los cambios de la Política Agraria Comunitaria (PAC) cada vez más orientados hacia la sostenibilidad medioambiental.

Pase lo que pase, a Martín le parece «sorprendente» que España no haya sabido explotar mucho antes «las condiciones que tiene para producir este tipo de energía». Resulta evidente, a su juicio, que el campo nacional sufre un«retraso» respecto a otros países. «Se veía venir», aunque ha llegado el momento de «abrir la puerta» porque la situación era «insostenible».

Obviamente, se antoja necesario hablar de plazos y dinero a la hora de acometer un proyecto de estas características. Según el socio de Abasol, «la mayoría de las instalaciones se amortizan antes de 10 años» y «la inversión dura como mínimo 25». En cuanto al desembolso inicial, todo depende del tamaño de la explotación.

«No es lo mismo un coche de 1.000 centímetros cúbicos que uno de 2.000 o uno de 5.000». Con este símil automovilístico, Martín subraya que no existe un «precio estándar» como tal. No en vano, aunque la inversión sea «completamente escalable» dependiendo de las necesidades de cada agricultor o ganadero -a unos les basta con 1.000 euros y otros, generalmente propietarios de grandes cooperativas o empresas, parten de 100.000-, estima que el desembolso medio de un profesional del campo en Castilla y León puede oscilar entre 10.000 y 50.000 euros.

Aunque no lo parezca, la energía fotovoltaica está «más implantada de lo que parece» en el campo regional, pues «muchos de los que en el anterior boom hicieron inversiones eran agricultores», sostiene Martín. Aún con todo, el secretario general de la Alianza UPA-COAG en Burgos, Gabriel Delgado, considera que la «falta de información» ha impedido una proliferación mayor de estas instalaciones a nivel autonómico. Por ello, el sindicato promovió recientemente una jornada promocional junto a Abasol sobre este tema que posiblemente se extienda a diferentes zonas de la provincia como Las Merindades o la Demanda.

Aunque de entrada el desembolso es «importante», Marta Llorente, una joven ganadera de Zazuar (Burgos) a punto de abrir su propia explotación de porcino, ha decidido apostar por la energía solar por dos motivos. En primer lugar, porque está «comprometida con el medio ambiente» y de esta forma «no contaminas». En segundo, por el ahorro «a largo plazo» que le brinda una instalación de estas características, sobre todo porque necesitaría un generador para que la corriente eléctrica llegue hasta su nave, lo que conlleva un gasto inevitable -y no retornable- en combustible.

Pese al interés que despierta actualmente la energía solar en el sector agrario, la experiencia de Martín en Abasol -al menos durante los dos últimos años- le ha permitido constatar que hay «más ruido que nueces». Sin embargo, la derogación del impuesto al sol y las «facilidades» que ofrece la nueva normativa permiten vislumbrar un futuro que, irremediablemente, deberá contar con la implicación de las administraciones.

En este sentido, la Junta de Castilla yLeón ya ha comenzado a hacer los deberes. ¿Cómo? Financiando un proyecto piloto en la localidad burgalesa de Belorado del que se beneficiarán un centenar de agricultores de la Comunidad de Regantes del Río Tirón, Cauce Molinar, Santa Cruz y Verde Ancho. Gracias a esta iniciativa, los socios de dicha entidad podrán «aumentar su productividad» mientras se aseguran un considerable ahorro de costes tras sustituir su sistema de riego tradicional.

Durante la firma del convenio con la citada Comunidad, la consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, destacó que los agricultores tendrán capacidad para llegar a 500 hectáreas, lo que supondría doblar la superficie regable. En términos económicos, la también portavoz del Gobierno regional habló de un ahorro de 3 millones de euros durante la «vida útil» de la instalación, que en principio rondaría las dos décadas «como mínimo».

Claro está, el plan piloto conlleva una inversión considerable. Nada más y nada menos que 1,2 millones de euros de los que la Junta asume el 71% del total. Por otro lado, Marcos confirmó que el Ejecutivo autonómico quiere seguir avanzando en esta línea mediante la búsqueda de «alternativas de eficiencia energética» para aprovechar el potencial de la luz solar en el campo. Para ello, la Administración se comprometió prestar «apoyo» a otras comunidades de regantes que se planteen dar el paso.

ventajas poblacionales

Aparte de los beneficios que conlleva la energía solar para el sector agrario en términos de rentabilidad y respeto medioambiental, el secretario provincial de la Alianza insiste en el potencial de este recurso para combatir la despoblación en el medio rural. Cierto es que agricultores y ganaderos ayudan a fijar población en los pueblos, pero no hay que olvidar la necesaria presencia de emprendedores que no tienen por qué dedicarse al campo.

Partiendo de esa base, Delgado hace un llamamiento a todas aquellas personas que residen en el medio rural o barajan hacerlo para que se informen sobre las «ventajas» que brindan las energías limpias. No solo de cara a luchar contra el cambio climático, sino también a la hora de obtener una mayor «rentabilidad» aunque la inversión inicial sea «fuerte».