La Junta garantiza a más de 400 familias la cuantía mínima de la Renta de Ciudadanía
La ley se ha modificado para que sigan percibiendo su subsidio hasta que reciban el del Gobierno
![La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco. | ICAL](https://imagenes.diariodevalladolid.es/files/image_large/uploads/2024/03/14/65f3598317fb6.jpeg)
Isabel Blanco.- E. M.
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades dio ayer un paso decisivo para garantizar que los perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía sigan percibiendo esta ayuda hasta que reciban el Ingreso Mínimo Vital del Gobierno y la cobertura económica mínima que tenían las familias de la prestación de la Junta de Castilla y León.
Así, ha colgado en el portal de Gobierno Abierto el anteproyecto de modificación de la Ley de Renta Garantizada de Ciudadanía que convierte esta prestación en «complementaria» al Ingreso Mínimo Vital cuando las familias reciban del Estado una cuantía inferior a la que venían percibiendo por el Ejecutivo regional.
El objetivo, tal y como señalan en una nota de prensa, es garantizar la diferencia que han dejado de percibir para no tener ninguna merma de sus ingresos y puedan cubrir sus necesidades básicas.
Según los datos disponibles en la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, desde la aprobación del Ingreso Mínimo Vital el pasado 1 de junio, solo 1.503 familias beneficiarias de la Renta Garantizada de Ciudadanía han recibido dicha prestación nacional. De ellas, más de 400 han recibido una nómina inferior a la que percibían en la Renta Garantizada de Ciudadanía, incluso inferior a los 461,5 euros establecidos como mínimos del Ministerio.
Con la publicación de este documento, el Gobierno autonómico abre un período, hasta el 10 de agosto, para que particulares, entidades, administraciones y sociedad en general puedan tener participación y aportar sus alegaciones a la modificación de esta Ley.
Con este movimiento, el departamento de Isabel Blanco busca que todas las familias castellanas y leonesas puedan cubrir sus necesidades básicas y no pierdan dinero por acogerse a otra ayuda diferente. Cabe recordar que esta demanda apareció en la Mesa de la Renta Garantizada de Ciudadanía constituida en el marco del Diálogo Social para analizar el escaso impacto del Ingreso Mínimo Vital en los perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía y avanzar en cuantas medidas sean necesarias para adaptarla a las necesidades reales de las familias más vulnerables de Castilla y León.
En ella, la Consejería y los integrantes del Diálogo Social – Cecale, Comisiones Obreras y UGT – acordaron que ningún perceptor de Renta Garantizada de Ciudadanía se viera perjudicado económicamente con motivo del Ingreso Mínimo Vital del Estado y que, a través de una modificación normativa, se garantizara la cobertura económica mínima que tenían las familias a través de la Renta Garantizada de Ciudadanía previa a la implantación del Ingreso Mínimo Vital. El resto de beneficiarios de Renta Garantizada de Ciudadanía de la región seguirán recibiéndola hasta que el Estado resuelva el Ingreso Mínimo Vital. En la nómina del mes de julio recibieron la Renta Garantizada de Ciudadanía 9.184 familias.
La Renta Garantizada de Ciudadanía se implantó hace diez años y beneficia de media a 15.000 familias cada año. Un derecho subjetivo para el que la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades destina alrededor de 60 millones anuales.
Un subsidio que desde el 15 de junio convive con el Ingreso Mínimo Vital. Por ello, la Junta puso en marcha una serie de actuaciones para tener informados a los perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía; entre ellas, el envío de una carta informativa con la repercusión del Ingreso Mínimo Vital en la Renta de Castilla y León, la coordinación con el 012, corporaciones locales y entidades del tercer sector para orientar y prestar apoyo a los perceptores de Renta Garantizada de Ciudadanía, y la habilitación de cauces específicos de información en las gerencias territoriales de servicios sociales de cada provincia para labores de apoyo y asesoramiento.
De hecho, según reza la nota de prensa, el departamento de Isabel Blanco ve «muy necesario» vincular el Ingreso Mínimo Vital a la inserción social y laboral de las personas que lo reciban , como así está establecido con la Renta Garantizada de Ciudadanía. De igual forma, la experiencia en la Comunidad con los itinerarios formativos, aspecto que el Ingreso Mínimo Vital no contempla, y con la contratación de perceptores de Renta es «bastante aceptable», llegando a cuotas de inserción laboral de un 25 %.
«Es un modelo que, a través de los cauces de colaboración con el Ministerio, se debería hacer extensible a los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital del Estado, ya que el objetivo final es que estas familias de Castilla y León salgan de la pobreza a través de un empleo digno», sentencia.
Destinados 611.000€ para luchar contra la violencia machista
El Bocyl publicó ayer la convocatoria de subvenciones para el desarrollo de proyectos dentro del programa de promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y de la lucha contra la violencia de género en Castilla y León , que con una dotación económica de 611.000 euros va dirigida a las entidades del Tercer Sector Social definidas en el artículo 2 de la Ley 43/2015, de 9 de octubre, aunque también contempla que puedan ser beneficiarias las fundaciones cuyo objeto social sea el deporte, las federaciones deportivas y los clubes deportivos de Castilla y León.
La convocatoria tiene como finalidad avanzar en la eliminación de las desigualdades existentes entre mujeres y hombres en distintos ámbitos y sectores, así como conseguir la integración social y la mejora de la autonomía personal de mujeres en situación de especial vulnerabilidad, particularmente víctimas de violencia de género, informa Ical.
Para el desarrollo de los proyectos se establece una cuantía de 611.000 euros distribuidos en nueve líneas programáticas, una menos que en la convocatoria de 2019 al haberse unido dos líneas en una sola. Así, en la línea programática de lucha contra la violencia de género, podrán desarrollarse proyectos para el asesoramiento y la atención a víctimas de violencia de género con el fin de mejorar su autonomía personal.