Resuelto el concurso de traslados que afecta a casi 2.700 funcionarios
CSIF espera que el dictamen sea definitivo en octubre y que la convocatoria sea anual
Mariano Prieto Arribas-ICAL
Hasta en cuatro ocasiones la justicia ha anulado el concurso abierto y permanente para la provisión de puestos de trabajo adscritos a funcionarios de carrera en el ámbito de la Administración General de Castilla y León y sus organismos autónomos. Ayer el Ejecutivo regional movió ficha. La Viceconsejería de Función Pública y Gobierno Abierto de la Junta publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) la resolución provisional de la oferta convocada el pasado 11 de abril.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) valoró de forma positiva el avance, si bien espera que se consolide «definitivamente de manera permanente y que su convocatoria sea anual». En este sentido, el presidente del sector autonómico de la Administración General de la Junta de CSIF, Mariano Prieto, sostuvo que es «un primer paso importantísimo» para miles de funcionarios del Ejecutivo regional, que lo llevan muchos años esperando.
Y es que, tal y como expuso, hay trabajadores de la Administración autonómica que llevan sin concurso 10 años, lo que les afecta tanto a sus posibilidades laborales –de promoción y carrera profesional– como personales, a la hora de conciliar la vida laboral y familiar. Puso como ejemplo funcionarios que están destinados en Ponferrada y tienen a toda su familia en Soria. Por ello, afirmó que si la justicia vuelve a tumbarlo habrá que pedir responsabilidades políticas.
Con esta aprobación provisional, se ha conseguido una «reivindicación histórica», que CSIF siempre consideró «imprescindible» en el Acuerdo Marco de 2015 alcanzado con la Junta, para la recuperación de las condiciones laborales suprimidas durante la última década. En esta línea, Prieto dejó claro que todavía no se ha recuperado ni la acción social, ni el 0,25% de fondos adicionales, ni el convenio colectivo que afecta a 15.000 laborales. Sobre este último punto, incidió en que su sindicato fue el único que no lo firmó. De hecho, lo ha denunciado ante el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
El presidente del sector autonómico de la Administración General de la Junta de CSIF insistió en que la publicación en el Bocyl es «clave» para que el concurso permanente y abierto pueda consolidarse en el mes de octubre. Eso sí, subrayó que las causas judiciales pendientes están ahí. «Seguiremos trabajando para mejorarlo con la colaboración de la administración autonómica».
Y lo harán, recalcó Mariano Prieto, porque es «una oportunidad histórica», que hay que consolidar. «Es un logro que solo se ha conseguido sacar adelante en una Comunidad, en Castilla y León, después de las diferentes transferencias que se realizaron en su día, y que se está utilizando como modelo para otras administraciones de carácter autonómico y estatal», añadió.
El responsable de la central sindical reiteró que los beneficiados son los funcionarios. Por este motivo, les felicitó, ya que «por fin» han conseguido su plaza y confía en que el concurso se resuelva de manera definitiva, como existe en otros sectores: Sanidad, Educación...
Es importante recordar que la actuación de la Junta ha provocado una avalancha de recursos judiciales. El que más «inseguridad jurídica» suscitó fue la «base» para convocar estas plazas, que redujo de 800 denominaciones de puestos tipo a 84. «Tensionó bastante la situación porque muchos funcionarios perdían su categoría», destacó Mariano Prieto para, a renglón seguido, comentar que ahora están «ilusionados y expectantes» para comprobar cómo se va a resolver a partir de octubre.
El presidente del sector autonómico de la Administración General de la Junta de CSIF adelantó que pedirán al recién proclamado consejero de Presidencia, Ángel Ibáñez, una reunión para que explique al sindicato el plan de gestión de Función Pública para los próximos cuatro años. En su opinión, son «muchos» los asuntos que dejó pendientes su antecesor, José Antonio De Santiago-Juárez. El «principal», la recuperación de las 35 horas. En la actualidad, los funcionarios están disfrutando de la jornada de verano, pero a la vuelta de las vacaciones los calendarios tendrán que ajustarse «sin conocer» el siguiente movimiento de este departamento. También, agregó Prieto, hay que negociar el convenio colectivo que lleva parado desde 2013, la modernización de la administración, entre otros.