Golpe de Estado
Evo Morales teme una guerra civil en Bolivia
El expresidente exigió desde el exilio al Gobierno de facto que identifique a los responsables de las nueve muertes a balazos Las nuevas autoridades niegan haber dado a los militares una "licencia para matar", pero tres manifestantes murieron de un tiro en la nuca
El expresidente Evo Morales, durante la entrevista con Efe.-EFE / JOSÉ MÉNDEZ
"Tengo mucho miedo", confesó el expresidente Evo Morales a la agencia Efe desde el exilio sobre una posible guerra civil en Bolivia, al tiempo que exigió al "Gobierno de facto" que identifique a los "autores intelectuales y materiales de las 24 muertes" que tuvieron lugar desde su dimisión hace una semana. El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, negó que el país se encamine hacia altos niveles de confrontación. "Bolivia no será un Vietnam. Bolivia siempre será Bolivia y libre", dijo con el tono de un cruzado de la Guerra Fría.
"Denuncio a la comunidad internacional estos delitos de lesa humanidad que no deben quedar en la impunidad", señaló Morales a través de su cuenta en Twitter tras escuchar al ministro Murillo. Los sucesos en Sacaba, en la periferia de la ciudad de Cochabamba, parecen anunciar una nueva fase política por el bloque de derechas que se hizo con el poder. Solamente allí murieron nueve personas y fueron heridas de gravedad 115, según denunció el Defensor del Pueblo, Nelson Cox. "Hubo un acto de represión, no ha existido un enfrentamiento, precisó. El mismo Murillo dijo en una comparecencia en Cochabamba que existen informes de que "tres de los fallecidos tienen disparos en la nuca".
El decreto sobre la actuación del ejército
El trasfondo de la violencia estatal es el flamante decreto 4078 que ha firmado la senadora Jeanine Añez, autoproclamanda presidenta del país, por el cual los integrantes de las Fuerzas Armadas que intervengan en "los operativos para el restablecimiento del orden interno y la estabilidad pública" quedarán "exentos de responsabilidad penal" si actúan en "legítima defensa o estado de necesidad".
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lo consideró un manto de futura impunidad para los responsables de hechos atroces. Jerjes Justiniano, ministro de la Presidencia, rechazó que el decreto en cuestión represente "una licencia para matar". La orden dada por la gobernante de facto, dijo, "tiene una base legal en la Constitución y la ley orgánica de las Fuerzas Armadas".
En la entrevista, Morales aseguró haber renunciado a la presidencia para tratar de evitar el escenario de dolor que se perfila en Bolivia. Dio un paso al costado "para que no haya ese racismo" ni "hechos de sangre". Según el exmandatario, "las Fuerzas Armadas y los policías que conspiraron y se amotinaron ahora están matando al pueblo. A su criterio, no existe otra alternativa que "un gran diálogo nacional" que permita alejar del horizonte los peores fantasmas.