Tokio decide el futuro de la SGAE

Tras un mes de silencio y trabajo de puertas adentro, los nervios en la SGAE vuelven a estar a flor de piel. Y las espadas, en alto. Este martes el Ministerio de Cultura lanzó otro ultimátum a la entidad requiriéndole información clara y en un plazo de cinco días sobre sus gestiones cara a adecuar los estatutos a la normativa europea, el reparto semestral respetando el límite del 20% fijado a los ingresos por los programas televisivos de madrugada y la aplicación del voto electrónico para las asambleas y las elecciones. El gesto llega horas antes de que la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC) decida probablemente este mismo jueves en su asamblea mundial de Tokio si expulsa o no a la SGAE.

La pelota está ahora en el tejado de la CISAC, que ya intentó traspasar la responsabilidad al Ministerio de Cultura aconsejándole intervenir la SGAE y así no tener que expulsarla. Pero el Gobierno sigue atado de manos, pendiente del dictamen del juez sobre la legalidad de la intervención. Y mientras, entidades como OPEM (de editores multinacionales), AEDEM (editoriales españolas), Musimagen (compositores para audiovisuales) y UFI (discográficas independientes) han remitido una carta a la CISAC con el objetivo de presionarla para que dicte una sanción ejemplar a la SGAE; una sanción que, a su vez, anime al Gobierno a hacer efectiva su intervención.

Fuentes internas de la SGAE aseguran que el reparto de junio ya se hará según estipula la ley, a pesar de que algunos directivos del colegio de pequeño derecho vinculados a 'la rueda' hayan presionado para sortear ese tope del 20% y poder ingresar las cifras de antaño. Por otro lado, el voto electrónico se podrá ejercer en la asamblea del 24 de junio como sucedió en la asamblea de junio del 2018 que precipitó la caída de José Miguel Fernández Sastrón. Pero en esta asamblea también tendría que aprobarse los estatutos. Un trámite que no se superó en diciembre y que nada permite intuir que se vaya a superar en junio.

EN PIE DE GUERRA

Hoy por hoy parece aún más difícil que la junta salga victoriosa en la próxima asamblea porque su última maniobra ha puesto en pie de guerra a los colegios de Gran Derecho y Audiovisuales. La junta directiva aprobó la semana pasada una propuesta para aumentar el máximo de votos de los socios con más ingresos. Hasta ahora era de 30 y el nuevo límite sería de 35. Es un modo de mantener sus privilegios electorales ante la reforma de la ley de propiedad intelectual que dictó que a partir de ahora todos los socios de la SGAE tienen derecho a voto. En las últimas elecciones sólo pudieron votar 18.970 de los 120.040 socios, aunque al final solo ejercieron su derecho de voto 1.373.

La propuesta de aumentar el tope de votos nace de los autores alineados con las editoriales televisivas y ha salido adelante con sus votos. Pilar Jurado, que obtuvo la presidencia gracias a esos autores habituales en las madrugadas musicales, la defiende. Sin embargo, los socios contrarios a la junta lo ven una maniobra para que los aliados de la rueda sigan dominando la entidad. Antonio Onetti, vicepresidente del colegio de Audiovisuales, opina que esto rompe toda posibilidad de apoyo a Jurado y define la maniobra como "tiro en el pie", pues la asamblea de socios nunca aprobará una reforma que reduce su capacidad de decisión. Hasta Sastrón la considera "un error y un pésimo mensaje".

Otra reciente decisión de la junta ha sido destituir a la presidenta de la Fundación SGAE Ana Graciani y colocar en su puesto a José Ramón Arnáiz. Miembro del grupo de rock latino Guaraná, publicó cinco discos en la pasada década, aunque ahora es bastante más fácil verlo en los programas musicales de madrugada que en concierto. Tras una década de silencio discográfico, ha publicado Canciones de tormentas en la división musical de Atresmedia.

Como ya viene sucediendo desde hace casi un año, el fin de la SGAE en manos de 'la rueda' parece acercarse. Más aún, cuando la Audiencia Nacional ha requerido nueva información sobre 150 socios dentro de su investigación sobre el caso de 'la rueda'. Pero hoy las miradas están en Tokio. Varios junteros intuyen una prórroga de la CISAC que devuelva la pelota al ministerio. Las editoriales multinacionales, en cambio, suspiran por una expulsión tajante que desencadene la intervención ministerial. Pase lo que pase, el futuro de la SGAE ya no se va a decidir de puertas adentro, sino en la otra punta del mundo.