Castilla y León se coloca la última en el número de acusados por corrupción

Castilla y León es una de las regiones con menos procesos activos y con menos acusados en delitos referentes a la corrupción. Así lo indica el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que recoge los datos sobre los procesos por corrupción llevados a trámite por los diferentes organismos judiciales en las comunidades autónomas y que fue publicado ayer. Estas cifras, que se refieren al segundo trimestre de 2019. Si bien hay comunidades que mantienen sus registros a cero, la Castilla y León está a la cola de entre todas las que ofrecen algún dato.

En la primera parte del informe, que se puede consultar en la sección de transparencia de la página web del CGPJ (www.poderjudicial.es), se presentan los datos sobre los individuos acusados de corrupción por los Juzgados de Instrucción. Este ranking lo lidera Murcia, que entre abril y junio de este año suma 56 acusados y dos procedimientos abiertos, seguida de la Comunidad Valenciana. Castilla y León se coloca en el lado opuesto, con solo un acusado y un proceso abierto, lo que supone un 1% y un 7% del total nacional.

En lo referente a los Juzgados de lo Penal, la comunidad también cuenta con cifras bastante positivas. En el segundo trimestre de 2019 no se ingresó ningún proceso abreviado en Castilla y León. Este periodo también se saldó con una resolución y dos juicios pendientes de finalización. Las cifras de resolución de la región suponen casi un 8% de los datos totales de España. Al respecto, también hay que añadir que la forma de terminación del proceso contabilizado en el informe fue la de sentencia condenatoria sin conformidad.

Castilla y León es, asimismo, la única comunidad autónoma del país que en el periodo recogido aportó un procedimiento resuelto mediante sumario en una Audiencia Provincial, lo que supone el 100% de todo el país. En cuanto a los procedimiento abreviados, la Comunidad resolvió uno, lo que significa el 6% de los 16 resueltos en toda España. En el apartado de las resoluciones mediante jurado, los tribunales castellanos y leoneses no contabilizaron ningún dato. En el ámbito provincial, la única sentencia dictada en Castilla y León fue en este caso parcialmente condenatoria, y supuso la tercera parte de las que se aplicaron en todo el país.

Según los datos vertidos por el informe del Consejo General del Poder Judicial, Castilla y León se mantiene por debajo de la media en cuestiones ligadas a procesos judiciales relacionados con delitos de corrupción, a pesar de que no puede competir con otras regiones que no tienen procedimientos judiciales abiertos referentes a este tipo de delitos durante los tres meses que recoge el informe.

Los delitos de corrupción están tipificados en treinta artículos del Código Penal, y aluden a todos los delitos de prevaricación urbanística, prevaricación administrativa, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y extracciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función y corrupción en las transacciones comerciales internacionales.

Todas aquellas personas acusadas de alguno de los anteriores son las que se han tenido en cuenta en la elaboración del informe ofrecido por el CGPJ.