Mañueco exige a Planas que garantice mil millones al año con la nueva PAC
El presidente de la Junta defiende el mantenimiento de la actual financiación y evitar desequilibrios
Alfonso Fernández Mañueco y Luis Planas en la sede de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, ayer. ICAL
Garantías de que la nueva PAC aporte mil millones de euros al año a Castilla y León y evitar que la modificación de la Política Agraria Común consolide desequilibrios territoriales. S on, a grandes rasgos, las dos principales exigencias que planteó ayer el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas , durante su visita a Valladolid.
La aportación de esos mil millones de fondos de la PAC a la Comunidad significaría mantener la actual financiación , la mayor parte dirigida al apoyo a la renta de los agricultores y ganaderos y a mantener una producción sostenible con los recursos naturales. Y es que «los enfoques de la nueva PAC serán más exigentes desde un punto de vista medioambiental, por lo que reducir la financiación pondría en riesgo la actividad agroalimentaria, la más importante en el medio rural», señaló el presidente.
Fernández Mañueco comprometió ante el ministro el «apoyo y colaboración total de Castilla y León» con la elaboración del Plan Estratégico Nacional que programe la aplicación de la nueva PAC en todos los territorios. Un plan en el que no se establezcan desequilibrios territoriales respecto a la situación actual.
También recordó la «firme posición de Comunidad en defensa de la PAC, que fue adoptada por la Junta, los grupos políticos, las Organizaciones Profesionales Agrarias (Opas), las cooperativas agroalimentarias, representantes sectoriales, jóvenes, mujeres rurales, redes rurales y el Diálogo Social». El objetivo es poder contar con ese Plan Estratégico Nacional a mediados del año que viene y poder así desarrollar la normativa española y de la Comunidad Autónoma durante 2022. Con este nuevo calendario la nueva PAC entrará en vigor en 2023.
Y es que, en consonancia con las demandas de las Opas y los demás agentes del sector, el presidente del Ejecutivo autonómico señaló que Castilla y León defiende que la nueva Política Agraria Común «debe tener elementos diferenciadores para los agricultores y ganaderos profesionales, de explotaciones familiares, que principalmente viven de la agricultura». No cabe, así, en un territorio como el de la Comunidad, primar políticas destinadas a explotaciones extensivas.
La PAC «debe servir para fortalecer sus explotaciones, garantizar su resistencia a la volatilidad de los mercados y a los riesgos de la producción, como adversidades climatológicas y plagas y enfermedades, y conseguir incorporar jóvenes y mujeres, apoyándoles con tecnología e innovación», concluyó.
Por su parte, Planas aseguró durante su visita que el sector agrario está «bien posicionado» para responder de forma diferente a los retos ambientales de la PAC, y recalcó que la Política Agraria Común es un fondo que tiene como destino «a agricultores y ganaderos como trabajadores y empresarios que desarrollan la actividad agraria en el medio rural». El ministro incidió también en la necesidad de seguir avanzando en la mejora del cooperativismo, a través del impulso de la dimensión, la digitalización y la diferenciación.
Por otra parte, Planas defendió que lo s 47.724 millones de euros con los que contará España para la PAC del periodo 2021-2027 constituyen una cifra «superior a la del anterior periodo de programación , lograda en un contexto de salida de Reino Unido de la Unión Europea, que supone un 13% menos de ingresos a las arcas comunitarias».
El ministro coincidió con el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero , en que la crisis provocada por el Covid-19 ha puesto de manifiesto el carácter esencial y estratégico del sector agroalimentario, así como la necesidad de mantener la actividad agraria europea como garantía de suministro de alimentos seguros y a precios razonables.