EDUCACIÓN
Castilla y León descarta ya la vuelta a clase este curso
La consejera Lucas no ve «factible» la apertura de los centros educativos en junio después de que la ministra de Educación, Isabel Celaá, dijera en la reunión con las Comunidades que cada territorio podría avanzar al ritmo que considere más oportuno
La consejera de Educación, Rocío Lucas, presenta el curso escolar 2019-2020.
Castilla y León no llegará a tiempo para reabrir las aulas este curso . El ralentizado ritmo de desescalada en esta Comunidad –en su gran mayoría aún en fase cero– impedirá la vuelta de ningún alumno antes del 23 de junio, cuando acaba el año académico. Ni siquiera se contempla el regreso de los niños de cero a seis años para facilitar la conciliación de los padres que tengan que acudir al trabajo, en el supuesto de que esta autonomía llegase a tiempo a la fase dos, que es cuando el Gobierno central permitirá la apertura para ese ciclo de Infantil.
Esa es la previsión que ayer explicó la consejera Rocío Lucas durante la Conferencia Sectorial de Educación, que reunió a sus homólogos de todas las autonomías españolas en una viodeoconferencia presidida por la ministra Isabel Celaá.
«Desde Castilla y León hemos manifestado la postura que veníamos planteando en anteriores ocasiones: que no vemos factible con la situación epidemiológica de esta Comunidad la vuelta a las aulas durante este curso» , explicó Lucas al terminar un encuentro virtual que se prolongó durante más de cuatro horas. Únicamente se plantea aquí la celebración de la EBAU y de los programas de refuerzo educativo, «pero ya estaríamos hablando de julio», apostilló.
La titular castellana y leonesa de Educación aseveró que «la mayor parte de las comunidades autónomas han estado de acuerdo en esta ‘no vuelta’ a las aulas» en lo que resta de curso por el elevado riesgo de contagios que acarrearía volver a ‘habitar’ los espacios educativos.
Abordar la desescalada educativa en este curso era uno de los puntos de orden del día de la Conferencia Sectorial pero en la reunión quedó patente que será cada autonomía la que determine las medidas más adecuadas para su situación concreta. La ministra Celaá asumió así que las actividades autorizadas por el Gobierno central en las fases de desescalada no suponen una obligatoriedad y que cada territorio podrá avanzar al ritmo que considere más oportuno y trazar sus propios planes para organizar a los alumnos en sus centros educativo.
El Gobierno central está abierto a que, dentro de una misma Comunidad, el desconfinamiento educativo pueda avanzar a distintas velocidades en función de la dispar situación epidemiológica de las distintas provincias o zonas de salud, como sucede en Castilla y León, donde sólo el 2% de la población está hoy en fase uno, que podría llegar al 12% si se aprueban las nuevas áreas propuestas ayer desde la Junta al Ministerio de Sanidad. Pero desde la Consejería de Educación descartan adoptar medidas heterogéneas dentro del territorio. La vuelta al cole y al instituto será generalizada o no será.
Tampoco se baraja aquí el acceso parcial por ciclos o tipología de los centros educativos, aunque las autonomías coincidieron ayer en la mayor importancia académica de los últimos cursos de etapa educativa (cuarto de la ESO, segundo de Bachillerato, segundo de Formación Profesional media y superior y último curso de enseñanzas de régimen especial), cuyo regreso presencial han marcado como prioritario algunas comunidades. El Ministerio de Educación recordó que, en todo caso, esa vuelta «se hará respetando las normas de seguridad dictadas por Sanidad» y que «la presencia del alumnado será voluntaria, aunque las actividades se tendrán que planificar para evitar aglomeraciones innecesarias», informó en un comunicado.
Protocolo de seguridad
Sea cuando sea en cada caso esa vuelta a las aulas, el Ministerio de Educación elaborará «un protocolo de seguridad» con criterios «homogéneos» para todas las comunidades autónomas, una propuesta que ayer se debatió en la Conferencia Sectorial a propuesta de Castilla y León. «Habíamos planteado la necesidad de que hubiera un protocolo de seguridad para los centros educativos establecido entre Ministerio de Educación y Sanidad, de común acuerdo y con parámetros generales para todas las comunidades», explicó Rocío Lucas aplaudiendo la receptividad hacia su propuesta. Según relató la consejera castellana y leonesa, Isabel Celaá se ha comprometido remitir «en breve» dicho documento a las autonomías.
Los titulares de Educación abordaron también las medidas para afrontar el próximo curso, 2020-2021 y acordaron crear un grupo de trabajo para definir la acción educativa en función de la evolución de la crisis sanitaria. El objetivo –precisó el Ministerio– es elaborar «orientaciones» que ayuden a autonomías y a los centros «a diseñar sus propios planes de contingencia» para garantizar el desarrollo de la actividad educativa «respetando las competencias» de cada territorio.
El grupo de trabajo «abordará diversos aspectos como la organización escolar adaptada a la pandemia, la programación didáctica de cursos y áreas, la dotación tecnológica y el refuerzo de la competencia digital y el seguimiento y apoyo de la actividad lectiva a distancia».
Ese documento deberá estar elaborado «antes de que comiencen las vacaciones estivales» y tendrá en cuenta tres posibles escenarios: que la evolución de la pandemia permita que la actividad presencial sin restricciones, que obligue a mantener la distancia interpersonal para evitar contagios o que impida la asistencia a las aulas en algún momento debido a algún rebrote que obligue a un nuevo confinamiento.
Si la pandemia imposibilita la concentración en el mismo aula de todo el alumnado, el Ministerio aboga por optimizar todos los espacios del centro educativo, combinar la actividad presencial con la actividad a distancia o adecuar los horarios. Esta situación requeriría, además, dotar a los centros de medidas y equipamiento higiénico-sanitario para el personal y el alumnado y elaborar protocolos de movilidad para el acceso y salida y para el interior del centro.
En todo caso, se deberán programar contenidos y actividades adecuadas para la enseñanza a distancia y online y hacer previsiones para la eventual evaluación a distancia de partes del curso. También será necesario dotar de equipamiento tecnológico a los centros y desarrollar actividades de formación intensiva del profesorado para la utilización de recursos en línea, así como diseñar planes de preparación del alumnado para la utilización de herramientas y plataformas digitales.