Las Opas discrepan del proyecto regional de Entidades Prioritarias

El proyecto de Decreto que regula la creación de las Entidades Asociativas Prioritarias Regionales (EAPr), actualmente en tramitación, no convence a las organizaciones agrarias. Ni siquiera Urcacyl, una de las principales interesadas en que la normativa salga adelante, comparte el planteamiento normativo de la Junta en su totalidad, y pide cambios de cara a la aprobación definitiva.

La Ley Agraria contempla un capítulo dedicado a las cooperativas agrarias en el que se recoge el mandato para promover este movimiento en la región e impulsar la mejora en la dimensión de las entidades asociativas agroalimentarias. El objetivo es fomentar la integración de cooperativas y de otras entidades para alcanzar un modelo asociativo «generador de valor, más rentable, competitivo y profesionalizado».

El proyecto contempla ventajas en las ayudas para las Entidades Asociativas Agroalimentarias y los socios prioritarios de Castilla y León. «Preferencia» en relación a la concesión de determinadas subvenciones gestionadas por la Consejería de Agricultura, que no comparten las organizaciones agrarias.

Para el coordinador regional de la Alianza UPA-COAG, Aurelio González, el proyecto «no ampara a todos los sectores por igual». Esta organización insiste en que hay que «diferenciar» entre cooperativas y pone de manifiesto la situación en la que se deja a sectores menos desarrollados y con una menor estructura cooperativa. «Solo se miran los grandes números y los sectores económicos más importantes», añade.

El descontento se traslada tambiñen desde Asaja. Su presidente, Donaciano Dujo, no comparte que la consideración de Prioritaria «se utilice para beneficiar a unos agricultores frente a otros». Para esta organización es lícito que haya Entidades Prioritarias y que exista un sector cooperativo «fuerte y unido», por el que abogan, pero no creen que eso deba hacerse a través de un trato «desigual».

Asaja pone como ejemplo al agricultor que entrega la uva a una bodega privada o a sectores como el cunícola o la patata, con menor presencia cooperativa, lo que impediría a sus socios obtener esas ventajas en las subvenciones.

Y es que las Opas alertan de la posibilidad de que, ante dos casos iguales de jóvenes incorporados, se produzca una ayuda «diferente» en función de si la cooperativa a la que se pertenece es prioritaria o no o si se forma parte de una de ellas. Para la UCCL, la concentración «no puede ser forzada» ya que, dicen, la experiencia ha demostrado que esas experiencias «salen mal».

En el lado contrario están las cooperativas, ansiosas por que el proyecto salga adelante, pero con algunas modificaciones. Urcacyl pide «flexibilidad «en la norma para que sean más las sociedades que puedan ser Prioritarias en la Comunidad. El proyecto de la Junta debe ser modificado según Urcacyl. La Unión de Cooperativas denuncia, por ejemplo, que a las Organizaciones de Productores «no se les exige ninguna facturación», a diferencia de los requisitos para las cooperativas.

De la misma forma, piden que para que el socio pueda ser considerado prioritario tenga un volumen de ventas a las EAPr, al menos, del 80% para «fortalecer realmente la integración. Y que haya un condicionante en este sentido también para las OPs ya que de otra forma sería un «agravio comparativo» con el resto de socios de cualquier cooperativa.

El contenido del proyecto se presenta de la siguiente forma:

RECONOCIMIENTO

Pueden ser reconocidas como EAPr de Castilla y León: las sociedades cooperativas agroalimentarias de primer y segundo grado; las sociedades agrarias de transformación; y las organizaciones de productores con personalidad jurídica propia.

REQUISITOS

Las sociedades cooperativas y agrarias de transformación deberán tener su domicilio social y fiscal en Castilla y León, y acreditar que disponen de director o gerente con apoderamiento suficiente según la Ley, así como de personal técnico con titulación universitaria.

En cuanto a los Consejos Rectores se ha retirado por parte de la Junta la obligación de que al menos el 20% de los vocales fueran menores de 45 años, aunque se incluye el compromiso del Consejo a recibir la formación específica dirigida a adquirir conocimientos y habilidades para la toma de decisiones.

FACTURACIÓN Y NÚMERO

El texto define entre los requisitos para el reconocimiento un importe neto de cifra de negocios o ventas superiores a 20 millones de euros y un número de socios superior a quinientos. En este caso se podrán computar los socios de las empresas participadas por la cooperativa en más del 50%.

Para aquellas entidades que acrediten que el 80% de su prodcución se acoge a figuras de calidad, el importe neto de cifra de negocios será de cinco millones de euros y el número de socios será de 125.

El reconocimiento exige también la posesión de activos productivos en la Comunidad superiores a los tres millones de euros y en el balance de situación del último ejercicio, los fondos propios deben ser superiores al 40% del activo no corriente.

ACUERDO INTERCOOPERATIVO

El reconocimiento como EAPr puede llegar gracias a un acuerdo intercooperativo. Se considerará la suma total de los socios de las cooperativas que participan en los acuerdos. Para que el acuerdo sea reconocido, debe incluir la comercialización a través del mismo de al menos el 50% de las ventas totales de la cooperativa vendedora o al menos el 50% de los abastecimientos totales de la cooperativa compradora, con una duración no inferior a cinco años.

SOCIOS

Para que los socios de las EAPr pueden obtener el reconocimiento de prioritarios reunirán estos requisitos: domicilio social y fiscal en Castilla y León; ser agricultor activo; acreditar que el valor de las ventas a la o a las EAPr es igual o superior al 50% de las ventas de la explotación o que el valor de las compras es igual o superior al 25% de las ventas de la explotación; y permanecer asociado a la Entidad un mínimo de cinco años. Los socios de OPs que tengan su domicilio fiscal y social en la región tendrán esa consideración.

EFECTOS

Las EAPr y los socios prioritarios de Castilla y León tendrán preferencia, según el texto, de acuerdo con la normativa contenida en las bases reguladoras de la concesión de determiandas subvenciones y ayudas gestionadas por la Consejería de Agricultura y Ganadería