Satse denuncia que más de 400 plazas de residencias llevan años cerradas

El sindicato de enfermería Satse denunció ayer que más de 400 camas de residencias públicas de mayores de Castilla y León permanecen cerradas desde hace años, lo que provoca la derivación de dependientes a centros privados.

En este sentido, expuso que «un aspecto sumamente llamativo» es que en el momento actual, con alrededor de 2.500 plazas, hay muchas que llevan años sin ser cubiertas con «situaciones muy llamativas», como es el caso de la residencia de Palencia que dispone de una capacidad de 260 residentes y solo ofrece 125, ya que dos plantas permanecen cerradas por obras desde el año 2010 y en el resto de plantas se ha ido reduciendo el número de camas disponibles.

No es el único caso. Satse apuntó que esta situación también se repite en la residencia mixta de Parquesol. «De las 225 camas de las que dispone, 90 permanecen sin cubrir desde su creación hace aproximadamente 25 años, con la excusa de transformarlas en camas de asistidos», acusó el mismo sindicato en una nota de prensa. Otros dos centros con vacantes son la residencia de Ávila –con 102 plazas vacías– y la residencia de León –con 109–.

Para paliar esta situación se establecen conciertos con centros privados, no obstante, los mayores tienen que esperar «meses, incluso años» para acceder a una plaza en una residencia pública. Al respecto, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, defendió que «todas las plazas preparadas para la atención de personas dependientes están ocupadas». Eso sí, puntualizó que existen vacantes porque son «plazas no habilitadas para la atención a dependientes». No obstante, señaló que se está desarrollando un plan de transformación y adaptación de todas estas plazas, pactado en el Diálogo Social».

«Las vacantes no pueden ser utilizadas por personas válidas ya que, con el tiempo, cuando devinieran en personas dependientes no podrían permanecer en ellas, al no estar adaptadas a sus necesidades», justificó para, a renglón seguido, recordar que hay que tener en cuenta que la normativa estatal residencial determinó que las residencias eran adecuadas para los dependientes severos y grandes dependientes. El resto, incluidas las personas con dependencia moderada o ligera, dijo que los recursos adecuados tienen que prestarse en el propio domicilio.

En esta línea, Blanco celebró que Castilla y León tiene «buenos servicios en atención domiciliaria». De hecho, presumió de que es la única comunidad que admite en atención residencial también a las personas con dependencia moderada.

Para Satse, el problema reside en el nuevo Decreto de Residencias que, a su juicio, beneficia a las empresas privadas en detrimento de la calidad de los cuidados prestados a los mayores y del coste que supone para el Servicio Público de Castilla y León. Por este motivo, enviaron una carta al consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior de la Junta, Francisco Igea, en la que reclaman una investigación para analizar el cierre de camas y la motivación existente del departamento de Blanco para sacar adelante esta normativa.

Un decreto que, según recogen en la nota, elimina la obligatoriedad de tener profesionales sanitarios en las residencias públicas de Castilla y León. «A partir de 2024 solo tendrán una enfermera a media jornada de lunes a viernes los centros con más de 100 residentes», sostuvo el sindicato antes de añadir que la anterior normativa establecía una enfermera a jornada completa por cada 15 usuarios o 20 enfermeras por cada 300.

Al respecto, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidad afirmó que el proyecto tiene como objetivo «mejorar la calidad de vida de las personas mayores». Esto implica, según explicó, un nuevo enfoque de los profesionales que desempeñan sus funciones en estos centros. «Los apoyos que deben prestarse a los usuarios deben ajustarse a los proyectos de vida de cada persona y a sus necesidades», remarcó Isabel Blanco, quien matizó que el nuevo modelo busca superar «el simple objetivo de cuidar, por el de satisfacer sus expectativas y derechos».

El decreto se basa en el proyecto ‘En mi Casa’ y se aleja de las «rigideces» del último decreto, es decir, apuesta por «una mayor flexibilidad en la prestación de servicios, permitiendo a las residencias elegir aquellos profesionales que mejor puedan desempeñar sus funciones de acuerdo a las características de los usuarios y sus necesidades».

En este sentido, comentó que se incrementan «de forma significativa» las exigencias en materia de personal y no se excluye a ningún profesional con titulación universitaria. «No es cierto que se pretenda favorecer a las empresas privadas ni que se busque abaratar costes en materia de personal, sino que lo que se pretende es adecuar el funcionamiento de los centros a la atención centrada en la persona».

El sindicato de enfermería, por su parte, lamentó que se equiparen los cuidados que se prestan a una persona mayor en el ámbito familiar con los conocimientos y habilidades de los profesionales sanitarios.