La Junta controla la llegada de la temible polilla guatemalteca

A pesar de que «el riesgo cero no existe para ningún patógeno», los cultivos de patata en Castilla y León se encuentran libres hasta la fecha de la temible polilla guatemalteca. Para evitar su aparición en los campos de la Comunidad, el Gobierno regional lleva dos años realizando prospecciones y controles en el «100% de las parcelas destinadas a esta producción y el 100% de los lotes utilizados tanto para ser multiplicados como de los lotes de patata de siembra producidos».

Fuentes de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León confirman a este suplemento que la llegada de este peligroso insecto supondría «un importante impacto en el cultivo de patata», hasta el punto de que la imposibilidad de plantar «como mínimo en dos años» si se detecta su presencia.

Cómo no, también afectaría al potencial económico de un sector estratégico en la Comunidad, ya que esta larva abre «galerías» en los tubérculos que «sirven de entrada a otros patógenos como hongos y bacterias», de tal manera que las patatas afectadas «no son comercializables y acaban pudriéndose».

¿Qué riesgos corre la provincia de Burgos?, ¿existe mayor riesgo al situarse al norte de la Comunidad? En principio no parece probable, ya que «nuestra altitud y nuestro clima no son favorables a esta polilla», precisan desde la Consejería.

Las prospecciones de la Junta incluyen la inspección de fincas destinadas a patata de consumo. Y lo mismo en patata producida, con «controles para detectar la posible presencia de las bacterias de cuarentena». Al mismo tiempo, «se están poniendo trampas con feromonas que atraen a los machos de la mariposa en almacenes que reciben patata de las comunidades autónomas donde se ha detectado la presencia de esta plaga».

¿Dónde se encuentra el foco? Desde Agricultura recuerdan que la tecia solanivora se localizó por primera vez dentro de la península en 2015. Fue en los alrededores de Ferrol y en la actualidad «ya está en siete concejos del occidente asturiano y en 31 municipios de las provincias de Coruña y Lugo». Visto lo visto, no cabe duda de que «se propaga con mucha rapidez» y toda precaución es poca.

Pero su irrupción en España se remonta a 1999 a través de Canarias, tal y como pudo constatar en su día el Ministerio de Agricultura. Por este motivo, se prohibió la exportación de patatas a la península para evitar su expansión, aunque finalmente resultó imposible y acabó aterrizando en tierras gallegas.

Debido a su agresividad y el peligro que encierra su propagación, la polilla guatemalteca se ha convertido en un asunto de Estado. El pasado 3 de marzo, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto para poner en marcha un programa nacional de control y erradicación de idéntico calado al que la Junta ha desarrollado durante los dos últimos años.

El modus operandi que contempla el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) en caso de detectarse su presencia también se rige por los mismos preceptos que el plan de Castilla y León. Y es que el protocolo de actuación previsto en caso de confirmarse su llegada contempla la inmovilización del cultivo o de las patatas donde apareciese el insecto en cualquiera de sus formas -adulto, larva o pupa- y «se destruirían los elementos contaminados lo antes posible».

A continuación, «se inspeccionaría concienzudamente todo el entorno del lugar de aparición, se declararían contaminados los elementos afectados y se establecería una zona tampón de un kilómetro a la redonda» para evitar un efecto dominó de indeseables consecuencias para el sector.

Por otra parte, el Real Decreto contempla la posibilidad de indemnizar a los productores afectados siempre y cuando cumplan con la normativa fitosanitaria española y comunitaria.

¿Existe algún método fitosanitario para hacer frente a esta amenaza? Por el momento, «no hay insecticidas que combatan adecuadamente a este insecto» porque la patata es «su único hospedante». Así pues, la única solución «efectiva» es «dejar de cultivar patatas durante un tiempo determinado en los lugares afectados por la plaga». En concreto, por un plazo de «dos años» según las instrucciones del Mapama.