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Clemente reconoce que las valoraciones de los daños llegarán cuando los técnicos puedan acceder a las fincas

La consejera de Agricultura recuerda que las tierras del norte de la provincia están aún anegadas

La consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, conversa con el coordinador regional de Asaja, Donaciano Dujo-Ical

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ICAL

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La consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, aseguró que la Junta de Castilla y León no cuenta aún con una valoración de los daños causados en el campo por las inundaciones que estos últimos días han afectado, sobre todo, al norte de la provincia de Burgos. No en vano, recordó que los técnicos de la Consejería en Burgos no han podido realizar una evaluación “con precisión” sobre el terreno al existir agua en las fincas, sobre todo en la zona de Miranda de Ebro.

Entre el viernes, sábado y domingo, Miranda de Ebro y las Merindades (Trespaderne, Villarcayo, Medina de Pomar y Frías fueron las localidades de esta comarca más afectadas) vivieron las peores inundaciones desde el año 1980. Numerosos vecinos y propietarios de locales de estos municipios están todavía realizando limpieza de sus propiedades anegadas por el agua el pasado fin de semana.

El Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) movilizó a numerosos peritos el fin de semana en Las Merindades y en Miranda de Ebro con el fin de llevar a cabo un primer reconocimiento de las zonas afectadas por las inundaciones y con el propósito, también, de llevar a cabo una primera estimación de los daños. Han efectuado ya un cálculo de los desperfectos, que ascienden a un montante de entre 20 y 22 millones de euros.

Asimismo, los peritos consideran que pueden haberse registrado entre 1.200 y 1.500 siniestros entre ambas comarcas. En este sentido el Consorcio subraya que si se produjeran más pérdidas y de mayor importe que estas aproximaciones iniciales, “asumirá todos los siniestros que se hubiesen producido, aunque su número y su coste fuesen significativamente superiores a los estimados”. En estos momentos el CCS ha recibido ya 318 solicitudes de indemnización, lo cual quiere decir, a juicio del director de Operaciones, que “los afectados están dirigiéndose con rapidez y por la vía adecuada” a la entidad dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad.