La Junta adelanta ahora las 35 horas a abril y los sindicatos insisten en enero

Sin acuerdo. Así concluyó ayer la sexta reunión entre la Junta de Castilla y León y los sindicatos para la recuperación de la jornada de 35 horas semanales a los empleados públicos de la Comunidad. Si las dos partes no acercan posiciones antes de las dos de la tarde, los empleados públicos irán a la huelga general prevista para mañana.

15 millones de euros –según las estimaciones de las centrales sindicales–, tres meses y «dos gobiernos» separan las posturas del Ejecutivo regional y CSIF, CCOO y UGT. El Gobierno autonómico propuso adelantar su aplicación al 1 de abril para todos los funcionarios, mientras que los representantes de los trabajadores insistieron en el 1 de enero.

El guion, tal y como reconocieron los sindicatos en las pausas que hicieron durante el transcurso del encuentro, se siguió al pie de la letra. De hecho, los consejeros de Presidencia y Economía y Hacienda, Ángel Ibáñez y Carlos Fernández Carriedo, no cedieron ni un ápice en la propuesta verbal que habían cerrado con su socio, Ciudadanos. «Han jugado a la conga para resolver guerras internas», sugirió Tomás Pérez, secretario regional de la Federación de Servicios Públicos (FeSP) de UGT, antes de comentar entre líneas que muchas medidas que se pusieron encima de la mesa fueron retiradas para contentar a la formación naranja.

Ibáñez aseguró que la Junta hace el «máximo esfuerzo» con esta propuesta que espera que sirva para desbloquear la situación, ya que «solo les separan tres meses». En este sentido, comentó que la implantación a partir de abril «flexibiliza» todas las posturas, desde la primera opción, que fue recuperar las 35 horas el 1 de diciembre del próximo año, hasta la segunda, el 1 de junio. «Fruto de esa voluntad, esta tarde (por ayer) hemos puesto la fecha nueva», indicó el consejero de Presidencia, quien subrayó que es «viable», ya que «nace de la consideración de los cuatro pilares» que permitieron que el anterior vicepresidente, portavoz y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, firmara el acuerdo en el mes de mayo. Y enumeró: «Equidad de todos los sectores; garantías económicas de recursos suficientes para su aplicación; capacidad organizativa de todos los sectores, asegurando la prestación de los servicios públicos de calidad; y que cuando la medida se implante se haga con sostenibilidad en el tiempo, sin nuevas pausas y sin retrotraerse a posiciones previas».

Ángel Ibáñez subrayó no se puede implantar antes «por cuestiones materiales». Al respecto, detalló que si fueran capaces de cerrar el acuerdo con fecha de referencia 2018 no habría problema porque es cuando se ha cumplido el objetivo de déficit, la regla de gasto y la deuda, pero si hubiera unos nuevos presupuestos generales del Estado podría haber otros condicionantes y se abriría un escenario «incierto» que dejaría en el aire su aplicación, que podría dilatarse hasta 2021.

Es más, el consejero de Presidencia fue más allá y advirtió: «Si no se acepta, pondremos a trabajar a las mesas técnicas, pero sin prisa de fechas, porque ya habremos superado la fecha de la huelga». A su juicio, se ha planteado una medida «muy razonable», por lo que cuestionó que si «vale la pena» ir a una huelga general por una diferencia de tres meses. «Espero que todos podamos entender las circunstancias», declaró para, más tarde, confirmar que lo transmitirán de forma escrita. Si los sindicatos aceptan la propuesta, según dijo Ibáñez, «las mesas técnicas comenzarían a trabajar de manera inmediata para ver las fórmulas de su aplicación».

Los sindicatos, por su parte, mantienen la huelga, ya que, como recordaron, la jornada de 35 horas se tendría que haber implantado el 1 de octubre. En esta línea, Ana Rosa Arribas, coordinadora del área pública de Comisiones Obreras de Castilla y León, expresó la «desconfianza» que genera la propuesta de la Junta, puesto que sería «dinámica», porque en Educación no se podría aplicar hasta septiembre, puesto que sus calendarios se cerraron con el inicio del curso.

Además, lamentó que el Ejecutivo autonómico «nunca trae nada escrito» a unas reuniones que calificó de «extenuantes». También señaló que la Junta introduce «otro condicionante más, las ofertas de empleo público». «Dicen que por ello pueden ser denunciados por el Abogado del Estado, pero no ha sido así en otras administraciones», incidió Arribas a la vez que agregó que el consejero de Presidencia admitió que «no es un problema económico». En este sentido, Ibáñez insistió en que el dinero es «una pieza más del puzle» pero «no es óbice» para avanzar. «Ya tenemos el qué y el cómo, nos falta una pequeña diferencia del cuándo», apostilló.

Raquel Fernández, secretaria de Acción Sindical del Sindicato Independiente de Funcionarios de Castilla y León, explicó que la huelga general se mantiene porque quieren que la aplicación de las 35 horas sea efectiva el 1 de enero «para todos, y en aquellas categorías que no pueda ser por calendario se les daría un plazo». Asimismo, consideró que tienen «desconfianza» en la implantación que ha sugerido la Junta porque «no pueden valorar una oferta que puede ir a unas condiciones que luego no se cumplan». En este punto, recordó que el acuerdo de mayo, firmado por un Gobierno del mismo color político, con fecha de 1 de octubre «no se ha cumplido».

Tomás Pérez, secretario regional de la Federación de Servicios Públicos (FeSP) de UGT, que tuvo que abandonar la reunión minutos antes que sus compañeros por un viaje programado, criticó que el incumplimiento del acuerdo se condicione a otras cosas que antes no se contemplaban. «La diferencia entre la aplicación de las 35 horas el 1 de enero y el 31 de marzo es de solo cinco millones de euros mensuales, cuando el impuesto de sucesiones que han eliminado supone dejar de ingresar 200 millones por parte de la Junta», argumentó para, a continuación, destacar que están «hartos» de que a los empleados públicos se les tome «como a una chirigota». «Esto no es un mercado árabe –prosiguió– donde negociar acuerdos, aquí estamos para cumplir acuerdos», aseveró «muy disgustado» porque la Junta «no ha querido avanzar» y «ha asumido la huelga». Por ello, advirtió de que después de la huelga habrá movilizaciones, incluso acudirán a la justicia para que el Gobierno autonómico explique por qué no cumple lo firmado.