El médico preguntará al internista del hospital antes de derivar pacientes desde la residencia

La sospecha de un desigual acceso a los hospitales, en especial desde las residencias, es una de las sombras que pesa sobre la gestión de la pandemia en Castilla y León. El colapso sanitario registrado durante el pico asistencial de marzo y abril llevó a la Junta a dictar controvertidas instrucciones para priorizar a unos pacientes sobre otros en aquel contexto extremo de falta de recursos con el fin de ayudar a los profesionales sanitarios a enfrentarse, llegado el caso, al trago de tener que decidir a quién ingresar y a quién no. Ahora, con la nueva normalidad y ante un escenario otoñal incierto, la Consejería de Sanidad ha elaborado nuevos documentos de ‘ayuda a la toma de decisiones’ para afrontar esas indicaciones ante un colectivo vulnerable como son los mayores, en particular los que viven en un geriátrico.

Y lo hace ahora en solitario, en folios que ya no comparten encabezamiento con la Gerencia de Servicios Sociales, toda vez que Sacyl asumió el control sanitario dentro de los centros residenciales. En concreto es la Dirección General de Planificación y Asistencia Sanitaria con la Gerencia Regional de Salud quien firma un documento con protocolos, pautas, esquemas y algoritmos que pueden guiar a los facultativos en cada caso.  

Las directrices, firmadas el 6 de julio, concretan los pasos a seguir «cuando se considere que el paciente precisa ingreso hospitalario urgente». En ese caso, el médico deberá llamar a Urgencias para valorar «el recurso y prioridad de traslado del paciente», preferentemente a través del teléfono habilitado para ello, el 061. Ésta era la práctica habitual en la era precovid y si la sala de urgencias daba el visto bueno mandaba una ambulancia a la residencia para trasladar al paciente. Lo novedoso es que ahora se introduce un paso más antes de efectuar la derivación. Sanidad recomienda ahora «siempre que sea posible» contactar también con el internista de guardia «para consensuar la situación del paciente y, en su caso, anticipar la actuación a seguir». 

Los expertos explican que con esa llamada al Medicina Interna lo que se pretende es asegurarse de que hay camas disponibles en planta y evitar una acumulación en urgencias, evitando allí eventuales atascos con pacientes esperando durante largos periodos una atención adecuada. En la práctica, de darse una nueva situación de desbordamiento, también podría suponer un nuevo triaje en el acceso al tratamiento hospitalario. 

Ese filtro, en todo caso, será siempre en base a decisiones profesionales, porque «el criterio médico en cada paciente está por encima» de todas las recomendaciones generales, según precisa el documento, «siempre que sea razonado, argumentado y se consensúe con la familia, con la colaboración que se precise del equipo Covid-residencias». 

Y también apunta que la solicitud de traslado siempre la realizará un médico: en las residencias públicas podrá hacerlo el de cabecera o el propio facultativo del centro, que también es funcionario de la administración autonómica, mientras que en las residencias privadas únicamente el médico de atención primaria podrá indicar el traslado. En esa solicitud, el doctor de referencia deberá informar al hospital de la situación clínica y basal del paciente, precisar si es sospechoso o caso confirmado por Covid-19, si es candidato a oxigenoterapia y las expectativas del tratamiento, entre otras variables. 

El documento alivia las restricciones conjuntas dictadas en marzo y actualizadas en abril por las gerencias de Salud y Servicios Sociales. Si entonces la pauta era «preferiblemente atender a los residentes sin necesidad de movilizarlos, ahora Sanidad se limita a señalar que «en muchas ocasiones el tratamiento se podrá dispensar en la propia residencia, garantizando la mayor calidad posible» mientras que «otras veces habrá que derivar a hospitales y recursos de cuidados intermedios según el estado clínico y situación del paciente». En otro documento de la Consejería de Sanidad, fechado también el 6 de julio y que regula el procedimiento de diagnóstico y control en las residencias de mayores durante la nueva normalidad, insiste en esa misma pauta: «siempre que el residente precise de medidas terapéuticas que no se puedan llevar a cabo en la residencia», los médicos de referencia y de urgencias «considerarán su remisión al hospital». 

Respecto a los recursos intermedios, el documento sobre la toma de decisiones define los dos requisitos fundamentales» que deben tener esas infraestructuras: «disponer de personal sanitario las 24 horas del día y posibilidad de oxigenoterapia a concentraciones elevadas», algo que cumplen todas las residencias de titularidad pública y algunas privadas, de modo que «desde estos centros no se harán derivaciones a centros de cuidados intermedios pudiéndose realizar al hospital de referencia cuando el nivel de fragilidad de la persona lo recomiende o la intensidad de tratamiento sobrepase la capacidad de la residencia». El listado de esos recursos medicalizados, en su mayoría hospitales privados, está disponible en cada Gerencia de Atención Primaria y, «al igual que el tratamiento recomendado, está en constante revisión y actualización en función de los recursos disponibles y las circunstancias en las que se desarrolle la epidemia en cada momento». 

Incluye también esquemas para evaluar la conveniencia del ingreso, como el índice de Barthel, una herramienta muy utilizada para valorar la función física de un paciente en el desarrollo de la vida diaria, o la escala de fragilidad con las recomendaciones de derivación en función de la situación del paciente y que, en líneas generales, excluye del traslado hospitalario a pacientes terminales o con una fragilidad grave o muy grave, indicando para los demás la derivación al hospital, con independencia de su edad. 

Tras la primera oleada, los centros de salud conservan un papel crucial como garantes de la calidad asistencial dentro de las residencias. «Es responsabilidad de los Equipos de Atención Primaria con el apoyo del hospital cuando sea necesario, la atención sanitaria en las residencias y la valoración de las necesidades que precisen dichos pacientes, asegurando que estos cuidados se proveen adecuadamente y si no es así, buscar otros recursos», apunta Sacyl. 

La Consejería de Sanidad reconoce que «la situación en las residencias de personas mayores está siendo uno de los retos más importantes a abordar» durante la pandemia. Y hace autocrítica al admitir que «los protocolos son cambiantes y a veces contradicen actuaciones previas tras comprobar que han sido insuficientes». «Nuestra obligación es proveer la mejor atención posible a los residentes, y en todo momento se estudian nuevas formas de mejorar esta atención», puntualiza el documento.

ANTES Y AHORA. En marzo y abril, la pauta conjunta de las gerencias de Salud y Servicios Sociales era atender a los mayores «preferentemente» dentro de las residencias, «sin movilizarlos». Ahora, la Consejería de Sanidad, al mando de la asistencia en estos centros, con la nueva normalidad y ante la incertidumbre del segundo semestre, sostiene que «siempre» deberá considerarse el traslado al hospital cuando el residente precise un tratamiento que no pueda recibir en la residencia. Eso sí, emplaza a los médicos de Atención Primaria a informar y «consensuar» la derivación del paciente primero con Urgencias y luego con los internistas del centro hospitalario.