Castilla y León es la única comunidad que garantiza la plena atención a la dependencia

Castilla y León es la única autonomía del conjunto del Estado español que garantiza la plena asistencia a las personas que demandan prestaciones. Así se puede considerar, puesto que el porcentaje de personas pendientes de recibir una prestación, en relación al número total de personas beneficiarias, es del 1,5%. Una cifra por debajo del 2% que sirve de corte para delimitar la existencia de una lista de espera por sí misma o una lista de espera estructural. Esta última es una situación de ‘trámite’ que hace que se pueda afirmar que no existe lista de espera en la Comunidad.

Además, a este hecho hay que sumarle el tiempo de trámite de los expedientes de Dependencia, que en Castilla y León es un tiempo medio de 199 días, frente a los 426 de la media nacional.

En cuanto a las diferencias con el resto de regiones, Castilla y León se encuentra a una distancia de 4,2 puntos porcentuales con la siguiente autonomía -sin contar con Ceuta y Melilla- con menor grado de personas pendientes de recibir prestación, que fue Navarra, -con el 5,7% de lista de espera-. Además, hay que destacar que esta comunidad cuenta con un régimen foral.

En todo el año pasado, Castilla y León incorporó a 11.402 usuarios al Sistema de Dependencia, pasando de 93.374 personas en 2018 a 104.776 en 2019. La Comunidad fue la segunda autonomía que más personas incorporó a su sistema solo por detrás de Valencia, que vio aumentado en 13.888 el número de usuarios, aunque ésta vio aumentada su lista de espera, según recoge el ‘Análisis explicativo de las estadísticas mensuales del sistema para la autonomía y atención a la dependencia’, realizado por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso).

Castilla y León también es líder en cuanto a mayor ratio de atención de personas beneficiarias con prestaciones en relación a la población de las autonomías, con un 4,4%. Es decir, de los cerca de 2,4 millones de habitantes de la Comunidad -el 4,4%- 104.776, reciben algún tipo de ayuda. Respecto al conjunto nacional, la región se ubica por encima de la media, que en este apartado que fue del 2,37%.

Esta misma situación de liderazgo nacional en atención a la dependencia también se repite si se toma el ratio de solicitudes en relación a la población, ya que del total de población anteriormente citado se recibieron 146.192 demandas, lo que supone un 6,1%; una cifra que está por encima la media nacional que es del 4%.

Por grados de dependencia, Castilla y León mantiene sus buenos resultados respecto al resto de autonomías. En el caso de los grados III y II -grandes y severos dependientes- la Comunidad continúa con el mejor ratio entre personas beneficiarias y pendientes de concesión. En concreto, hasta el 31 de diciembre se encuentran 68.061 usuarios, que suponen el 99% de personas dentro de este sistema. Por contra, en espera de recibir prestación se encuentra 659 personas -el 0,97% del total-, aunque según matiza el Imserso en el informe, estos usuarios ya han sido declaradas con derecho a servicio o prestación. Hay que reseñar que la media nacional es del 87,7% de personas que reciben prestación y del 12,34 que está a expensas.

Misma dinámica para el Grado I, Castilla y León tuvo 36.715 personas beneficiarias -el 97,5%- frente a las 934 -2,5%- que esperan resolución a su prestación, mientras que en España en este grado hay una cobertura media del 66,5%.

«BUEN TRABAJO»

Sobre estos datos, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, celebró el «buen trabajo» de la entidad autonómica y quiso señalar que el aumento de 11.402 personas en el Sistema «no es negativo».

Blanco destacó que «ese dato quiere decir que en Castilla y León las cosas funcionan y que cuando una persona solicita esta ayuda se le reconoce y se le generan esas prestaciones a las que tiene derecho. En Castilla y León, a día de hoy, no hay lista de espera. Es un 1,5% la lista de espera de la persona que solicita la dependencia hasta que recibe la prestación».

Sobre las estadísticas de la dependencia, la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales –a la espera de la publicación de su informe anual– los datos del Imserso constatan que en el conjunto de España hay hoy 270.000 personas a la espera de recibir servicios o prestaciones a las que tienen derecho, 20.000 más que al finalizar 2018.

La asociación muestra también su «preocupación» por el aumento de personas pendientes de la correspondiente valoración, que ya asciende a 160.000, 30.000 más que hace un año.

«A pesar de que el número de atendidos asciende a 1.115.000 personas, el saldo positivo de 61.000 personas más del último año, es claramente insuficiente para absorber la demanda», valoran los responsables de servicios sociales en un comunicado.

«Hasta el momento, tan solo se ha dado cumplimiento a dos de los compromisos del Pacto de Estado por la Dependencia: la recuperación del derecho de las cuidadoras a cotizar en el convenio especial de cuidadores no profesionales y la mayor transparencia del sistema, a la espera de la aprobación e implantación de la nueva estadística oficial», agregan. Y achacan a «las prórrogas de los presupuestos recortados » la «nueva ralentización del sistema durante el año 2019, que ha derivado en un muy preocupante empeoramiento de las cifras» porque el número de personas con derecho reconocido en espera de atención ha vuelto a aumentar por primera vez desde 2016.

PLAZOS DE TRAMITACIÓN

El incremento de personas en espera se añade a los «escandalosos» plazos de tramitación, con 426 días de media en España, 199 en Castilla y León, que se sitúa entre las mejores autonomías, sólo por detrás de Navarra, País Vasco y Ceuta. Las notables diferencias en función del territorio evidencian, a juicio de la asociación, que «a la losa de la insuficiencia en la financiación hay que añadir gravísimos problemas de gestión».

El territorio que más aumentó el número de personas atendidas el año pasado fue Comunidad Valenciana al incorporar 14.119 beneficiarios. En esta autonomía, sin embargo, se da la contradicción de que aumentó su lista de espera debido al gran número de personas con derecho que ha incorporado el sistema (18.076). La siguiente comunidad en incremento anual de personas atendidas es Castilla y León (11.402).

La otra cara de la moneda la ofrecen Extremadura y Asturias, donde disminuyó el número de personas atendidas el año pasado en 966 y 952 usuarios, respectivamente.

La lista de espera aumentó en la mitad de las comunidades autónomas. Porcentualmente los incrementos más notables se registraron en Extremadura (7,9%), Asturias (7,8%), Comunidad de Madrid (4,3%), Murcia (3,9%), Islas Baleares (3,3%), Comunidad Valenciana (1,9%). Galicia (0,6%) y Melilla (0,3%).

La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales puntualiza que «al ritmo en que han aumentado los beneficiarios en 2019 y teniendo en cuenta el número de personas que se encuentran en la lista de espera se tardaría más de una legislatura completa para llegar a la plena atención bajo la ficción de que no entraran nuevos solicitantes».

«Especialmente doloroso» resulta que sigan falleciendo personas antes de haber recibido los servicios o prestaciones a las que tienen derecho al haber sido reconocidas con algún grado de dependencia. «Estimamos que en 2019 esta situación ha afectado a cerca de 31.000 personas», según los cálculos de los gerentes. Es decir, 85 personas mueren cada día en España sin llegar a recibir esa ayuda. «Hay que tener en cuenta que el 54% de personas solicitantes tiene más de 80 años», apostillan al censurar la «tremenda forma de reducir las listas de espera».

Otra consecuencia es que la demora en ofrecer servicios de apoyo para realizar las actividades de la vida diaria «supone gravísimos trastornos a las personas dependientes y genera importantísimas sobrecargas familiares, muy especialmente a las mujeres ya que el 75% de las personas que prestan cuidados familiares son hijas, madres o parejas». «Las consecuencias globales para el modelo social y económico son más que evidentes», agregan.

Aun reconociendo que «no todos los problemas del sistema son financieros», la entidad constata que «el recorte mantenido desde 2012 ha dinamitado la capacidad de las administraciones gestoras para ofrecer mejores resultados».

«Dentro de las prioridades sociales existentes es ya urgentísimo acometer una inyección financiera decidida en el sistema dirigida a absorber la demanda existente con un mínimo de dignidad para acometer después las reformas que sean precisas», recuerdan. Y apelan al Gobierno de España a «cumplir urgentemente» el Pacto por la Dependencia y a «recuperar los recortes producidos desde el año 2012, lo que no bastará para dar plena atención a todas las personas».

Reducir la lista de espera en un 75%, esto es, incrementar el número de personas atendidas en 200.000 tiene un impacto anual de 1.300 millones de euros, el equivalente a la actual aportación estatal al sistema, algo que «requiere unas maquinarias de gestión bien ordenadas y engrasadas». «El calado estratégico de la cuestión requiere poner manos a la obra cuanto antes», concluyen.